El pasado jueves, 5 de febrero, tuvo lugar en Zaragoza una concentración convocada por ASDIFA (Asamblea por la defensa pública de la protección a la infancia y la adolescencia de Aragón) para denunciar “el deterioro progresivo de los servicios públicos destinados a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad” en nuestro país. A la convocatoria asistieron profesionales del servicio, así como profesionales de entidades públicas y privadas, sindicatos y representantes de partidos políticos.
Las movilizaciones se producen en un contexto marcado por la precarización de los recursos, denunciada reiteradamente y señalando “la falta de inversión, la saturación de los centros, la ausencia de sustituciones y las infraestructuras en mal estado”.
Un sistema tensionado y sin respuesta suficiente
El sistema de protección y reforma en Aragón, responsable de atender casos graves de desprotección y de ejecutar medidas judiciales con menores y jóvenes, requiere equipos estables, recursos suficientes y una coordinación sólida.
Sin embargo, los profesionales denuncian “plazas vacantes no cubiertas, sobrecarga de expedientes por trabajadora, centros con deficiencias estructurales graves, ausencia de planificación, falta de recursos adecuados para la atención de los y las menores y sus familias, y un aumento de incidentes y conflictividad”.
Una acción simbólica que visibilizó la precariedad
Durante la concentración se llevó a cabo una dinámica con globos naranjas, que cada participante infló en el lugar como símbolo del esfuerzo constante que se exige a los equipos. Mediante preguntas dirigidas al conjunto de asistentes —sobre cargas de trabajo, bajas sin cubrir, condiciones térmicas, ansiedad laboral o amenazas recibidas— se evidenció de forma visual la magnitud del problema. Los globos, con mensajes escritos por los profesionales, fueron posteriormente colocados en las verjas del IASS.
Para atender adecuadamente las necesidades de los y las menores y sus familias, los y las profesionales reclaman al Gobierno de Aragón el “reconocimiento como servicio esencial, cobertura inmediata de todas las plazas, ser considerados perfiles de difícil desempeño, una mejora de las condiciones laborales y estabilidad profesional, evaluación realista de las cargas de trabajo, y centros de trabajo seguros y adecuados”.
Bajo lemas como “La infancia importa, no se recorta” o “Menores atendidos, equipos protegidos”, las profesionales subrayan que la protección de la infancia requiere “voluntad política, inversión y un compromiso real con la calidad del sistema”. Las movilizaciones continuarán “mientras no se aborden los problemas estructurales que afectan tanto a los menores atendidos como a quienes trabajan con ellos”, concluyen desde ASDIFA.
