El pasado 7 de octubre se celebraba, a instancias del grupo municipal Por María de Huerva, pleno extraordinario para resolver el conflicto creado con la empresa de limpieza Realan Services S.L., que ha dejado sin pagar la extra de verano y dos nóminas a sus limpiadoras en este municipio de la Comarca Central. Todo ello tras reiteradas denuncias por las condiciones en que ha prestado sus servicios desde hace casi tres años.
Según denunciaron las siete trabajadoras de esta contrata municipal, se acudió a mediación el pasado 22 de septiembre sin que se llegara a acuerdo con la empresa. Queda pendiente resolver la correspondiente denuncia en los juzgados a expensas de sentencia o acuerdo previo.
En el pleno se acordó, asimismo, retener las facturas de Realan hasta que se abone el dinero que se debe a las trabajadoras, tal y como obliga la Ley de Contratos. Pero se da otra circunstancia como es que la empresa ha vendido, en una práctica que se conoce como factoring, su deuda a una financiera, que lleva un año cobrando directamente del consistorio mariahuervano.
Las circunstancias en las que ha continuado la empresa son cuando menos chocantes, según denuncian desde Por María de Huerva, dado que la empresa fue la segunda clasificada en las adjudicaciones en noviembre de 2023 incurriendo en lo que se conoce como baja temeraria, por lo que había sido descartada ya la primera. Es decir, ofreció un precio por sus servicios inferior a lo que se considera valor de mercado. Una bajada que, de hecho, superaba con mucho a las siguientes participantes del concurso público.
Aún así el equipo municipal de PP-Vox les adjudicó la labor basándose en un hipotético ahorro en el coste de los materiales. A cambio la empresa aportó un aval de 30.000 euros, que ahora mismo ya es insuficiente para cubrir la cantidad que se les adeuda a las trabajadoras.
Esto deja al ayuntamiento en una situación delicada y a la empresa tranquila y -en la práctica- impune de momento, pues ya ha cobrado a través de la línea de crédito firmada con la financiera.
Por otro lado, como se acordó en el pleno, se debe resolver el contrato y se procederá a nueva licitación, aunque la fecha en que empezaría la nueva empresa no está clara, siendo la más probable el 2 de enero.
Resulta curioso, según denunciaron de forma reiterada desde la oposición, que el contrato finalizó en noviembre de 2025 y se prorrogó cuando ya había varias quejas por el servicio prestado por la empresa. Quejas en asuntos tan básicos como la falta de materiales para las limpiadoras o la carencia de papel higiénico en los centros que cubre.
PP y Vox mantienen a Realan Services hipotecando el buen funcionamiento del servicio de limpieza
De hecho estas quejas llevaron a protestas públicas en enero de este año por las condiciones en que se mantenía el CPI La Atalaya, centro educativo de la localidad. Carencias que alumnado y docentes padecieron durante todo 2024 y 2025 y, a día de hoy, prosiguen. Denuncias que también han llegado a Inspección educativa.
Ya en enero el contrato estaba prorrogado y vencido. Pese a ello el consistorio mantuvo a la empresa hasta llegar a la situación actual. La promesa de PP-Vox fue sacar nuevos pliegos, pero diez meses después la situación no ha cambiado y no se informa si se hará lo que se conoce como contrato puente para cubrir la faena porque el presente contrato concluye en noviembre.
En estos momentos varias trabajadoras han cogido la baja y sus plazas están cubiertas provisionalmente por personal de otras contratas municipales, pero, según denuncia Por María de Huerva, esta situación de interinidad es inasumible.
Por otro lado el mismo grupo municipal ve un futuro complicado, pues la empresa que asuma la siguiente licitación podría ser, a efectos legales, avalista de la deuda adquirida, aunque no tenga ninguna responsabilidad de la misma. Por ello han solicitado que retengan pagos de forma cautelar tanto a Realan como a la financiera hasta que las trabajadoras cobren.
Realan Services: irregularidades ‘marca de la casa’
Partiendo del caso particular de María una búsqueda de información sobre las andanzas de esta empresa apunta a que las irregularidades son ‘marca de la casa’.
En Mérida, las limpiadoras de esta misma empresa para la Junta de Extremadura están en huelga por el impago de dos de sus nóminas y la amenaza de pérdida de puestos de trabajo tras una continua acumulación de irregularidades. Los retrasos en nóminas se remontan a 2025 y se han ido registrando constantes demoras en los cobros.
