Protestas sociales frente a la imposición de la 'ley mordaza'

El Consejo de Ministros ha dado este viernes luz verde al proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley antiprotestas’ o ‘ley mordaza’, tras varios meses de modificaciones e infinidad de movilizaciones sociales. Incluso ha contado con las objeciones de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal, que cuestionaron la constitucionalidad de algunos puntos. Ahora serán las Cortes españolas las que tengan que dar su aprobación, algo que no deja de ser un mero trámite ya que la mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento hará efectiva su aprobación …

Protesta contra la Ley Mordaza en Zaragoza. Foto: AraInfo

[caption id="attachment_63044" align="alignright" width="300"]Pancarta presente en la concentración de este viernes en Zaragoza. Foto: @arainfonoticias Pancarta presente en la concentración de este viernes en Zaragoza. Foto: @arainfonoticias [Galería][/caption]El Consejo de Ministros ha dado este viernes luz verde al proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley antiprotestas’ o ‘ley mordaza’, tras varios meses de modificaciones e infinidad de movilizaciones sociales. Incluso ha contado con las objeciones de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal, que cuestionaron la constitucionalidad de algunos puntos. Ahora serán las Cortes españolas las que tengan que dar su aprobación, algo que no deja de ser un mero trámite ya que la mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento hará efectiva su aprobación aún con el voto en contra de la oposición.

El Ministro del Interior español, Fernández Díaz ha defendido que el proyecto de ley, que sustituye a la denominada 'Ley Corcuera' de 1992, es "profundamente garantista y tiene pleno encaje en la Constitución". Divide las sanciones en tres niveles, leves (multas de entre 100 y 600 euros), graves (entre 601 y 30.000 euros) y muy graves (entre 30.001 y 600.000 euros). Estas dos últimas consideraciones pueden ser divididas a su vez en grados: mínimo, medio y máximo, teniendo en cuenta, según el Ministro, la situación económica de la persona denunciada.

Fernández Díaz ha reconocido que este proyecto de ley no hubiera influido en la absolución de las personas juzgadas por la protesta frente al Parlament de Catalunya, ya que fueron juzgados por el Código Penal. Sin embargo, ha asegurado que por la vía administrativa sí hubieran tenido que hacerse cargo del pago de una multa. Un dato que saca a la luz lo que caba esperar a partir de ahora.

En este sentido, Diagonal recoge en un artículo publicado en la tarde de este viernes que el anteproyecto busca, a la espera de conocer los detalles que finalmente serán llevados a la norma, dos objetivos fundamentales. Por un lado, una "hipernormativización", en palabras del abogado Hibai Arbide, dado que la ley vigente no tenía una tipificación propia para muchos de los nuevos tipos de protesta popularizados tras el 15M, como los stop desahucios o los escraches. Por otro lado, y en palabras de Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, se trata de actuar bajo la lógica del llamado Derecho Penal del Enemigo, que trata al ciudadano como una amenaza. Sobre este mismo concepto, Ignacio Trillo y Eric Sanz de Bremond comentaban en el blog La Conquista del Derecho que “esta concepción del Derecho Penal busca castigar, más que lo que haces, lo que puedes llegar a hacer en base a quien eres, o, mejor dicho, a quien el Estado considera que eres”.

En el mismo artículo, explican que Fernández Díaz también ha mencionado los criterios para la actuación policial en los procedimiento de identificación, señalando que estos deberán respetar los principios de no discriminación y proporcionalidad. El titular de Interior ha destacado que la norma prohibirá expresamente los controles por perfil racial, las llamadas "redadas racistas" de la policía en busca de personas sin tarjeta de residencia, algo que, según ha declarado, hasta ahora sólo estaba prohibido en circulares internas de la policía. La actual Ley de Seguridad Ciudadana sólo permite las identificaciones “para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social”, si bien no prohibía expresamente los controles por perfil racial.

Más de setenta colectivos sociales rechazan la “ley mordaza”

Desde la Plataforma ciudadana No Somos Delito, a la que se han adherido más de 70 organizaciones sociales, han expresado, en un comunicado y a través de la etiqueta #HoyNosAmordazan, su "más rotundo rechazo" al Proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana aprobado hoy viernes en Consejo de Ministros.

