Reclaman ampliación de plazo para alegar contra la mina de Borobia

David Félez, Responsable de Secretaría de Sostenibilidad y Medio Ambiente de CHA: "Dar un plazo de diez días, en pleno mes de agosto, no es fomentar la participación. El Gobierno de Rajoy tiene que ampliar el plazo porque no se puede tramitar un expediente con estas afecciones sin contar con la opinión de los afectados"

Una imagen de la mina de Borobia en 2015. Foto: Río Manubles

Chunta Aragonesista (CHA) reclama al Gobierno de  Rajoy que tome las medidas oportunas para que se amplíe el plazo previsto de audiencia, en el que las entidades que son parte en el  expediente del proyecto de la Mina de Borobia puedan alegar.

David Félez, Responsable de Secretaría de Sostenibilidad y Medio Ambiente de CHA: "No hay excusa para no ampliar el plazo, diez días en  pleno mes de agosto no son ni las formas adecuadas, ni sirven para mejorar el fondo del expediente. El fomento de la participación  ciudadana es clave para desarrollar una nueva cultura política. Por este motivo reclamamos públicamente que se atienda esta petición y se amplie el plazo en el periodo de tiempo suficiente como para que puedan participar todas y cada una de las entidades que así lo deseen".

CHA recuerda además que ya ha mostrado su oposición a este proyecto  por sus afecciones en Soria y también en comarcas aragonesas como el Aranda o la comarca de la Comunidad de Calatayud y ha defendido  iniciativas al respecto en los ayuntamientos, comarcas, Cortes de  Aragón y Congreso de los Diputados.

Finalmente CHA considera que "no podemos relajar las mínimas exigencias de respeto ambiental ni de salud pública que deben cumplir  los proyectos industriales o mineros. Y que las afecciones  medioambientales no entienden de fronteras. Se trata de un proyecto,  en este caso minero, que presenta enormes perjuicios para el medio ambiente y la salud pública y que se ubica en los límites de una  comunidad, muy lejos de su capital, en un territorio con poco peso  demográfico y electoral; y además donde la mayor parte del perjuicio transcurrirá en la comunidad vecina a través de las cuencas de los ríos.

El proyecto ha contado desde el principio con una firme oposición popular y también institucional, porque podrían verse afectados  gravemente importantes recursos naturales y humanos no sólo de los municipios vecinos de Borobia y Ciria en Castilla y León, sino que  también tendría serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y  socioeconómicas para los municipios de las cuencas de los ríos Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, en la cuenca del río Jalón, en  Aragón. Y estamos hablando de una cuenca de, al menos, más de 8.000 habitantes.

Las razones de peso, tal y como explicó en su día el diputado Chesús Yuste durante la defensa de una proposición no de ley en Comisión  para, precisamente paralizar esta mina, para oponerse a la mina de magnesitas se fundamentan "en el estudio realizado por el Grupo de  Hidrogeología de la Universidad de Zaragoza, cuya principal conclusión es que esta explotación minera tiene efectos negativos sobre el  Dominio Público Hidráulico que son graves e irreversibles, afectando  tanto a acuíferos como a ríos, con incidencia en el abastecimiento de  agua a poblaciones, abastecimientos agrícolas y ganaderos, y medio  ambiente relacionado (esto es, geomorfología de cauces, y fauna y  flora acuáticas)".

"La explotación minera prevista se realiza a cielo abierto y se  extiende por toda la cabecera del río Manubles, afectando a sus  fuentes de nacimiento. Las labores de arranque, mediante perforación y  voladura con explosivos, se realizan directamente sobre el único  acuífero que existe en esa zona. Además, está demostrado que las  afecciones sobre las aguas de la explotación minera incidirán tanto sobre la cuenca del Manubles como sobre la del río Aranda, que  sufrirán una pérdida relevante de volumen de agua. La actividad industrial de la mina degradará los ríos, y pondrá en peligro la  biodiversidad existente, sin hablar de los riesgos de rotura  inherentes a las balsas mineras (basta recordar el caso de la mina de  Aznalcóllar en Doñana). Además, las emisiones a la atmósfera de la  planta de tratamiento tendrán efectos negativos en las características físico-químicas del agua de lluvia, afectando a las tierras de Ágreda  y al mismísimo Parque Natural del Moncayo".

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