Recurren la feria taurina infantil de Zaragoza ante la Chusticia

Fundación Franz Weber insiste en que estas convocatorias vulneran los derechos fundamentales de infancia y adolescencia

Plaza de Toros de Zaragoza.

La Fundación Franz Weber ha insistido este miércoles en que la participación de personas menores de edad en actos taurinos vulnera sus derechos fundamentales, alertando a la Chusticia d'Aragón sobre la convocatorias de la "Feria taurina infantil" que organiza la empresa concesionaria de la plaza de toros de Zaragoza y que cuenta con el apoyo de la Diputación.

Los naturalistas recuerdan que el Comité de los Derechos del Niño incluyó una objeción explícita sobre tauromaquia en su apartado 25 de las "Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España" en el año 2018 y ahora el Estado está nuevamente en proceso de revisión, por lo que tendría que explicar el no cumplimiento de dicha advertencia.

"Este tipo de actividades, como las simulaciones o las sueltas dirigidas a adolescentes ayudan a banalizar la violencia que se ejerce sobre animales con comentarios de refuerzo positivo y la propia presencia de figuras referenciales para niños y niñas, como padres, madres y otros familiares", añade la Fundación Franz Weber.

Así, las convocatorias de participación con animales reales, como las anunciadas "vaquillas para jóvenes de 14 y 15 años" permiten que menores de "se expongan a riesgos sanitarios evidentes, como podrían ser malas caídas, desgarros provocados por cornadas o golpes, o las cogidas".

"Esto hace de Aragón, y de forma concreta Zaragoza, un entorno de trivialización de la violencia y de exposición de personas menores de edad a la misma, con el único interés de buscar un relevo generacional para la tauromaquia que la práctica totalidad de los estudios sociológicos resaltan por su inexistencia", remarca la Fundación Franz Weber.

Todo ello trasladará FFW a la Chusticia d'Aragón, enfatizando su papel como "valedora de los derechos de menores", y señalando que "ninguna comunidad autónoma o administración pública debería ignorar lo suscrito en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño".


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