En Zaragoza, el Grupo de Derechos Civiles del 15M ha hecho un llamamiento para "defender los derechos fundamentales: los derechos de reunión, manifestación, organización y la libertad de expresión”. Más de un centenar de personas han respondido a esta llamada concentrándose desde las 19.30 horas en la plaza de España con el lema ‘No a Ley Mordaza. Por el derecho a la protesta. No somos delito’.

Por su parte, el 15M Uesca ha estado repartiendo octavillas informativas sobre las medidas de esta ley “que limitan la democracia”, en la zona de plaza de Navarra y “Cuatro Esquinas”. Esta medida, consideran, es “un paso más del gobierno, para cercenar el ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos y ciudadanas reconocidos tanto en la Constitución como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. El objetivo de esta norma es, para el colectivo oscense, “intentar acabar, mediante la represión, con la intensa y pacífica protesta ciudadana contra las políticas de recortes sociales e incremento de la desigualdad, que se han desarrollado estos tres años y que han desgastado considerablemente al ejecutivo y a los partidos que las iniciaron o las han apoyado”.

Para el 15M de Uesca el gobierno español "ha intentado detener la disidencia por distintas vías, como la represión judicial y la 'arbitraria' represión administrativa, que han sido contestadas esta misma semana por varias sentencias que han salido en defensa de los derechos políticos, como la de la Audiencia Nacional sobre la convocatoria contra los recortes sociales Aturem el Parlament, del 15M de Barcelona; o la de Marisol, Margarita y Antonio -profesor jubilado que protesta cada día contra los recortes ante el portal de la consejera de educación de Aragón, que señala, por ejemplo, que 'la potestad sancionadora no puede limitar la libertad de expresión'".

Este movimiento social denuncia que esta ley “ha sido justificada por un supuesto amento de la demanda de seguridad frente al delito por parte de la ciudadanía" que, "en realidad, no existe”. “Si observamos las estadísticas oficiales de los últimos años todo apunta -precisan- a una acusada disminución del número de delitos (exceptuando los casos de delitos informáticos y económicos), lo que nos coloca muy por debajo de la media europea". "Esto demostraría, -señalan-, que el gobierno, 'sin una base real', está tratando de crear una falsa percepción de inseguridad en la sociedad que le permita justificar el endurecimiento de las leyes a costa de recortes de los derechos de la ciudadanía”.

"La nueva normativa sancionaría, como ha reconocido el gobierno hoy mismo, protestas que, como estas han sido avaladas por los tribunales; y otras que forman el repertorio de acciones desarrolladas por los movimientos sociales, especialmente desde las acampadas de las plazas en mayo de 2011, contra los desahucios, los recortes o que cuestionan la labor de los representantes políticos en parlamentos u otros espacios, y trata de limitar el uso de una de las herramientas que se han mostrado claves para evitar abusos contra y denunciar y evitar agresiones, como las fotografías o la filmación de intervenciones policiales", señala el 15M.

Blindaje gubernamental frente a las reclamaciones ciudadanas

La Plataforma No Somos Delito asegura que el Gobierno, además de introducir en este proyecto de ley nuevas infracciones y castigar más duramente las ya existentes, lo aprovecha para “blindarse frente a las numerosas reclamaciones de la ciudadanía”. Para esta Plataforma el proyecto introduce "conceptos vagos e imprecisos" cuya interpretación "será hecha por el propio Gobierno, ampliando el margen de discrecionalidad y arbitrariedad de las y los agentes en su actuación”.

Los movimientos sociales consideran que esta norma forma parte de un conjunto de medidas mediante las cuales "quieren vaciar de contenido derechos y libertades democráticos". Estarían en esta línea reformas como la Ley de Seguridad Ciudadana, la de la ley del aborto o el proyecto de reforma del Código Penal, actualmente en trámite parlamentario. “Todas ellas están dirigidas a criminalizar nuestras libertades, castigar la protesta social pacífica, y también las situaciones de pobreza en una sociedad cada vez más desigual, y en la que se demuestra repetidamente que no somos iguales ante la ley como estipula el artículo 14 de nuestra Constitución”, concluyen.

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Documentos: 'Análisis de la Plataforma No Somos Delito del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana' (julio 2014)

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