Cuando el tejido social de calle, de barrio, de horizontalidad se organiza y se junta, surgen redes de resistencia potentes frente a formas neofascistas que se ceban con las personas más vulnerables y vulneradas, utilizando métodos cognitivos muy persuasivos, como algoritmos cargados de odio y bulos. Y esto nos demuestra que siempre habrá actos de insurgencia, de incomodar, de protestar, de confrontar y de CREAR con la gente. Nuestra gente.
Vamos a desgranar esa idea, esa realidad. La regularización extraordinaria surgió del movimiento estatal autoorganizado, migrante y antirracista, Regularización Ya. Un conjunto de personas que se reunieron, se cuestionaron, se indignaron y dialogaron juntxs sobre los derechos humanos de las personas migrantes, y que no cesaron en su lucha por conseguir que su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) llegara a ser aprobada.
Cuando se habla de derechos, se habla de poder llevar y permitirse una vida digna, que no es más que poder hacer frente a las necesidades básicas: educación, techo, trabajo, comida y salud. Sabemos que, dentro del engranaje capitalista, todo ello implica disponer de dinero para poder pagar y vivir. Pero, aquí entra la “pescadilla que se muerde la cola”: si no tienes permiso de trabajo, no puedes trabajar ni cotizar; y si no puedes trabajar no te puedes pagar una vivienda, la comida, etc.
Y aquí también podríamos hacer un inciso: la gente migra entra en modo supervivencia para poder pagar una vivienda indigna y muchas veces sin posibilidad de empadronamiento, acceder a alimentos que quizás no cubran las necesidades nutricionales básicas y aceptar empleos precarios que difícilmente revierten en su bienestar. Sin embargo, incluso cuando el sistema los quiere fuera o les permite estar dentro, pero domesticadxs, sigue obteniendo beneficios de ella. Buena parte de esos ingresos regresan en forma de impuestos, como el IVA. Y cuidado con quien no pueda siquiera acceder a esa supervivencia sumergida, que entonces se activa la exclusión social para seguir extrayendo utilidad mediante dosis de miedo y odio dirigidas a un populacho enceguecido por la pasión, la nación y la patria.
Seis años de lucha para conquistar un derecho
Bueno. Sigamos. Después de seis años de una lucha histórica, que comenzó allá por el 2020 en plena crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid-19, se consiguió la aprobación de la regularización extraordinaria, mal llamada “regularización masiva”. Tras numerosos amagos, conversaciones e idas y vueltas por fin se consolidaba un procedimiento que daría la oportunidad a más de un millón de personas de estar más cerca de recuperar su dignidad. Muchas de ellas ya desempeñaban trabajos más esenciales, aunque siguen siendo los más invisibilizados y precarizados.
La regularización extraordinaria entró en vigor el 16 de abril trayendo consigo una pequeña esperanza. Hasta entonces, el reglamento atravesó numerosos borradores con el objetivo de construir un procedimiento supuestamente “claro” y “acorde” a la situación de las personas que se encontraban en situación irregular. Sin embargo, no estuvo exento de baches que han terminado por empañar su aplicación.
Desde su entrada en vigor, el procedimiento ha estado marcado por retrasos e incertidumbres, tanto en las admisiones como en las resoluciones. Además, ha ido acompañado constantemente de la etiqueta de “masivo”, alimentando narrativas que buscan presentar la migración como una especie de “invasión extraterrestre”.
Esto ocurre cuando se gestiona sin planificación, sin coordinación y sin el cuidado que merece algo tan importante como disponer de un permiso de residencia y de trabajo. Un trámite que debería garantizar estabilidad y orden administrativo termina por convertirse en una vorágine burocrática que dificulta el avance hasta dejarte sumergido en una angustia constante. Tampoco suele cuestionarse el coste emocional y psicológico que supone todo ese procedimiento, la incertidumbre y el desgaste que genera en las personas que lo atraviesan.
