Bajo el lema “Por una infancia y adolescencia (des)protegida desde los servicios públicos”, el colectivo formado por educadores sociales, trabajadoras sociales, psicólogas, personal administrativo, personal de servicios auxiliares, ha hecho un llamamiento urgente al Gobierno de Aragón y a la sociedad aragonesa “para visibilizar una situación crítica que pone en riesgo derechos fundamentales”.
“El trabajo que realizamos representa el último nivel de intervención institucional. Atendemos casos graves de desprotección, pero lo hacemos en condiciones cada vez más precarias: falta de personal, sobrecarga laboral, inestabilidad e infraestructuras indignas”, señalan los y las profesionales convocantes.
Amplia participación en la concentración
La concentración, celebrada este pasado jueves 23 frente a las instalaciones del Departamento de Bienestar Social y Familia de la DGA en Zaragoza, ha sumado “una alta participación de profesionales del sistema de protección de menores”, así como “con el apoyo de otros agentes sociales, representantes de sindicatos, entidades colaboradoras y ciudadanía sensibilizada con la situación”, subrayan.
Durante el acto se ha leído un manifiesto en el que se ha puesto de relieve la gravedad de la situación actual, y se han escuchado testimonios que han visibilizado tanto las condiciones de trabajo como las consecuencias directas en la atención a menores y familias vulnerables.
Los y las participantes han coincidido en señalar la “necesidad de un cambio inmediato en la gestión institucional de los servicios de protección” y en exigir “un compromiso real con los derechos de la infancia y la adolescencia”.
Un sistema colapsado y sin respuesta institucional
Desde hace tiempo, los equipos de protección y reforma vienen alertando “del agravamiento de las problemáticas sociales y familiares que afectan a la infancia”. Sin embargo, aseguran que la respuesta institucional “es insuficiente”. Esta situación se ha visto agravada “por una política de personal que en los últimos años deja numerosas plazas vacantes y bajas médicas de larga duración que no son sustituidas”. Esto hace que la atención a los y las menores y jóvenes se vea deteriorada. A esto se unen otros aspectos, como que “en Zaragoza, por ejemplo, trabajamos en un edificio con graves deficiencias que afectan directamente a nuestra salud laboral y a la calidad de la atención que podemos ofrecer”, recalcan.
Los y las profesionales denuncian además la “falta de diálogo y respuesta” por parte del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. “Hemos enviado escritos, solicitado reuniones, trasladado nuestras preocupaciones, pero seguimos sin ser escuchadas”.
Esta situación, añaden, dificulta la coordinación con comarcas, ayuntamientos, centros de protección, entidades colaboradoras y otros recursos esenciales, “comprometiendo una intervención integral y eficaz”.
Reivindicaciones claras y urgentes
Coincidiendo con la jornada de huelga en el sector —aunque en una acción independiente— los y las profesionales comparten las mismas demandas fundamentales: un compromiso institucional firme con los derechos de la infancia y adolescencia, y con la dignidad laboral de quienes los atienden.
Entre las reivindicaciones destacan, el “reconocimiento del sistema como servicio esencial”, la ·”cobertura inmediata de todas las plazas necesarias y la mejora de las condiciones laborales y estabilidad profesional”, plantean también realizar una “evaluación realista de las cargas de trabajo. Centros de trabajo seguros y adecuados. Y reconocimiento como perfiles de difícil desempeño”.
“Basta de invisibilizar nuestra labor”
“Decimos basta. Basta de invisibilizar nuestra labor. Basta de poner en riesgo los derechos de quienes más necesitan protección. Por una intervención de calidad para niños y adolescentes. Por los profesionales que no pueden más. Por un sistema que debe proteger y no abandonar”, enfatizaban.
Finalmente, las y los convocantes recordaban que “proteger a la infancia y adolescencia no es una opción, sino una obligación legal y ética del Estado”. Y advierten que “sin medidas urgentes, la situación seguirá empeorando, con graves consecuencias para la sociedad en su conjunto”.
