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Raquel Tenías: “Exigimos la derogación de las leyes Mordaza y responsabilidades políticas”

Este pasado jueves, ofreció una rueda de prensa –cargada de una gran intensidad emocional- en la que realizó una valoración de la sentencia absolutoria y expresó tanto su opinión, como sus sensaciones y emociones vividas hasta el momento. Asimismo, se anunció el acto de cierre de campaña que tendrá lugar en Zaragoza, el 21 de enero, por los derechos civiles.
| 15 enero, 2017 07.01
Raquel Tenías: “Exigimos la derogación de las leyes Mordaza y responsabilidades políticas”
Rueda de Prensa Raquel Tenías 21E 12012017 Foto @igoiz17 AraInfo

El 22 de marzo de 2014 pasará a formar parte de la vida de Raquel Tenías para siempre, y no precisamente por ser un hecho positivo. Aquel día fue detenida por la policía y posteriormente acusada de unos cargos por los que la Fiscalía y el abogado del Estado solicitaban una pena de cuatro años de cárcel. Afortunadamente, y tras pasar por un calvario que ha durado hasta este pasado 5 de diciembre de 2016, momento en el que el juez dictó su absolución, comienza ahora el momento de cerrar este amargo capítulo que tanto sufrimiento ha causado en Raquel.

Para ello, este pasado jueves Tenías ofreció una rueda de prensa –cargada de una gran intensidad emocional- en la que realizó una valoración de la sentencia absolutoria y expresó tanto su opinión, como sus sensaciones y emociones vividas hasta el momento. Así comenzaba Raquel. “Los hechos sobre mi detención y petición de cuatro años de cárcel ya han sido analizados por quienes, como dice la Constitución, administran la justicia de manera independiente y sometidos a la ley”.

Los hechos, que ocurrieron en las Marchas de la Dignidad en marzo de 2014 “ya han sido analizados, ya han sido juzgados y ya se ha emitido una sentencia de absolución de todos los cargos”. “A través de mi caso concreto hemos podido demostrar lo siguiente: en primer lugar la verdad de mis afirmaciones y declaraciones desde el minuto cero. La verdad de una historia que me tenido en un proceso doloroso y de coste personal durante más de dos años y medio, y eso ya no tiene remedio”, aseguraba Raquel.

La sentencia dice así: “No se considera acreditado que la acusada arrojara objetos a los agentes del cuerpo nacional de policía, ni a los vehículos policiales, ni que arrojara vallas metálicas al suelo para dificultar la intervención policial”. “También –continuaba Raquel-, a través de mi caso hemos demostrado que hubo cargas indiscriminadas, violentas y dirigidas a causar miedo en la ciudadanía con el ánimo de crear un ánimo de excepcionalidad que desanimara en la movilización y en la lucha social”.

“También que se ha mantenido una acusación con una petición de pena desproporcionada sin ninguna prueba, tanto por el Ministerio Fiscal como por el abogado del Estado, con el ánimo de actuar de manera ejemplarizante contra manifestantes de las Marchas de la Dignidad”, subrayaba. “La sentencia dice que la prueba de cargo se reduce a las declaraciones de los agentes del cuerpo nacional de policía que procedieron a mí detención”.

Es frecuente –dice la sentencia- a la hora de valorar las declaraciones testificales de los agentes de la policía, tener en consideración la objetividad que en principio cabe atribuir a las mismas, dada la condición de funcionarios públicos de los deponentes”. Y concluye, que la declaración de los agentes no ofrece las garantías de consistencia y fiabilidad para otorgarles un valor acreditativo superior a los manifestados por la acusada y por los testigos de la defensa.

El juez, pues, deshecha estas declaraciones policiales por considerarlas imprecisas o dudosas. “También este caso demuestra que existió una actuación política y premeditada de la delegada del Gobierno en Madrid entonces, Cristina Cifuentes, y del Gobierno de España del Partido Popular, utilizando la violencia contra la ciudadanía y el código penal contra inocentes, con el ánimo de generar una cortina de humo que ocultar la gran movilización social que se estaba produciendo”, aseveraba Raquel en su intervención.

A su juicio, “esta actuación persiguió criminalizar, generar temor y deslegitimar a quien protestaba para evitar que las reivindicaciones se vieran como una lucha justa ante unos recortes sociales que causan mucho sufrimiento”. “Y también mi caso –añadía-, demuestra que este actuar no es aislado por parte de este gobierno sino que se enmarca en una estrategia de infundir temor y evitar la movilización social”.

