¿Quién paga el lucro cesante?

Nadie tiene dudas de que para implantar las energías renovables se están produciendo afecciones a la biodiversidad, el medio ambiente y el paisaje. Es un hecho fácilmente constatable. También es evidente que se generarán ingresos estables y su cobro se efectuará de manera regular, vía impuestos o alquileres por la ocupación de terrenos. Los defensores de este modelo argumentan que el medio rural tiene pocas oportunidades y que no debemos dejar de pasar esta, pues hay que poner freno a la despoblación. Se puede convenir que toda actividad económica genera ingresos, pero está por ver todo aquello sobre los innumerables …

Nadie tiene dudas de que para implantar las energías renovables se están produciendo afecciones a la biodiversidad, el medio ambiente y el paisaje. Es un hecho fácilmente constatable. También es evidente que se generarán ingresos estables y su cobro se efectuará de manera regular, vía impuestos o alquileres por la ocupación de terrenos.

Los defensores de este modelo argumentan que el medio rural tiene pocas oportunidades y que no debemos dejar de pasar esta, pues hay que poner freno a la despoblación. Se puede convenir que toda actividad económica genera ingresos, pero está por ver todo aquello sobre los innumerables puestos de trabajo que dicen se crean más allá del momento de la construcción de los parques y si efectivamente se fijará población.

Que la implantación fragmentada, masiva y sin la necesaria visión de conjunto provoca afecciones al territorio y a la naturaleza es indudable, pero además genera perjuicios económicos a otras actividades existentes -especialmente al turismo- precisamente por esas graves afecciones paisajísticas. Así mismo esta nueva modalidad de actividad económica va en detrimento de otras actividades tradicionales, como puedan ser la ganadería.

Los defensores de este modelo de implantación de las energías renovables en Aragón se oponen a una moratoria que permita la elaboración de una regulación general que establezca el marco para su desarrollo, apoyándose en la ‘autonomía municipal’ y defendiendo la ‘libertad de empresa’. Pues bien. Hay aspectos que trascienden al ámbito de un municipio, por lo que dicha autonomía local no puede estar por encima de la ordenación del territorio o la evaluación integrada de las afecciones.

Tampoco la defensa de la libertad de empresa justifica cualquier intervención en el territorio, menos aun en terreno público. Existe el concepto del ‘interés general' y en todo caso, las empresas están subordinadas a ese interés general que determina qué pueden o no hacer éstas.

Pero esto solamente si los poderes públicos no consideran oportuno hacer una ‘declaración de utilidad pública’ que permita la ‘expropiación forzosa’ para pasar por encima de esa autonomía municipal que señalábamos antes, entregando a las empresas bienes y derechos propiedad de los ayuntamientos.

Presente tenemos el ejemplo de Pozondón, que ha presentado alegaciones al primer parque eólico en la Sierra de Albarracín argumentando “perjuicios económicos y lucro cesante para los ingresos corrientes de las arcas municipales al afectar a los distintos aprovechamientos de los montes públicos tales como apicultura, pastos, madera o caza” además que denunciar que repercutirá “al turismo rural y el bar” ocasionando “un daño estético”. Igualmente diversos municipios del Maestrazgo castellonense se oponen a las líneas de evacuación de los parques autorizados en el Maestrazgo turolense.

Hay municipios y comarcas que disponen de un rico patrimonio cultural, natural y paisajístico que llevan décadas apostando por el turismo sostenible como vía de desarrollo y empleo, y como hemos visto el modelo escogido por empresas y administración para la implantación de las renovables, sin duda va a generar unas graves afecciones económicas y un daño patrimonial a quienes han invertido para ganarse la vida e incluso a empresas que generan empleo en el territorio, estando en duda que con este modelo industrial energético pueda ser sustituido. ¿Quien pagará el ‘lucro cesante’ a estas familias y ayuntamientos que ven afectadas sus actividades tradicionales?

Por otro lado observamos que también el modelo de implantación empresarial empleado es diferente al aplicado en los parques que llevan tiempo en funcionamiento. En esos parques a los que nos referimos, los ayuntamientos son propietarios de participaciones de las empresas que los explotan -en mayor o menor medida- por lo que reciben parte del beneficio industrial que se produce en sus municipios y que ahora nadie plantea repartir.

¿Qué papel están jugando las administraciones públicas en este desarrollo masivo de las renovables? ¿Por qué la Diputación de Teruel no interviene a través de la empresa participada Promoción Eólica Turolense, SL? Algunos tenemos la sensación de que nuestros representantes en las instituciones están ejerciendo de comerciales para las empresas, defendiendo exclusivamente sus intereses.

Recordemos que Proetur es una sociedad mayoritariamente pública y que tiene por objeto social “constituir un elemento instrumental para permitir la intervención de las entidades locales participantes en el desarrollo y promoción de la energía eólica y otras afines alternativas”.

Es fundamental determinar el papel de las administraciones públicas en la gestión de lo público. Nos gustaría saber el papel de la administración local en este proceso, si es que tiene alguno, y también el que juegan las empresas de capital público. Nos gustaría saber si los poderes públicos velan por el interés general o qué están haciendo. Impugnamos este modelo de renovables del que dudamos de su beneficio y nos huele a chanchullo.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies