Una vez más, el Gobierno estatal ha castigado a la población aragonesa a un trato injusto y discriminatorio. Esta vez con el ‘reparto’ del Fondo Especial COVID-19, dotado con 16.000 millones de euros y carácter ‘no reembolsable’. El presidente Sánchez ha anunciado que el peso poblacional tendrá mayor relevancia en los criterios de reparto de ese Fondo, lo que deja, como siempre, las aspiraciones aragonesas de incluir y ponderar criterios como la despoblación, o el elevado coste de los servicios públicos en un país extenso y mal comunicado como Aragón, en cantos de sirena.
Según han indicado diferentes presidentes autonómicos, el Presidente Sánchez les ha comunicado que 9.000 millones se destinarían a gastos sanitarios, 2.000 millones para un fondo de Educación, y otros 5.000 millones serían para compensar la caída de ingresos derivada del parón económico. De estos últimos, 800 millones irán a compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte.
Respecto al fondo para Sanidad, el Gobierno estatal traspasará un primer tramo de 6.000 millones, cambiando el criterio anunciado previamente, y reforzando la población como criterio de reparto, que pasará del 20% anunciado a un 35%, y, todavía se agrava en el segundo tramo, de 3.000 millones, en el que el peso poblacional pasará del 40% al 45% como criterio preponderante.
Sánchez anuncia oficialmente que los territorios en fase 3 podrán pedir movilidad entre ellos
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también ha explicado que los territorios que entran este próximo lunes en la fase 3 del plan de desescalada podrán “plantear al Gobierno su salida del estado de alarma y la movilidad entre autonomías”, pero ha añadido que “será el Ministerio de Sanidad el que lo aceptará en función de la realidad epidemiológica que tengan esos territorios”.
Sánchez ha insistido en que “las decisiones sobre la movilidad entre territorios sólo corresponden” al Gobierno del Estado español y que “el único instrumento para limitarla es el estado de alarma. Las comunidades pueden decidir pasar a la nueva normalidad y proponer al Gobierno el levantamiento del estado de alarma. Lo que no podemos hacer es renunciar a una prerrogativa tan importante como la libertad de movimiento y la restricción del mismo, que tiene que garantizarse por el Gobierno de España y no por un gobierno autonómico”.
