Salud mental en (la) crisis

Numerosos estudios han tratado de determinar las consecuencias de las crisis económicas sobre la salud de las y los ciudadanos. Al analizar estudios específicos en salud mental, los resultados son claros: la salud mental se ve negativamente afectada durante los periodos de precariedad económica. El reciente Informe de la Sociedad española de Salud Pública SESPAS [1], así lo señala.

Las precedentes crisis financieras asiáticas de 1997 y 2007 produjeron un aumento significativo de trastornos depresivos [2] con un aumento de la mortalidad por suicidio en la mayoría de estos países asiáticos (relacionado con un incremento de las tasas de desempleo) [3].

En España, los estudios [4] que comparan la prevalencia de trastornos mentales en Atención Primaria, antes y durante la crisis (2006-2010) señalan un aumento significativo de los trastornos de ansiedad y el abuso de alcohol. Entre 2009 y 2012, se ha producido un aumento relevante en el consumo de fármacos antidepresivos y los trastornos mentales tienen una asociación significativa con el desempleo o con un familiar desempleado. Un reciente análisis muestra una asociación entre crisis e incremento relativo de la tasa de suicidios en los hombres en edad laboral. [5]

Es precisamente en esta situación (cuando hay más necesidades de salud) en la que se están aplicando unas políticas de recorte y traspaso de financiación sanitaria pública a manos privadas (ejemplo del Hospital de Alcañiz) que esta lesionando gravemente nuestro sistema público de salud. Los profesionales de salud mental, alarmados ante el deterioro de estos servicios, han hecho una llamada a la atención (Declaración de Atocha [6]) sobre la vulneración de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas al acceso equitativo a los servicios públicos y a la protección de su salud. Señalan la carencia de dirección, de capacidad de gestión y de una estrategia de salud mental que defina un plan, para hacer frente a la situación.

En Aragón no es difícil visualizar la infradotación de recursos en atención a la salud mental. Las listas de espera son inasumibles (citas preferentes/graves, dos meses, resto 4-6 meses, hasta un año, según centros) y generan grave perjuicio a familias y pacientes. Si no lo impedimos, esta situación se verá agravada con la desaparición de cinco unidades de salud mental y su unión en dos ó tres. Esta medida es contraria a los principios de proximidad y efectividad de la atención (potenciándose la estigmatización y la marginación de los pacientes más afectados) tal y como están manifestando numerosas asociaciones de afectados y profesionales de la salud.

En conclusión: la planificación de los servicios de salud mental en los próximos años, deberá adecuarse a un eventual aumento de la demanda. Deberán aplicarse medidas de protección del impacto de la crisis, con un sólido sistema de protección social, en especial en grupos vulnerables: niños, ancianos, personas en desempleo o con graves dificultades económicas.

Incrementar los servicios comunitarios, mantener la cobertura sanitaria de manera universal, reafirmar la participación real de profesionales y usuarios y el carácter público de todos los servicios sanitarios, tanto en su titularidad como en su gestión constituye una de las mejores respuestas de protección. Para revitalizar la atención a la Salud Mental en Aragón, es preciso sostener los Centros de Salud Mental como eje vertebrador y de orientación funcional de la asistencia con equipos que se sitúen en los Centros de salud como apoyo de la Atención Primaria y Comunitaria.

Todo lo contrario a la política sanitaria desarrollada por el Gobierno de Aragón

Carmen Sánchez Bellido (Neumóloga. Presidenta de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA), asociación integrada en la Plataforma por la salud mental de Aragón, junto a 35 colectivos) | Para AraInfo

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