El representante de la Plataforma de Padres y Madres por la Absolución de los Seis de Zaragoza, Francho Aijón Ponzán, en representación de su hijo, uno de los seis antifascistas condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón -TSJA- ha visitado este martes el Parlamento Europeo, invitado por el eurodiputado y miembro de Anticapitalistas Miguel Urbán.
La visita se ha centrado en una reunión con diferentes eurodiputados de los grupos de la Izquierda Europea, Verdes y Renew con el fin de poder exponer el peligroso clima de persecución a la protesta que se está dando en el Estado español con el consiguiente daño al sistema democrático, así como para exponer las irregularidades que se produjeron en el juicio y defender la absolución por falta de pruebas de los condenados.
La Audiencia de Zaragoza condenó a cuatro de ellos a la pena máxima contemplada, que para el caso son seis años de prisión -tres por desórdenes y tres por desobediencia- y a otros dos, menores de edad, a una sentencia por vía administrativa que contempla un año de libertad vigilada y una multa conjunta de hasta 14.000 euros. Posteriormente, el TSJA endurece aún más la pena con otro año de cárcel a cada uno, añadiendo el delito de lesiones.
Aunque las defensas presentaron pruebas tales como un vídeo con las grabaciones de los altercados recogidos por las cámaras de seguridad del Campus Universitario de Zaragoza, éste fue desestimado por la Sala “bajo afirmaciones de que no recurrieron al peritaje”. La sentencia se basa en la declaración de la policía y el laxo sesgo interpretativo que permite la Ley Mordaza, diseñada en detrimento del ejercicio del derecho a la protesta.
En palabras de Aijón, de la Plataforma de Padres y Madres por la Absolución de los Seis de Zaragoza “la presunción de veracidad no puede valer como única prueba de cargo para una condena tan grande, esto tiene que derogarse. Tiene que demostrarse que en el sistema de justicia español existe la igualdad de condiciones frente a la ley y no simplemente ser menoscabados por según qué ideología se defienda frente a estas leyes, que atentan contra la libertad de todos y todas”.
La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, ya ha cumplido seis años en vigor, a pesar del descontento social y de los recursos de inconstitucionalidad. Incluso el Consejo de Europa instó al gobierno del Estado español a rectificar y derogarla “por su potencial represivo”.
El eurodiputado Miguel Urbán ha señalado que, en este caso “no se está juzgando y castigando sólo a seis personas, sino que juzgan y castigan nuestro derecho a la protesta y lo hacen porque se trata de compañeros antifascistas. Hay quienes no entienden que ser antifascista no es una posición ideológica más, sino una obligación de toda persona que se considere demócrata”.
Además de atacar los derechos de reunión, manifestación, y expresión, hasta el extremo de ser prácticamente criminalizados, el marco jurídico de la Ley Mordaza asegura facilidades e inmunidades en el ejercicio de la represión y el control social por parte de agentes armados del Estado, al mismo tiempo que ampara la presunción de veracidad de éstos. Según el eurodiputado Urbán “utilizan esta ley con objetivos políticos para asegurar castigos ejemplarizantes. Lo hemos visto más recientemente en el caso de Alberto Rodríguez, un verdadero atropello que busca castigar una posición política, revocando lo que las urnas eligieron. El aparato judicial hace y deshace a través de la Ley Mordaza. El gobierno no puede seguir poniendo excusas para no derogarla”.
🔴 Vox va en 2017 a Zaragoza a soltar su odio, vecinxs se manifiestan. La policía carga y 6 jóvenes son detenidos. Tras el juicio y sin pruebas, son condenados a 6 años de cárcel.
Hoy hemos invitado al Parlamento Europeo a Francisco, padre de uno de ellos. #Los6DeZaragoza pic.twitter.com/ujvIc5VrSA
— Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) November 9, 2021
Todo sobre la campaña por la absolución de los seis de Zaragoza.
