Tras 75 o 100 años de uso las concesiones de los saltos hidroeléctricos a empresas privadas han caducado por lo que ahora es el momento de que estos servicios vuelvan a ser gestionados desde lo público. Así lo defiende el diputado en el Congreso español Jorge Luis Bail y miembro de EQUO que llevará al hemiciclo “que los beneficios de estos saltos reviertan a la sociedad y al territorio, en cumplimiento de los acuerdos impulsados por las entidades locales altoaragonesas afectadas por estas instalaciones (ADELPA)”.
El diputado ecologista señala que “es una oportunidad para recuperar una parte de la gestión de la energía por parte del Estado y poder destinar sus beneficios a políticas de justicia social, tanto en la lucha contra la despoblación como contra la pobreza energética, en favor de la autonomía local y el control del precio de la electricidad”. Bail cita como ejemplo la experiencia de “Energías de Panticosa”, empresa municipal que destina sus beneficios al desarrollo de los territorios del Pirineo y de Aragón.
Por su parte, la coportavoz de EQUO Aragón, Silvia Mellado, afirma que “esta reversión supondría un paso firme hacia una política de transición energética socialmente justa, destinada a garantizar las necesidades sociales y medioambientales, especialmente en las zonas productoras de estas energías”.
Según Mellado, “la electricidad que pagamos los españoles es de las más caras de Europa y las empresas generadoras obtienen los mayores beneficios, lo cual no redunda en una mayor conservación del recurso o una mayor progresividad. La realidad social es que muchas familias no pueden calentar sus casas en invierno”.
Finalmente, la portavoz ecologista añade que “el sector primario es clave en nuestra comunidad y hay que protegerlo. El Estado debe aplicar criterios sociales en la gestión del agua y anteponer los usos agrarios, por ejemplo, en lugar de priorizar el uso hidroeléctrico y el beneficio empresarial en años de sequía”.
