Profesorado denuncia el ninguneo a la educación pública

Desde el claustro del IES Tiempos Modernos, queremos realizar una valoración del proceso de enseñanza en línea. A este respecto cabe señalar que en el periodo entre el inicio de la docencia en línea, 16 de marzo, y las instrucciones finales, 29 de abril, todas las indicaciones de la Administración han sido confusas, contradictorias y no han facilitado la labor docente. De hecho, han supuesto una mayor carga de papeleo administrativo, debido a la constante necesidad de revisión del proceso educativo y de las tareas ya realizados. También queremos mostrar nuestro malestar con la sobrecarga que ha supuesto la docencia …

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Felipe Faci durante una reunión telemática sectorial. Foto: DGA.

Desde el claustro del IES Tiempos Modernos, queremos realizar una valoración del proceso de enseñanza en línea. A este respecto cabe señalar que en el periodo entre el inicio de la docencia en línea, 16 de marzo, y las instrucciones finales, 29 de abril, todas las indicaciones de la Administración han sido confusas, contradictorias y no han facilitado la labor docente. De hecho, han supuesto una mayor carga de papeleo administrativo, debido a la constante necesidad de revisión del proceso educativo y de las tareas ya realizados.

También queremos mostrar nuestro malestar con la sobrecarga que ha supuesto la docencia en línea por diversos aspectos: la falta de una plataforma propia de la Administración adecuada con la que trabajar; las horas extras que ha supuesto el aumento de la carga burocrática; la falta de medios informáticos facilitados a los docentes para el desempeño de su labor; la imposibilidad de atender correctamente en la enseñanza en línea de forma individualiza ante una ratio que es ya de por sí elevada; la dificultad para garantizar el derecho de desconexión de los docentes; provocada por el volumen de trabajo y una carga laboral, en definitiva, inasumible de forma continuada y que supone un importante quebranto de las condiciones laborales mínimas.

De igual manera, el conjunto del claustro quiere manifestar su profundo desacuerdo con la política desarrollada por la Administración, que nos ha dejado abandonados e indefensos ante la situación, ninguneando al colectivo docente e informando de cambios normativos sobre la marcha y, antes a los distintos medios de comunicación que a los propios profesionales de la enseñanza. En este sentido, es especialmente relevante la falta de protocolos que permitan la protección tanto de la privacidad del alumnado como del propio profesorado, que se ha visto especialmente expuesto. Esto no desentona con la política educativa desarrollada por la Consejería, ya que viene siendo tradición el legislar a espaldas de los profesionales de la enseñanza, sin tener en cuenta ni su bienestar laboral, ni sus reclamaciones.

De hecho, una vez más ha sido la profesionalidad de los docentes la que ha permitido desarrollar de la nada un nuevo sistema enseñanza, salvando la papeleta a la Administración. Administración que no ha tenido en cuenta la denominada “brecha digital”, tanto en familias como profesorado, a la hora de exigir el desarrollo de un sistema de enseñanza en línea, que tuvo que ser montado en 48 horas por los docentes. En ningún momento, a lo largo de este periodo se ha realizado la necesaria reflexión sobre las carencias y dificultades que se han debido superar de forma improvisada y no parece que la vaya a haber de cara al próximo curso. Se manifiesta una vez más la dejadez e ineficiencia de la Administración a la hora de afrontar y resolver las dificultades de la Educación.

Es más, de producirse, como parece presumible, una nueva situación de docencia en línea, la Administración no podrá justificar sus actuaciones en la improvisación y la emergencia, dado que desde marzo, han tenido tiempo suficiente para planificar un inicio de curso en septiembre, que pueda contemplar todos los escenarios. Todo ello nos hace presuponer que una vez más, la Administración y la Consejería volverán a dejar a sus trabajadores desamparados y sin medios y en una situación de total indefensión, que si ya ha sido especialmente dura y compleja de sobrellevar durante estos meses, en el medio y largo plazo es directamente inasumible.

Como conclusión, nos gustaría señalar no solo el despropósito que ha supuesto la enseñanza en línea, sino el papel primordial y básico del trabajo de aula, siendo la escuela y la docencia presencial insustituible por todo lo que aportan al alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje y que difícilmente puede ser replicado on line. Es más, la devaluación de este último modelo queda patente en la imposibilidad de control y seguimiento real del alumnado, quedando el papel de la educación y de los docentes reducido a un mero proveedor de tareas y papeles de cara a la sociedad y la Administración. La Educación y la escuela son mucho más que todo eso y los procesos de socialización, de promoción de los valores democráticos, de ruptura de aislamiento, de descubrimiento y potenciación del interés por el conocimiento no pueden realizarse en todas las etapas educativas en función de la calidad de conexión del ADSL, fibra o datos del dispositivo móvil.

Por todo ello, nuestra propuesta para una vuelta segura a las aulas pasa por:

  • Una bajada de ratios que haga posible mantener las recomendaciones sanitarias coherentes con un contexto de pandemia. Dicha reducción del número de alumnado por aula y profesor permite garantizar la salud tanto del alumnado y el profesorado como de sus familias respectivas. Además también posibilitaría una atención más individualizada para recuperar el tercer trimestre de este curso.
  • Contratar profesorado para permitir tanto dicha bajada de ratios como esa atención que nuestro alumnado se merece al tiempo que se garantiza la protección de su salud.
  • Habilitar espacios nuevos, ya que los centros se encuentran desde hace años saturados, utilizando bibliotecas, laboratorios y toda aula disponible.
  • Medios de protección individual y colectiva para todo el personal de los centros.
  • Hacer llegar a los centros la dotación económica que desde el gobierno central se ha puesto a disposición de las CC.AA. para la Educación pública.

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