En una carta dirigida al concejal de Urbanismo, el Ribera Salud presenta su candidatura para el nuevo pelotazo urbanístico del PP: "contamos con más de 20 años de experiencia a nuestras espaldas". Así es. Hagamos memoria para repasar esas dos décadas de experiencia en la aplicación de ese modelo.
En otro capítulo del "pelotazo sanitario", hoy se presenta un nuevo candidato a la licitación para el macro-hospital privado: nada más y nada menos que el Grupo Ribera Salud, empresa concesionaria que gestionó el hospital de Alzira de la Comunidad Valenciana entre 2003 y 2018, ese que fundó el "modelo Alzira" como paradigma de la privatización sanitaria.
En una carta dirigida al concejal de Urbanismo, el consejero-delegado del grupo Ribera Salud Alberto de Rosa afirmaba: "contamos con más de 20 años de experiencia a nuestras espaldas, habiendo desarrollado un modelo de gestión propio que, en colaboración con la administración pública, ha alcanzado excelentes indicadores asistenciales y de calidad". Así es. Hagamos memoria para repasar esas dos décadas de experiencia en la aplicación de ese modelo.
En 1997 se aprobó la Ley 15/97 "de Nuevas formas de gestión en el SNS", que abría las puertas a nuevos modelos de gestión, tanto directa como indirecta, situándose en esta última la concesión administrativa. Dos años después, en 1999, la Comunidad Valenciana inauguró el hospital de la Ribera (Alzira), primer hospital "modelo concesión administrativa" del estado.
Eduardo Zaplana, entonces presidente de la Comunidad Valenciana, impulsó este modelo de privatización sanitaria, luego desarrollado por sus sucesores Francisco Camps y Carlos Fabra. Todos acabaron condenados por su implicación en el caso de corrupción de Gürtel.
El hospital de Alzira fue adjudicado a un grupo de empresas privadas, la UTE Ribera Salud (entonces Adeslas, Bancaja, CAM, ACS-Dragados y Lubasa), que construyó el hospital con una inversión final de 72 millones de € (frente a los 41 millones anunciados) para su explotación por un período de 10 años, pasados los cuales el hospital revertiría al sector público. Durante el primer año recibiría 204 € por habitante. Tras cuatro años de pérdidas y ante el fracaso del experimento, la consellería valenciana decidió extinguir el contrato y "rescatar" el hospital abonando a Ribera Salud 43,9 millones de euros del presupuesto público. A continuación, la Consellería Valenciana de Sanidad convocó un nuevo concurso de gestión sanitaria de la comarca, ampliando el paquete con 13 centros de salud de atención primaria y mejorando las condiciones económicas para la empresa adjudicataria: se elevó el pago por persona a 379 € por habitante y año y se alargó el periodo de concesión a 15 años prorrogables por otros 5. La concesión volvió a recaer en la misma UTE que le había hecho fracasar, ¡Ribera Salud! A partir del 2003, con las nuevas condiciones, los accionistas de Alzira comenzaron a repartirse las ganancias hasta la finalización del contrato en 2018. El gobierno valenciano vendió la operación como un "rescate" para recuperar los servicios privatizados, pero no fue más que una no-renovación de la concesión a fin de contrato.
El "modelo Alzira" gestionado por Ribera Salud (que también ha gestionado los centros de Manises, Torrevieja, Elche y Denia) supuso una merma en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, una pérdida en la calidad asistencial y un desfalco de 7.500 millones de euros a la Generalitat Valenciana.
El tipo de modelo de gestión sanitaria que propone el Ayuntamiento de Zaragoza supone un mayor coste para las arcas públicas y un empeoramiento de las condiciones laborales y de salud de la población. Es el negocio de unos pocos en perjuicio de la mayoría. Mostremos unidos trabajadores/as y usuarios/as de la sanidad, en la manifestación del sábado 20 de junio, nuestra rotunda oposición a la construcción del macrohospital privado en nuestra ciudad.
