Ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. El lobo ibérico (Canis lupus) se ha incluido en la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que modifica el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), en el que se incluyen poblaciones que necesitan una protección particular por su valor ecológico, científico, cultural, singularidad, rareza o amenaza. Se estima que en la actualidad la población de lobos está entre los 2.000 y 2.500 ejemplares, en 297 manadas en todo el Estado español. En Aragón, el estatus legal de la especie no cambia porque en la actualidad ya existe la prohibición de caza del lobo.
El lobo ya no podrá legalmente ser considerado como trofeo de caza o ser subastado, como ha ocurrido en la Sierra de la Culebra (Zamora), donde se ha alcanzado la cifra de 6.000 euros por abatir a uno de ellos. Las estimaciones hablan de que en el Estado español se capturan al año de forma legal unos 100 ejemplares.
Se da así respuesta a las demandas de particulares, organizaciones científicas y administraciones, incluyendo al propio Ministerio, y a la propuesta de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). Esta organización pide también la inclusión de todas las poblaciones del lobo presentes en el Catálogo español de Especies Amenazadas, en la categoría de “vulnerable”.
ASCEL consigue (al fin) que el @mitecogob protega al #lobo en España incluyéndolo en RD 139/2011 (LESRPE) como consecuencia de nuestra petición en 2019. Hito sin precedentes, pero con sombras y amenazas que disiparemos. Gran paso adelante pero insuficiente. 👉 A por el Catálogo pic.twitter.com/omPqWKmg4Q
— ASCEL (@ascel_lobo) September 21, 2021
Hasta este miércoles, al ser considerada especie cinegética, su caza estaba permitida en toda la zona norte del Duero y prohibida al sur, donde las poblaciones ya estaban incluidas en el LESRPE. Ahora los territorios y el Ministerio deben elaborar y aprobar antes del próximo año una estrategia de conservación y gestión de este animal, según recoge la Orden.
También la recoge la posible autorización de extracción y captura solo en determinados casos, como en ejemplares que hayan adoptado las Administraciones antes de la entrada en vigor de esta Orden, siempre que se ajusten a una serie de condiciones determinadas, con limitaciones.
También recoge el casos de la extracción o captura de lobos siempre que “no exista otra solución satisfactoria”, cuando las explotaciones ganaderas afectadas por ataques han aplicado “adecuadamente” estas medidas preventivas pero han sido ineficaces.
Otra de las excepciones para poder capturarlo es en el caso de que esta medida adoptada no afecte “negativamente” al estado de conservación favorable del lobo y se ajusta a los “perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones” (daños recurrentes o significativos). Todas estas excepciones deberán contar con autorización administrativa.
Las organizaciones, a favor
Organizaciones ambientales y ecologistas han celebrado la modificación de LESRPE, como algo “importante para la conservación de la especie”, según Ecologistas en Acción. Celebran que los territorios ya no puedan establecer cupos de lobos para ser eliminados. A partir de este miércoles, la caza del lobo pasa a ser un delito tipificado en el artículo 334 del Código Penal, con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación para la profesión, oficio o ejercicio de la caza o pesca de entre dos a cuatro años.
La organización también pide medidas para asegurar el adecuado estado de conservación para “potenciar la coexistencia entre lobo y ganadería, con medidas de prevención para reducir ataques”. Insta al Ministerio y al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) a intensificar los esfuerzos contra la caza ilegal.
En la misma línea se ha manifestado ASCEL, que valora la novedad como el posible fin a “programas de muerte de las comunidades autónomas”. También señalan que las explotaciones ganaderas ahora van a tener que justificar que los daños son realmente considerables y que no existe otra forma de parar los ataques de los lobos para entrar en las excepciones de captura y extracción, “algo que no es verdad”.
WWF también celebra esta noticia y dice que “se inicia una nueva etapa para la protección de la biodiversidad”. De la misma manera, aplaude el fin del caos administrativo que se daba en diferentes territorios.
Los territorios, en contra
Galiza, Asturies, Cantabria y Castilla y León, donde habitan un 95% de los ejemplares, son territorios que se muestran en contra de esta medida y ya han anunciado que la recurrirán por vía judicial. Una de las razones que esgrimen es que este tipo de medidas favorecen la despoblación por el riesgo de abandono de actividad al incrementar daños a la ganadería extensiva.
En el mismo lado se encuentran las asociaciones agrarias UPA, COAG y ASAJA, que acusan a la medida de “urbanita e irresponsable” y piden la dimisión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En un comunicado señalan que “trabajaremos por que en el campo siga habiendo vacas, cabras, ovejas, caballos y demás animales. Y no solamente lobos”.
Por su parte, en Aragón, el PP y Ciudadanos en Uesca ya han mostrado su rechazo ante estas medidas de protección del lobo. El PP lo considera un “daño irreparable” al medio rural y Ciudadanos cree que es una “puñalada por la espalda para los ganaderos”.
