El 30 de mayo de 2014, sobre las 23.00 horas, una mujer, que responde a las iniciales de G.S., recibía un disparo en la cara procedente de una escopeta de aire comprimido cuando paseaba en compañía de su hermana y su madre por la Avenida de Aragón de Fraga, hechos que dieron lugar a la apertura de Diligencia Previas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Fraga, que cerró el caso por falta de pruebas meses después.
La Asociación Cívica, de ámbito estatal y con sede en el Baix Cinca, ha denunciado "un proceso de instrucción plagado de graves irregularidades con presunta ocultación de pruebas por parte de los dos agentes encargados de la misma, no tomándose declaración a la madre de la víctima pese a ser citada junto a ella y su hermana el 20 de junio de 2014 en dependencias policiales, por falta de conocimiento del idioma castellano, y sin facilitársele un intérprete". Por su parte y respecto a la declaración de la hermana de la víctima, realizada el 20 de junio de 2014 sobre las 12.00 horas, la Asociación afirma que "no fue aportada al Juzgado de Fraga hasta el 29 de septiembre de 2015 no siendo la firma de la declarante la original, lo que hace sospechar que fue presuntamente manipulada en la instrucción, escaneada la firma y pegada al documento enviado a sede judicial".
Para la Asociación de Acción Ciudadana, “esta presunta ocultación de pruebas por parte de los querellados, dificultaron enormemente la instrucción del caso en el Juzgado, actitud por parte de los agentes que pensamos que obedece a criterios xenófobos por ser la víctima G.S. de origen extranjero, y a la que privaron de derechos fundamentales al presuntamente, ocultar, faltar a la verdad y no perseguir líneas de investigación para averiguar el autor del disparo".
La querella criminal presentada en el Juzgado de Fraga recoge la presunta comisión de siete delitos tipificados en el Código Penal (omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento por ocultación de pruebas, falso testimonio, prevaricación de funcionario público, desobediencia, Infidelidad en la Custodia de Documentos públicos, y otro delito contra los derechos fundamentales y de las libertades públicas) por el que los presuntos autores se pueden enfrentar a penas de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación para desempeño de empleo público por el tiempo de entre uno y seis años.
