El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicaba este pasado martes la orden de cese “a petición propia”, firmada el 20 de diciembre del 2024 por la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, y con efecto a 31 de diciembre de 2024, de Miguel Galante Serrano como Director de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, colocó al espía español coronel Miguel Galante, como director de la embajada oficiosa de Aragón ante la Unión Europea, hace escasos quince meses. Durante este periodo el coronel ha cobrado unos 120.000 euros euros de sueldo público, sin ningún éxito conocido ni cumplimiento de sus objetivos. La DGA afirma oficialmente que “la Delegación es la representación del Gobierno de Aragón ante las instituciones europeas y su principal objetivo es influir en las decisiones políticas y legislativas europeas en favor de los intereses de Aragón y obtener apoyo institucional europeo para determinados proyectos o iniciativas”. Y este pasado miércoles la DGA anunciaba que será sustituido por María Palacios, hasta ahora asesora en la Oficina de Aragón en Bruselas.
Entre los datos facilitados por el portal de transparencia del Gobierno de Aragón, figura que Miguel Galante Serrano nació en Madrid en 1954 y que es “coronel del Ejército de Tierra, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, DALF C1 del Cuadro europeo común de referencia para las lenguas del Instituto Francés de Madrid, XXXVI Curso de Defensa Nacional del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Experiencia acreditada en resolución de crisis y gestión de recursos. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el Ministerio de Defensa y ha estado destinado en las siguientes ciudades: Córdoba, Irún, Madrid, Jaca, Zaragoza, San Sebastián, Bilbao y Tetuán (Marruecos)”.
Asesor del grupo municipal del PP con residencia en Bruselas
La relación del PP, en general, y de Jorge Azcón, en particular, con el coronel espía Miguel Galante viene de antiguo. Ya en noviembre del 2023, el colaborador de AraInfo, Eduardo Bayona, reseñaba en un artículo tras su nombramiento como ‘embajador’ de Aragón en Bruselas que “el factor decisivo para su designación fue, el hecho de disponer de ‘contactos en instituciones de la UE’ tras llevar cuatro años residiendo en Bruselas”.
Ya entonces Bayona explicaba que “esos cuatro años coinciden con la etapa en la que fue designado como asesor del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, un periodo en el que el actual presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ocupaba la alcaldía de la capital aragonesa mientras él transitaba entre el tramo final de su paso por la reserva y el inicio de su retiro”.
Niñera-controller de Felipe Borbón
Así pues, el coronel Galante Serrano, hermano del fallecido activista por la memoria, y torturado por la policía franquista, Chato Galante, se formó como oficial en la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza, y pasó la mayor parte de su carrera militar como agente del CESID, luego llamado CNI.
Galante volvió a Zaragoza ya como alto mando de los servicios de espionaje españoles, y como ‘curiosidad’ destaca en su curriculum que entre finales de agosto de 1985 y mediados de julio de 1986, estuvo destinado en la AGM coincidiendo con el paso por esa academia de Felipe Borbón durante su periodo formativo “en una misión de control o supervisión” del futuro rey encomendada por la casa del rey, entonces dirigida por el rey actualmente fugado Juan Carlos Borbón.
Vinculación con el terrorismo de Estado
Pero lo más destacado y alarmante de la vida y obra del coronel Galante, es la vinculación con el terrorismo de Estado que diferentes medios de comunicación han venido estableciendo desde la década de los 80 del siglo pasado. Es decir, que Jorge Azcón ha sido siempre conocedor de la ‘irregular trayectoria profesional’ del coronel Galante, y conocía, pues es información pública y publicada, la supuesta vinculación de Galante con grupos terroristas.
El periodista del diario Egin, Pepe Rei, en su libro ‘Intxaurrondo, la trama verde’ ya colocaba al entonces capitán de infantería Miguel Galante Serrano en un organigrama de la “estructura represiva del Estado español”. Por su parte, el diario El País informaba, ya en 1984, que “cuatro agentes del CESID habían sido ‘retenidos’ por la Policía en la estación de Chamartín de Madrid cuando llegaron en un tren procedente de Burdeos”. Eran años de terrorismo de Estado, en los que los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), asesinaban, secuestraban y realizaban atentados contra ciudadanos vascos, sobre todo en el sur de Francia. Entonces el Ministerio de Defensa se limitó a responder que era “secreto lo que los agentes hubieran estado haciendo en Francia”.
A Galante y a los otros tres ‘agentes retenidos’ en 1984 en Chamartín la prensa los situaba “como miembros de una célula en Burdeos, dependiente de Alberto Perote, jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID”.
Un año después, en 1985, los GAL ejecutaban su atentado más sangriento, asesinando a cuatro personas en el bar del Hotel Monbar. En marzo de 1991, la causa judicial contra los policías Amedo y Domínguez por el atentado en el Hotel Monbar fue archivada “por falta de pruebas”, pero en septiembre del mismo año ambos fueron sentenciados a 108 años de cárcel por otras acciones terroristas de los GAL.
En noviembre del 94, la Audiencia Nacional reabrió el ‘caso Monbar’, imputando a tres personas más: Julián Sancristóbal, Alberto Perote, exjefe de Galante en el CESID, y Francisco Álvarez. Todos negaron los cargos, y el caso se cerró otra vez en octubre de 2001, ya que la Audiencia Nacional entendió que “si bien existían sospechas fundadas acerca de la participación de algunos de los encausados, no había pruebas suficientes para procesarlos”.
Con los tiempos de la justicia, no fue hasta 1996 cuando la Audiencia Nacional declaró probado que el ministro del Interior del gobierno de Felipe González, José Barrionuevo “había proporcionado fondos al grupo parapolicial GAL de forma clandestina”. Barrionuevo y su secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, fueron condenados a diez años de prisión por autorizar “un secuestro y por la apropiación indebida de caudales públicos para financiar el terrorismo de Estado”.
Gran cruz del mérito militar con distintivo blanco
El Régimen del 78 siempre protege a los suyos. Este pasado verano, a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de junio de 2024, se concedió la Gran cruz del mérito militar con distintivo blanco “en atención a los méritos y circunstancias que concurren en su persona” a Miguel Galante Serrano. Así pues, para lo ‘importante’, PP y PSOE siempre coinciden.

María Palacios nueva directora de la Delegación del Gobierno de Aragón ante la Unión Europea
Desde el Gobierno de Aragón señalan que “pese a su juventud, Palacios se ha ganado un gran prestigio profesional en los círculos de trabajo de Bruselas, donde está muy bien relacionada en los ámbitos de la Unión Europea, además de haber participado activamente en el trabajo que ha realizado la Oficina de Aragón y de ser conocedora de los retos que debe afrontar”. La decisión adoptada por la DGA, que será publicada en los próximos días en el BOA “sirve para dar continuidad al proyecto que comenzó en esta legislatura con Miguel Galante, al tiempo que es una apuesta que conjuga juventud y experiencia”, asegura la nota gubernamental, que añade que “Palacios vive y trabaja desde hace cinco años en Bruselas, donde se ha especializado en asuntos públicos europeos y en comunicación. Además, desde hace año y medio ha trabajado como asesora en la Delegación del Gobierno de Aragón ante la Unión Europea, donde pasó de defender el beneficio de las empresas a preservar los intereses de Aragón ante las instituciones europeas”.
Según asevera la propia DGA “en su trabajo en la delegación, la aragonesa ha tenido la oportunidad de trabajar en algunas de las áreas que son prioritarias para Aragón, como las industrias de defensa -o militar- y de automoción, el hidrógeno, la despoblación, la agricultura o la inteligencia artificial, parcelas en las que ha representado y defendido los intereses” de nuestro país.
“Nacida en Zaragoza en 1994, Palacios estudió el doble grado en derecho y relaciones internacionales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y cursó el Máster de Acceso a la Abogacía por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), así como un máster en Derecho Internacional, Diplomático y Consular con mención en Comercio Exterior y Jurista Internacional por la misma institución”, destaca el Gobierno de Aragón de su trayectoria académica.
“Su carrera profesional en Bruselas comenzó en la unidad de asuntos legislativos de la dirección general de Políticas Internas del Parlamento Europeo, para dar más tarde el salto a consultoría. Como lobista, la jurista aragonesa ha trabajado en Nove Public Affairs and Communication y Rud Pedersen Public Affairs, dos de las firmas más prestigiosas especializadas en Unión Europea, donde ha enfocado su labor en las ramas de sostenibilidad, economía circular, trazabilidad, defensa de producto, comercio internacional y energía”, aseguran desde la DGA.