Para Raquel, “esta estrategia se ha basado en reprimir cualquier acto de movilización social que ocurrieron en esas fechas, como por ejemplo: los trabajadores en las huelgas generales; los que luchaban por una vivienda digna en plataformas como Stop Desahucios; las mujeres que protegieron su derecho al aborto; el personal sanitario que defendía la sanidad pública en Madrid; el vecindario en Gamonal; las personas de las Marchas de la Dignidad. Y aquí en Aragón: el caso de los 8 de Yesa o los 10 de Zaragoza”.

“Estrategia del gobierno basada también en modificar las leyes como el ‘trío Mordaza’: Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la Ley de Extranjería. Todo ello para restringir derechos de intimidad, de libertad, derechos políticos como el derecho a la manifestación, derechos humanos universales para devolver en caliente a personas inmigrantes”, lamentaba Raquel.

“Estas normas han sido ya cuestionadas por organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asociaciones de jueces como Jueces para la Democracia, la Asociación Libre de Abogados, Stop Racismo, Greenpeace u otros cientos de organizaciones de todos los ámbitos”. “En definitiva –explicaba-, fui sometida a un proceso injusto que ha salido bien por la independencia judicial que no ha dado un valor privilegiado a las manifestaciones de los policías en contra de lo que es habitual en estos casos, porque si por ellos hubiera sido me hubieran condenado a cuatro años de cárcel”.

Una sentencia que habla que la carga fue indiscriminada, “y que me absuelven, por lo que puedo manifestar que fui detenida sin razón, no sólo detenida sino placada, tirada al suelo, retenida en unas condiciones pésimas en las que obligaron a esperar 48 horas hasta pasar a disposición judicial”. “Ya conocemos que esta práctica, generalizada y sistemática en las comisarías de Madrid de retener a las personas detenidas mucho más tiempo de lo que supone hacer las diligencias previas hasta llevar al juzgado, ha sido denunciada por el defensor del pueblo”, matizaba Raquel.

“Y además, en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2015 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se dice que el Comité observa con preocupación las denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluyendo torturas y malos tratos por parte de agentes del Estado, en particular, en el marco de protestas ciudadanas, e instando al Estado parte a prevenir esto”, lamentaba.

“Para mí –aseguraba Raquel-, es importante cerrar este proceso, que me ha costado mucho esfuerzo personal y familiar. Someterme a un proceso judicial en Madrid, supone a parte de un esfuerzo económico, y en el que a pesar de ser inocente, me vi forzada a defenderme de unas acusaciones falsas de las que la policía contó con defensa gratuita del Estado y Fiscalía, cuando Fiscalía podía haber solicitado la absolución o el archivo a la vista de las pruebas y no lo hizo, provocándome una sensación de desprotección e impunidad por parte de los agentes del Estado”.

“Por todo ello, consideramos que el Gobierno del Partido Popular, y Cristina Cifuentes, entonces delegada del gobierno y actual presidenta de la Comunidad de Madrid, deben asumir responsabilidades políticas por estos hechos y exigimos la derogación inmediata de las leyes de la Mordaza: Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la Ley de Extranjería”.

“Y para finalizar, decir que no tengo miedo, que el grupo de ‘Raquel Absolución’ no tenemos miedo y no nos callarán en la defensa de los derechos civiles, y seguimos trabajando junto a otras muchas personas para construir una sociedad más justa en la que nos sintamos seguras, independientemente de quien gobierne”, finalizaba Raquel, la cual, entre lágrimas y visiblemente emocionada –al igual que todas las personas que allí nos encontrábamos-, recibía el cariñoso apoyo de sus dos compañeras durante la intervención, Paloma Lafuente y Nerea Ágreda.

Acto por los Derechos Civiles en Zaragoza el próximo 21 de enero

Por otro lado, y con motivo de dar por concluido, de alguna forma, todo este proceso por el que Raquel Tenías ha pasado, el próximo sábado 21 de enero en el Centro Cívico de L’Almozara de Zaragoza, el grupo de apoyo ‘Raquel Absolución’ ha organizado un acto en defensa de los derechos civiles en el que se presentará y se dará lectura al manifiesto ‘No tengas miedo”.

21E Acto por los DDCC Zgz banner

15 enero, 2017

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