Este martes 27 de febrero, varios colectivos, entre los que se encuentran el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y Xnet, han presentado públicamente una querella criminal -tramitada el pasado 21 de febrero ante la Audiencia Nacional- contra el presidente de la constructora ACS y máximo mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios exministros y exministras, entre los que se encuentran: Joan Clos y Miguel Sebastián (exministros de Industria, Comercio y Turismo con el PSOE); José Manuel Soria (exministro de Industria, Comercio y Turismo con el Partido Popular); Magdalena Álvarez (exministra de Fomento con el PSOE); y Elena Espinosa Mangana (exministra de Medio Ambiente y Agricultura con el PSOE).
La querella, en la que también están incluidos el exconsejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat valenciana, Juan Gabriel Cotino Ferrer, y el exsecretario General de Energía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ignasi Nieto Magaldi, tiene como objetivo dirimir sus “responsabilidades” en el Proyecto Castor bajo los posibles delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos.
“La querella se presenta ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional por su competencia en los casos de defraudaciones que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, de la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”, explican desde los colectivos denunciantes.
“La ciudadanía se encuentra frente a la posibilidad de tener que asumir el pago de la cantidad de 1.350.730.000 euros que, con intereses, asciende a 2.419.940.000 euros o bien en la factura del gas, como ha pasado hasta ahora, o bien por los presupuestos del estado”, aseveran.
Desde dichos colectivos aseguran que se oponen “frontalmente” a esta situación, llevando a cabo “esta acción ciudadana coordinada” que tiene una serie de objetivos. Entre ellos se encuentra el “no pago de la indemnización, sea cual sea el mecanismo utilizado, y el retorno de los pagos anteriores, así como el desmantelamiento de la Plataforma Castor y que el coste de éste se impute a las empresas responsables de su fracaso”.
Al mismo tiempo denuncian “la connivencia de los gobiernos con operaciones destructivas para el bienestar de la población en el marco de un contexto de corrupción sistémica y sistemática”.
Pretenden también con esta querella dejar patente “la ‘burbuja del gas’ que ha convertido el sistema gasista en deficitario por la construcción de infraestructuras que han quedado en desuso o con una utilización muy por debajo de lo esperado”. Y critican a su vez el “modelo de grandes infraestructuras, grandes inversiones y grandes corporaciones, que se impone por encima de las necesidades de la población generando impactos sociales, ambientales y generando deuda ilegítima”.
Del mismo modo, solicitan la colaboración ciudadana para hacerles llegar “información sensible que hasta ahora no haya visto la luz”. Para ello han habilitado un “buzón anónimo y seguro” para recibir dicha información con “todas las garantía para las fuentes”.
Por otra parte, desde estos colectivos afirman haber detectado una serie de anomalías dentro del Proyecto Castor, como por ejemplo que “la constructora es también concesionaria y no tiene apenas competidores”; que “el contrato incluye una cláusula que admite dolo o negligencia”; la “modificación de los lindes del mar ad hoc”; la detección de “varias anomalías en los informes de impacto ambiental y sísmico”; así como la “ampliación del plazo de renuncia de la concesión para evitar que esta caducara”; y finalmente denuncian que “no se ha planteado ninguna distribución de los daños ni moratoria”.
Qué es el Proyecto Castor
Se denomina Proyecto Castor a un almacén geológico de gas en un antiguo yacimiento de petróleo que, una vez finalizada la etapa de extracción petrolera, se planteó utilizar para depositar gas 22 kilómetros mar adentro.
Estaba conformada por tres elementos: 1) una plataforma marítima que comprendían una plataforma de trece pozos de los que ocho se utilizaban de forma reversible para la inyección y extracción de gas, cuatro de observación y uno para inyectar líquidos del gas extraído y una plataforma de procesos; 2) una planta de operaciones en tierra con equipos de compresión; y 3) un gasoducto de 30,3 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de diámetro, con un trayecto submarino de 21,6 kilómetros y otro terrestre de 8,7 kilómetros para transportar el gas natural entre la plataforma de procesos (en el mar) y la planta de operaciones (en tierra) y viceversa. La infraestructura se encuentra situada en aguas y terrenos de las zonas de Castelló y Tarragona.
“Se trata de una infraestructura compleja que se planteó utilizar para almacenar gas en un antiguo yacimiento de petróleo (los ya existentes utilizan antiguos reservorios de gas agotados) y derivada de la pretendida extraordinaria necesidad de almacenaje para la seguridad energética y el consumo de gas a tenor de los informes de previsión realizados por la Secretaría General de Planificación Energética de los años 2002-2011, con revisión en el año 2005-2011, que posteriormente se han constatado como manifiestamente excesivos, según reconoce el informe de la CNE de 2012 que critica la planificación gasista de los años anteriores”, explican desde los colectivos denunciantes.