La Junta extremeña se ha decidido a actuar y puede que rescinda el contrato y convoque nueva licitación. Con un año de retraso, eso sí, y tras el grave quebranto económico que padecen las trabajadoras de la limpieza, uno de los sectores más precarios desde el punto de vista laboral y salarial.
Asimismo CCOO Hábitat de Canarias denunciaba en un comunicado público el 24 de septiembre la que califica de insostenible situación laboral de la plantilla de Realan. El sindicato señala una preocupante deriva de impagos salariales y dilaciones sistemáticas en el abono de las nóminas mensuales, afectando de manera directa a la estabilidad de decenas de familias en las islas.
También en la localidad coruñesa de Oleiros las trabajadoras tuvieron que denunciar a la empresa por el adeudo de tres nóminas, una paga extraordinaria completa y las subidas salariales de tres años. La empresa fue multada con 72,000 euros por reiterados incumplimientos de contrato. Asimismo en Valdemorillo, Madrid, 16 contratadas se han visto en la misma situación y la oposición municipal exige la rescisión del contrato.
También en Zaragoza la empresa dejó su huella.
Realan se hizo en 2021 con dos contratos por valor de 745.817 euros con la sociedad municipal Zaragoza Vivienda. Meses después del comienzo de actividad de la empresa las trabajadoras denunciaron varias irregularidades como que ni siquiera se les facilitaba ropa de trabajo ni materiales suficientes.
Realan es una empresa creada en las Palmas de Gran Canaria, aunque consta su sede también en la Comunidad de Madrid. Declara en torno a las 250 trabajadoras y una facturación por encima de los 2,5 millones. No constan procesos de quiebra o concurso de acreedores.
Como tantas otras empresas de servicios ha encontrado su filón en las administraciones públicas. Son contratos cerrados, a veces no tan ventajosos económicamente, pero que tienen absoluta garantía de cobro y son difíciles de rescindir. Además ofrecen la posibilidad de prestar servicios extraordinarios que se remuneran muy bien. En empresas de este tipo: limpiezas de obra, eventos o daños sobrevenidos por causas naturales o accidentales.
La forma de conseguir estos contratos es bastante simple: basta con bajar el precio sin incurrir en lo que se conoce como la citada baja temeraria (que luego se puede esquivar también). Todo esto debido a que otros criterios, como mejora de calidad o de las condiciones del personal, no se tienen tan apenas en cuenta y, a la hora de la verdad, lo que cuenta es el dinero.
Desde Por María de Huerva precisamente nos aclara su portavoz: “Solo se mira el criterio económico y terminan acudiendo empresas con una gestión como poco dudosa”.
Los pliegos más importantes llevan aparejada un aval considerable y suelen ser más rigurosos, por ello quedan para las grandes corporaciones del sector. Pero los que son unos cientos de miles de euros son el objetivo perfecto para empresas de tamaño medio que pujan por todo el Estado a, básicamente, todo lo que sale. De ahí que una empresa canaria termine trabajando en Zaragoza o una navarra lo pueda hacer en Sevilla aunque no tengan un solo empleado, aval previo o sede física.
La paradoja, que se ha dado en otras ocasiones y con otras empresas, es que las administraciones continúan contando con empresas que han incurrido en prácticas ilegales o de vulneración de los derechos de su personal.
Aunque varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público prevén sanciones como no volver a licitar con las administraciones solo es automático en casos de condenas efectivas por delitos graves como cohecho, malversación o delitos contra Hacienda o la Seguridad Social. Dada la lentitud de los procesos penales, estas empresas pueden seguir contratando hasta que hay sentencia firme.
En el caso Realan varias de las administraciones responsables de sus contrataciones han pedido no sólo la rescisión de los pliegos sino su inhabilitación para futuros procesos.
Quien no comparece de momento es la empresa responsable del chandrío y lo que sí se impone es una reflexión sobre este tipo de circunstancias tantas veces repetidas con los contratos públicos y la forma en que se controlan.
De momento las perjudicadas son las limpiadoras que no cobran y quienes deberían poder utilizar edificios públicos en condiciones que quedan desatendidos por la mala gestión empresarial pero también de las administraciones.
