Uesca, como el resto de Aragón y del Estado español, continúa salpicada de fosas comunes, pero también de monolitos, placas y calles que recuerdan y honran a la dictadura franquista.
Han pasado 81 años del golpe de Estado, y a pesar de la aprobación de la ley 52/2007, conocida como ley de Memoria Histórica, que prometía terminar con la impunidad al menos simbólica, el Estado español dedica, a día de hoy, un presupuesto que impide abordar e investigar con la profundidad necesaria la identificación de las víctimas, los procesos de exhumación, las condenas por tribunales ilegítimos, y otras tantas acciones que permitan hacer un reconocimiento público de la tragedia que trajo consigo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la guerra civil y la dictadura, y contribuir al cierre de las heridas que produjo y cuyas consecuencias permanecen en la actualidad.
Según datos extraídos del mapa de fosas del Ministerio de Justicia, existen todavía hoy en territorio oscense al menos 187 fosas comunes, de las que sólo 17 han sido exhumadas en su totalidad.
Alto Aragón En Común lanza un mensaje de reconocimiento al esfuerzo de numerosas asociaciones y particulares que, especialmente en Aragón y sin ayuda institucional alguna, llevan años trabajando por la recuperación de la memoria, "cuando es un deber del Estado desarrollar políticas públicas que garanticen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación", sostiene la agrupación ciudadana.
