Cuando llegamos a las Cortes de Aragón lo hicimos bajo la promesa de que las reivindicaciones sociales llegaran a ser una realidad. Sabíamos y sabemos a quién debemos defender: a aquellas personas más vulnerables, más estigmatizadas, más apartadas y lamentablemente más olvidadas. Y un claro ejemplo son las cárceles aragonesas, que tienen el cuestionable título de contar con una de las mayores poblaciones de todo el estado y la única que va en aumento. Las cárceles agrupan a aquellas personas de las que nadie se acuerda.
Aragón no cuenta a día de hoy con las competencias pertinentes en lo relacionado con la sanidad penitenciaria. En la primera década hubo movimientos nada eficaces que parecían perseguir que se cumpliera con la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 pero, a día de hoy, no se ha avanzado apenas. El Ministerio de Interior, según la información que nos ha facilitado el propio Gobierno de Aragón, debe a nuestra comunidad autónoma por la atención ofrecida a la población presa en el territorio una cuantía que alcanza los 7 millones de euros.
Pero, ¿por qué consideramos que es fundamental que se produzcan las transferencias de estas competencias? Lo cierto es que ésta debería haberse completado en 2004 en todo el Estado, pero a día de hoy solo se ha hecho efectiva en Cataluña. En el resto del mapa las competencias se duplican haciendo que el coste de la atención sanitaria sea más elevado y, lo que es peor y más preocupante, reduciendo la coordinación entre profesionales y haciendo descender la calidad de la asistencia sanitaria. Si las competencias se transfirieran, disminuirían los costes del servicio de atención y habría mejoras para los profesionales sanitarios que ejercen su actividad en las prisiones. El Defensor del Pueblo Español, el Consejo General de la Abogacía Española, la Fiscalía General del Estado o los propios profesionales sanitarios también defienden la necesidad de realizar la transferencia de competencias por estos motivos no solo económicos, sino fundamentalmente sociales.
Ante diferentes iniciativas llevadas a cabo en el panorama político aragonés, Podemos Aragón ha impulsado en numerosas ocasiones al Gobierno del señor Lambán a que no persista anclado en ese pasado de intentonas fallidas, a que avance para la garantía de la mejora asistencial de aquellas personas siempre olvidadas y que se encuentran, recordemos no banalmente, intentando poder lograr una plena inclusión el día de mañana.
Cuando M. Rajoy presidía el Gobierno central y el señor Celaya era todavía Consejero, aquí en Aragón, el Gobierno autodenominado socialista se mostraba muy a favor por la transferencia de las competencias de Instituciones Penitenciarias al plano autonómico. Desde que el PSOE ha llegado al Gobierno de España, el interés y los motivos parecen otros. "Mi competencia sobre la Asistencia Sanitaria en prisiones es CERO", afirmaba en una sesión plenaria ante una pregunta que realizamos desde Podemos el hasta hace poco responsable de la sanidad aragonesa. El sentimiento de impotencia se hace más fuerte ante la desidia del Gobierno, que parece que cambia de línea y rumbo según quién esté al mando en el plano estatal. Veremos de qué pie cojea y hacia dónde mira la nueva Consejera.
Además de lo expuesto, nos preocupa la oleada de jubilaciones que se aproxima por parte de profesionales sanitarios, la carencia de medios, la distancia a los hospitales desde las prisiones para el acceso a urgencias… Pero parece que todo esto al Gobierno de Aragón ni le preocupa ni le interesa.
Por nuestra parte, seguiremos insistiendo, simple y llanamente, para lograr aquello que prometimos en su día: la mejora de las prestaciones sanitarias en particular y la mejora de la vida de la gente en general.
