Con el lema “El dinero público para la Educación Pública – No al concierto educativo” los sindicatos CGT, CCOO, HUSTE-STEA, UGT y ANPE manifiestan su “más rotunda y firme oposición a la decisión del Gobierno de Aragón de ampliar la red de centros concertados en las etapas de Bachillerato, educación infantil (0-3 años) y Formación Profesional”.
Los recientes anuncios del ejecutivo aragonés han provocado “un contundente rechazo en el sector y también desconfianza creciente, ya que existe un ataque frontal a la Escuela Pública y a sus principios de equidad, justicia social y universalidad”, subrayan el conjunto de entidades del sector.
Asimismo, desde los sindicatos implicados recuerdan que “el dinero público debe destinarse exclusivamente a fortalecer la enseñanza pública, que es la única garante de una educación gratuita, inclusiva y de calidad para todos y todas, independientemente de su origen o situación socioeconómica”. En este sentido, consideran que “ampliar conciertos educativos en estas etapas, niveles educativos no obligatorios, supone desviar recursos que deberían destinarse al servicio educativo prestado en los centros públicos: reducción de ratios, mejora de infraestructuras y contratación de más personal docente”.
El ‘plan’ de Azcón para la “privatización progresiva del sistema educativo aragonés”
Señalan también que “no existe un problema real de falta de plazas en los centros públicos aragoneses en estas etapas educativas, ya que muchos institutos y escuelas infantiles cuentan con vacantes suficientes para atender la demanda existente”, y recalcan que “no se puede justificar el uso de fondos públicos para financiar centros concertados cuando la red pública tiene capacidad suficiente y necesita inversión. Concertar estas etapas supone abrir la puerta a una privatización progresiva del sistema educativo”.
Asimismo, los sindicatos implicados advierten de que esta medida supondría, además “un grave perjuicio para el cuerpo docente aragonés, ya que el recorte de vacantes en algunas de las especialidades sería dramático, abocando a cierres de aulas, supresiones y desplazamientos forzados de personal docente que es necesario en los centros públicos de enseñanza”.
Por todo ello, exigen al Gobierno de Aragón “la retirada inmediata de estas acciones anunciadas” y la apertura “de un proceso de diálogo real para abordar las necesidades del sistema educativo aragonés desde una perspectiva democrática, inclusiva, solidaria y cohesionadora: la defensa de la enseñanza pública es una obligación ética y constitucional”.
Finalmente, los sindicatos anuncian movilizaciones conjuntas “para defender unidas la Educación Pública, si el ejecutivo aragonés mantiene su decisión”. “Hacemos un llamamiento a la movilización de todos los miembros de la comunidad educativa aragonesa, en los centros educativos los martes 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre, en el horario que el centro considere más apropiado. Asimismo, convocamos una concentración en Uesca el martes 11 de noviembre a las 18:00 horas en la plaza Zaragoza”.
