La Plataforma de Profesionales del Sector Social ha convocado movilizaciones en el Estado español este 20 de septiembre “para denunciar la precariedad del sistema de protección de menores”. En Aragón, será su capital, Zaragoza, donde también el día 20, una concentración a las 11:30 en la Plaza España, exigirá “medidas urgentes que garanticen la seguridad de los profesionales y el bienestar de los menores atendidos”.
La Plataforma, surgida tras el asesinato de una educadora en un centro de protección de Badajoz, ha emitido un comunicado en el que vuelve a denunciar “la precariedad estructural que afecta al sistema de protección de menores”. La entidad subraya que “la reciente agresión a una educadora social en un centro de Huelva, ocurrida mientras realizaba en solitario un turno de noche, pone de manifiesto la urgencia de adoptar medidas”.
“Esta grave agresión no constituye un caso aislado, sino el reflejo de problemas estructurales que ponen en riesgo tanto a los profesionales como a los propios menores atendidos”, recalcan desde la entidad, que entre los principales déficits señalados destacan “la falta de personal suficiente, los turnos en solitario sin medidas preventivas ni apoyo, ratios inasumibles y salarios muy por debajo del coste de vida”.
Por todo ello, reclaman “la adopción de medidas inmediatas, entre ellas, el refuerzo de plantillas en todos los turnos, la prohibición de trabajar en solitario en centros de menores y recursos de alta complejidad, un convenio colectivo que reconozca la peligrosidad, la nocturnidad y la carga emocional de la profesión”. Asimismo, desde la plataforma exigen “el compromiso político para evitar que se repitan situaciones similares y recuerdan que sin derechos laborales no hay derechos sociales”.
Por último, Héctor García, trabajador y representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Aragón, sindicato que apoya la convocatoria, señala que “no se trata de un hecho aislado ni de mala suerte. Se trata de un sistema que lleva años externalizando servicios y dejando a los trabajadores sin apoyo ni garantías. Esta agresión es la consecuencia de políticas que priorizan el ahorro sobre la seguridad de las personas”.
