La Federación Aragonesa de Solidaridad ha presentado esta mañana en las Cortes de Aragón el “Informe sobre la Cooperación Descentralizada Aragonesa 2011” en el que se analiza la situación y evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo de las diferentes administraciones aragonesas. El Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo de Aragón, es un informe de carácter anual que la FAS realiza desde el año 2002, con el fin de analizar la situación de la cooperación descentraliza aragonesa, trasladarla a la sociedad y sugerir mejoras a la Administración.
Del Informe AOD 2011 desde la FAS destacan que “ha disminuido la cantidad dedicada a Cooperación al Desarrollo por la mayoría de las administraciones aragonesas. De las instituciones analizadas en el informe, las que nos han contestado, sitúan su media en el 0,18% sobre su presupuesto total”.
“El Gobierno de Aragón destinó en 2.011 un 0,14% de su presupuesto a ayuda al desarrollo: 7.380.000 euros. En 2012, el presupuesto ha sido de 5.636.300 un 0,11%. Y en el proyecto de presupuestos de 2013 figura una cantidad de 2.500.000 euros un 0,05%”, denuncia la FAS.
“El Ayuntamiento de Zaragoza destinó el año pasado 3.269.472 euros el 0,48%”, señala la FAS, y recuerda que “todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza firmaron en 2007 el 'Pacto contra la Pobreza' por el que se comprometían a llegar al 0,7% en 2011. Mientras el Gobierno de Aragón ni siquiera se ha comprometido con una fecha”.
Como positivo apuntan que “en el informe destaca la aportación del Ayuntamiento de Chaca que se eleva a un 0,62%, el porcentaje más alto entre las instituciones aragonesas”. El resto de administraciones aragonesas también está muy lejos del 0,7%, así “en el Ayuntamiento de Uesca es un 0,12%, en el Ayuntamiento de Teruel el 0,43%, el Ayuntamiento de Fraga un 0,28%, el Ayuntamiento de Samianigo un 0,10%, o los bajísimos datos de los Ayuntamiento de Alcanyiz o el de Cuarte d'a Uerba con un 0,01%”.
En la comparecencia de esta mañana, la FAS también ha hablado de 1994, año en el que un grupo de ciudadanos y ciudadanas comienzan con las reivindicaciones solicitando que se destine el 0,7 % de los presupuestos a proyectos de cooperación al desarrollo.
También han recordado a los diputados y diputadas su labor como gestores que han sido elegidos para contribuir a que cada vez seamos mejores ciudadanos y ciudadanas, personas más formadas, con mayor sensibilidad y generosidad, para contribuir a construir una sociedad con valores que ayude a transformar, que trabaje desde la corresponsabilidad. “No pueden, ni deben quedarse con el mensaje fácil y 'populista' de primero los de aquí. Nosotros no vamos a entrar en la fórmula de pobres contra pobres. Hay que asumir responsabilidades y cumplir compromisos con las personas”, señalaban desde la FAS.
Asimismo desde la FAS han explicado que “han sido casi 20 años manteniendo la reivindicación del 0,7 y seguiremos manteniéndola porque consideramos que la cooperación internacional para el desarrollo es una política eficaz en la lucha contra la pobreza en la medida en que afronta tanto las causas que generan pobreza y exclusión como sus consecuencias. Que se han conseguido avances significativos en la reducción de los niveles de pobreza extrema en todo el mundo, en la lucha contra la mortalidad infantil, en el acceso a la educación primaria, en el acceso a agua potable y en el avance en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, entre otros. Que en los últimos años estamos asistiendo a un desmantelamiento de las políticas públicas de solidaridad y cooperación, y otras políticas sociales, bajo el argumento de 'cumplir con la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y déficit público', afectando directamente a las personas más vulnerables, tanto en nuestro país como en los países en los que la cooperación aragonesa trabaja”.
Para finalizar las representantes de la FAS han invitado a los diputados y diputadas “a que promuevan una política de desarrollo y cooperación integral, que priorice los procesos de desarrollo y que integre el conjunto de políticas públicas –migratorias, comerciales, financieras- que afectan a la lucha contra la pobreza. Que se reconozca el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil como actores relevantes de desarrollo, favoreciendo el ejercicio de sus roles como interlocutoras con las sociedades de países empobrecidos, ejecutoras de programas y proyectos, en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas de desarrollo, agentes de educación para el desarrollo en nuestra sociedad, etc. Que se paralicen los recortes en políticas de cooperación. Que se obtengan ingresos fiscales a partir de otras medidas más justas, como una fiscalidad progresiva que grave a los que más tienen, la lucha contra el fraude fiscal, la lucha contra la corrupción, la eliminación de los paraísos fiscales, la implementación de una tasa a las transacciones financieras y su dedicación a las políticas sociales en nuestro país y a la cooperación con los países empobrecidos”.
