El comité de empresa de la Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM) y la sección de Intervención Social y Educación no Formal del Sindicato de Enseñanza de Aragón y Rioja han decidido interponer un recurso potestativo de reposición ante la consejera de ciudadanía y derechos sociales del Gobierno de Aragón, en materia de contratación tras la publicación en el BOA del pasado 27 de noviembre, por la que se convoca procedimiento para el establecimiento de acuerdos de acción concertada para la prestación de Servicios de Atención Educativa Residencial Integral de Centros Propios de Protección a la Infancia.
El comité de FAIM y el sindicato de enseñanza denuncian la aparición de la categoría “técnico de integración social”, figura inexistente hasta ahora en estos centros, e inexistente en los centros de titularidad propia del IASS.
Esta categoría conviviría con el resto de trabajadores y trabajadoras (hasta ahora todos y todas educadores y educadoras sociales). Consideran que la aparición de esta categoría tiene la clara intención de "contratar personal por menos salario para la misma función, aunque en pliegos se definan las funciones de unos y de otros, en la práctica habitual de las entidades y del trabajo diario es imposible distinguir qué es labor del educador o de la educadora y qué es labor del técnico, generando así una situación de desigualdad dentro de un mismo entorno laboral". Asimismo, denuncian el "intrusismo laboral" que se está dando en este sector.
Al mismo tiempo, asegura que en los pliegos de condiciones no observan ningún punto que haga referencia a la revisión del Índice de Precios de Consumo (IPC). "De hecho, no se incrementa ni un euro la cuantía del contrato hasta 2022 o hasta 2028 en caso de prórroga, congelando la nómina de los y las trabajadores y trabajadoras 10 años", aclaran.
Subrayan, además, que "la no regulación del IPC es una práctica habitual dentro de la educación no formal y en subcontratas dependientes de DGA y Ayuntamiento".
"Un ejemplo claro de esta congelación salarial son los más de 100 trabajadores y trabajadoras de Casas de Juventud y PIEES, que llevan desde el 2008 cobrando exactamente lo mismo con la pérdida de poder adquisitivo que esto conlleva, y que con los últimos pliegos firmados por el Servicio de Juventud se les condenan a cuatro años más de congelación salarial".
Finalmente, CGT Intervención social y educación no formal expone "una vez más que los menores bajo tutela de la administración y los servicios relacionados con ellos nunca pueden ser objeto de negocio, ahorro o rebaja y denunciamos la precariedad general que rodea el trabajo de la educación social y no formal, de la que se aprovechan claramente las instituciones.
Por ello hacen un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de lo social "a unirse y pelear por sus derechos en sindicatos, colegios profesionales o asambleas independientes y a trabajar por la visibilidad y respeto que se merece nuestra labor social".
