¿Recortes en justicia? No, gracias

Desde el ejecutivo aragonés se vuelve a torpedear la justicia gratuita con un nuevo recorte en esta materia. Disminuye la partida correspondiente del presupuesto para este año 2016 a casi la mitad respecto al año anterior. Dificultando, todavía más si cabe, el acceso a las personas con menos recursos

ALAZ durante una concentración en la Audiencia de Zaragoza.

El cambio de gobierno en la DGA no ha conseguido paralizar los recortes en Justicia Gratuita. Este derecho, al que deberían tener acceso todos los ciudadanos y ciudadanas con dificultades económicas, ha visto disminuido su presupuesto de 4,5 millones de euros a 2,7 millones.

Año tras año, se sigue desmontando el estado de bienestar privando a los que menos tienen de unos derechos que socavan la legitimidad democrática. La implantación, años atrás, de las tasas judiciales fueron un claro ejemplo de ello. Actualmente los recortes continúan, y una vez más, afectan directamente a los más desfavorecidos.

Desde la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (ALAZ) se recuerda, “la Justicia Gratuita es un mecanismo dispuesto institucionalmente para que las personas con más dificultades, que no pueden pagar gastos de defensa, accedan a los Tribunales”. Y añaden, “este mecanismo debe ser dotado económicamente por la Administración competente”.

“Las solicitudes de Justicia Gratuita han crecido, mientras que el dinero previsto para la misma ha decrecido en un 40%”, afirman desde ALAZ. Al mismo tiempo se preguntan, “¿cómo se soluciona esta disyuntiva en la práctica? Parece que siguiendo la tendencia ya iniciada hace un tiempo de aumentar el número de denegaciones utilizando criterios restrictivos”.

Existen casos en los que el sentido común se ve limitado de manera absurda. Por ejemplo, “si no puedes pagar la hipoteca de tu vivienda porque te has quedado sin trabajo, y pides Justicia Gratuita para defenderte en el pleito que formula el banco contra ti, corres el riesgo de que te la denieguen porque tienes un inmueble de tu propiedad, aunque sea el que seguramente se va a adjudicar el banco en el procedimiento judicial”, apunta esta asociación de abogados y abogadas.

Ya en el terreno político, el pasado viernes el consejero de presidencia, Vicente Guillén, reconoció a este respecto que la partida de Justicia Gratuita está infradotada, pero que a lo largo del curso se irán añadiendo dotaciones económicas para solucionar este déficit. Desde ALAZ se cuestionan tal predicción, “¿por qué tenemos que dar por buena su palabra, no reflejada en documento institucional alguno?”.

La consecución de unos derechos básicos adquiridos a través de las luchas colectivas, no se pueden ver anulados de facto por unos presupuestos indignos. “El derecho de defensa tiene el mismo rango en nuestra Constitución que el derecho a la salud o el derecho a la libertad y, como derecho de primer orden, debe ser salvaguardado por los poderes públicos”, indican desde la asociación.

Así pues, se vuelve a poner de manifiesto una protesta que continúa acrecentando la distancia entre la sociedad y las instituciones. En este sentido haciendo hincapié en el menosprecio hacia los más desfavorecidos. Desde ALAZ lo tienen claro, y concluyen, “es necesario decir NO al recorte en Justicia Gratuita”.

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