Izquierda Unida pide explicaciones al consejero aragonés de Sanidad y Bienestar Social, Ricardo Oliván, relativa al despido de trabajadoras embarazadas -de un día para otro y sin dar explicación- del centro de Qualytel en Zaragoza, empresa adjudicataria del 016, la línea de atención a víctimas de violencia machista que puso en marcha el Gobierno hace seis años. En concreto, la portavoz de IU, Patricia Luquin pedirá a Oliván que manifieste su opinión sobre lo sucedido ante el Pleno de las Cortes.
Cabe destacar que los sindicatos han denunciado que la empresa ha despedido a varias trabajadoras embarazadas y personal con reducción de jornada por cuidado de hijo, y advierten de condiciones laborales precarias y prácticas que bordean el fraude de la ley. Además, el comité de Zaragoza ha acudido en varias ocasiones a la inspección de trabajo y los sindicatos que solo el 15% de la plantilla es indefinida y algo más del 30% está contratada a través de empresas de trabajo temporal, (porcentaje ha llegado a ser en ocasiones de hasta el 50%).
Para Luquin, “el despido de estas trabajadores no solo vulnera derechos laborales, sino que atenta con el principio de Igualdad que inspiró la creación de este servicio”. “Nos resulta inaceptable que una empresa que gestiona el 016, despida a mujeres embarazadas y obvie, de forma flagrante, el compromiso en políticas de igualdad que una empresa que gestiona este tipo de servicios se le supone”, denuncia la diputada para aseverar que “es absolutamente denunciable las condiciones extremas en las que se encuentran personas que atienden una línea telefónica que ejerce una labor tan delicada, como es el atender los casos de violencia machista”.
La empresa Qualytel, filial del grupo Arvato Bertelsman, cuenta con una plantilla de 1.200 trabajadores de los que una tercera parte está subcontratada a través de ETT, más de la mitad tienen contrato de obra y servicio y apenas un 15% de cuenta con un contrato indefinido, según datos de los sindicatos que denunciaron a la empresa por "despido improcedente".
CHA exige una respuesta contundente de Oliván ante el despido improcedente de Qualytel
Por su parte, CHA reclama una investigación urgente sobre la denuncia del despido de dos mujeres embarazadas en el empresa Qualytel. Para Nieves Ibeas, "el departamento de Oliván, responsable de garantizar la igualdad de oportunidades, tiene la obligación de hacer cumplir la ley para que se discrimine laboralmente a las mujeres por el hecho de estar embarazadas, como ha sucedido en este caso".
Ibeas ha exigido que se depuren responsabilidades y “que se vaya más allá de la readmisión laboral”, entendiendo que las instituciones no pueden permitir que las empresas pisoteen los derechos de las mujeres de una forma tan descarada, más todavía cuando están prestando un servicio público y recibiendo dinero público. De no ser así, ha señalado Nieves Ibeas, "se deduciría que para el consejero Oliván los derechos de las mujeres son un tema menor, lo cual ya sería el colmo".
CHA también reclamará el pronunciamiento expreso en las Cortes de Aragón del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, para que explique qué ha sucedido en este caso y cómo garantiza que no pueda suceder en otros muchos.