Una vez más, el tejido comunitario volvió a dar respuesta a la ineficacia del sistema. Personas y organizaciones voluntarias se autogestionaron para reforzar y apoyar las solicitudes, asumiendo además costes económicos, porque estos procedimientos no sólo cuestan tiempo, si no también dinero. Y todo ello haciendo frente a la desorganización institucional, la desinformación, los bulos y las acusaciones ante el Tribunal Supremo. Es decir, haciendo frente a las violencias administrativas, sociales y económicas.
Retrasos, incertidumbre y nuevos obstáculos
Es necesario mencionar que para esta regularización se esperaba un total de 500.000 solicitantes. Sin embargo, la cifra ha sido más del doble, produciéndose retrasos por parte de la Administración tanto en las admisiones, que en primer momento se dijo que tardarían 15 días hábiles, como en las concesiones, que a día de hoy siguen siendo escasas.
Ante este retraso de las concesiones, se vio la luz de las admisiones, las cuales permiten residir legalmente y trabajar hasta que llegue la resolución definitiva. Sin embargo, surgió una nueva incertidumbre cuando se cumplió el plazo de tres meses que la propia Administración había establecido para resolver los expedientes. En el caso de quienes solicitaron la solicitud el 16 de abril, ese plazo ya había expirado sin ninguna respuesta. Esto provocó que algunos empleadores que habían contratado a estas personas interpretaran que la autorización provisional había perdido su validez y decidieran despedirles, empujándolas de nuevo a la precariedad y desesperación. No obstante, la Administración ha aclarado posteriormente, que el permiso provisional de residencia y trabajo continúa vigente hasta que se dicte expresamente una resolución del expediente.
Además de estos retrasos, también se añaden dos más que pueden afectar también a las personas solicitantes. El primero es el número de seguridad social. El documento con el número de seguridad social asignado no llega junto con la admisión a trámite y el número de NIE, sino por separado. Esta fragmentación de la información dificulta especialmente a las personas que no habían sido solicitantes de asilo y que, por tanto, no disponían previamente de dicho número. Esto provoca retrasos en el inicio de la actividad laboral y saturación en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que ya carecen de los recursos logísticos necesarios.
El segundo problema es la cita para la toma de huellas y la posterior cita de recogida de tarjeta TIE. Desde hace años, conseguir una cita para las huellas es una dificultad recurrente, hasta el punto de que algunas personas llegan a lucrarse con la desesperación ajena revendiendo citas. Por ejemplo, para resoluciones concedidas en junio no existían citas disponibles hasta agosto. Es decir, dos meses de espera desde la concesión hasta disponer físicamente de la tarjeta.
La fecha de concesión del permiso de residencia y trabajo se computa desde el momento en que se presentó la solicitud. Esto implica que, si se suma el tiempo de espera hasta obtener la tarjeta en físico, el periodo efectivo de disfrute de ese TIE se reduce a unos pocos meses y dista mucho de equivaler a un año completo.
Uno de los principales requisitos para poder solicitar, transcurrido ese primer año, la modificación de esta residencia temporal a una autorización de residencia y trabajo es acreditar una actividad laboral mínima de tres meses. Por eso, cada día cuenta. Sin embargo, para aquellas personas que no puedan cumplir con esta condición, existirá la posibilidad de prorrogar la residencia temporal siempre que permanezcan inscritas como demandantes de empleo.
La comunidad frente al racismo institucional
Como podemos ver, el camino de la regularización no es nada fácil. Nunca lo ha sido. Esta regularización extraordinaria ha supuesto una gran oportunidad para que más de un millón de personas puedan ver protegidos sus derechos en este país y no se vean arrastradas a aceptar trabajos precarios sin contrato ni alta laboral, donde los que se benefician siguen siendo los de siempre. Aunque la persona migrante, aun estando regularizada, continúa ocupando el último eslabón dentro del sistema de derechos y bienestar social.
Por ello, son imprescindibles la lucha antirracista y la comunidad, que nos permitan superar la megalomanía y el supremacismo de estos tiempos, dominados por crisis geopolíticas y necropolíticas que deciden quién puede vivir y cómo hacerlo. Las leyes de extranjería son un ejemplo de ello y, por eso, seguiremos exigiendo su derogación.
