El Gobierno español "debe controlar la calidad y transparencia de las universidades privadas y establecer las condiciones suficientes para que las universidades públicas puedan desarrollar su potencial", defiende el sindicato SOMOS en una nota remitida a AraInfo.
Sobre el anuncio de la modificación del RD 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y la acreditación institucional de estos centros, desde el sindicato SOMOS y el Área de Universidad de su sindicato estatal de referencia (STES-Intersindical) denuncian "la pasividad" del Gobierno español durante los últimos años "ante la proliferación de universidades privadas que, en muchos casos, no cumplen los mínimos requisitos de calidad".
"Esta situación ya fue denunciada en el momento de la promulgación del Real Decreto vigente pues, como se puede comprobar, ha permitido la creación de universidades que no desarrollan plenamente sus actividades de docencia e investigación", explican. Por ello desde SOMOS y STES plantean que "el Gobierno debe dictar instrucciones para que se garantice la calidad de las universidades privadas existentes, así como las que se puedan crear en el futuro".
En opinión de las organizaciones sindicales, parte del origen de la proliferación de centros universitarios privados "se encuentra en el deterioro de la financiación de las universidades públicas y la precariedad de las condiciones laborales de su personal, así como la falta de una apuesta decidida por la investigación". Mientras, denuncian, la universidad privada incrementa cada año su volumen de negocio, "pues en sus centros estudian el 50,2 por ciento de alumnos de máster, la universidad pública española ha reducido su financiación un 22 por ciento, lo que limita seriamente su oferta académica".
En cuanto a los requisitos que debe cumplir, en todo momento, una universidad privada, "estos no deberían ser inferiores a las universidades públicas, incidiendo en la necesaria transparencia y solvencia tanto de la calidad de la docencia como de la investigación, infraestructuras, instalaciones o recursos económicos", añaden.
En relación con el RD 640/2021 consideran que "para la creación de un nuevo centro universitario debe ser vinculante el informe de la Conferencia General de Política Universitaria y que la Agencia Nacional de la Evaluación y Acreditación o, las Agencias autonómicas en los territorios en los que existan, deben supervisar en todo momento la calidad de la docencia, investigación y transferencia que se realiza, con el fin de que cualquier centro universitario mantenga unos estándares de excelencia".
Desde el Área de Universidades de STES-Intersindical, instan al Gobierno para que "destine los recursos necesarios como para cumplir el objetivo de financiación del 1% del PIB propuesto en la LOSU y que establezca medidas de carácter general" para que las nacionalidades y territorios del Estado español "participen en ese objetivo".
Por otra parte, para estos organizaciones sindicales, "es preciso distinguir entre empresas proveedoras de formación superior y universidades, limitando el acceso de las primeras a los órganos consultivos o de participación institucional como la Conferencia de Rectores, la Conferencia de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas o los patronatos de las Agencias Autonómicas de Calidad". En este sentido irán las propuestas que desde este sindicato se presentarán en el periodo de audiencia pública del Proyecto de Real Decreto de modificación del RD 640/2021 de Creación, Reconocimiento y autorización de Universidades.
El Gobierno de Aragón debe velar por la calidad del sistema universitario aragonés
Con respecto a las solicitudes de tres proyectos de universidades privadas que han solicitado autorización a la Comunidad Autónoma para instalarse en Aragón, desde SOMOS instan a que "el Gobierno de Aragón regule una normativa rigurosa que vele por la calidad del sistema universitario aragonés, pues no se deben devaluar los estudios universitarios concediendo a una iniciativa poco solvente el mismo nivel académico que a aquellas titulaciones de centros que han trabajado muy duro, durante muchos años, para alcanzar un alto nivel de excelencia".
"Un centro de formación on-line de másteres o una escuela de negocios no es una universidad, es otra cosa", defienden. "Respecto a Calatayud, sería muy interesante potenciar la UNED como elemento vertebrador del territorio e impulsor de iniciativas sociales y científicas, en lugar de aventurarse con iniciativas que no parecen muy solventes", inciden desde SOMOS.
En su opinión "es muy probable que ninguna de las tres solicitudes actuales cumpla los requisitos previstos por la norma anunciada, al menos para obtener la denominación de universidad aragonesa".
CHA denuncia "la expansión descontrolada de universidades privadas"
CHA denuncia la expansión descontrolada de universidades privadas en Aragón, amparada por el Gobierno de Azcón, y exige una apuesta firme por la universidad pública. En este sentido Isabel Lasobras portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón ha sostenido que: "El futuro de Aragón debe cimentarse sobre una universidad pública fuerte y de calidad, no en la proliferación indiscriminada de centros privados"
Para formación, "la reciente aprobación de nuevos proyectos universitarios privados en Aragón ha generado una profunda inquietud en el ámbito educativo". Ante esta situación, Lasobras ha expresado su firme oposición a la política del Gobierno de Aragón, liderado por el Partido Popular, que facilita la expansión de estas instituciones.
Lasobras ha trasladado una batería de preguntas fundamentales al ejecutivo aragonés, instándole a aclarar los criterios que han motivado estas decisiones y a garantizar que el desarrollo de la educación superior en Aragón no se vea comprometido por intereses privados.
CHA ha insistido en que "la prioridad del Gobierno debe ser el fortalecimiento de la Universidad de Zaragoza, principal institución académica del territorio, en lugar de abrir las puertas a universidades privadas cuya proliferación descontrolada podría afectar negativamente la calidad educativa y la sostenibilidad del sistema".
Entre las preguntas planteadas por CHA al Gobierno de Aragón, encontramos una búsqueda de respuestas sobre los criterios de autorización, el control de calidad, el equilibrio del sistema universitario, la adaptación a las nuevas normativas estatales, la transparencia o el impacto en la investigación.
Para CHA, la universidad pública "debe ser un pilar estratégico en el desarrollo de Aragón", y ello pasa por reforzarla y dotarla de recursos suficientes: "No podemos permitir que se desvirtúe el modelo universitario aragonés por intereses privados que no garantizan el acceso equitativo ni la excelencia académica", ha concluido Lasobras.
