La asociación medioambiental Ecologistas en Acción de Samianigo se encuentra integrada en la Plataforma ‘Stop Cerdos Canal de Berdún’ debido a la amenaza de la proliferación de granjas intensivas de ganado porcino. “Hace un año, en Canal de Berdún, se presentaron siete solicitudes de forma casi simultánea de granjas para 1.999 cerdos cada una, por eso se constituyó la plataforma”, explican.
Esta forma de explotaciones son tremendamente nocivas para el territorio y sus residuos un peligro para las aguas el medio ambiente y el natural de la comarca. “Los ayuntamientos de Chaca, Puente la Reina y Canal de Berdún tienen declarada una moratoria para las granjas de porcino intensivo, pero las grandes empresas integradoras no descansa buscando promotores en la zona”, aseguran desde Ecologistas en Acción.
Enterados ahora del periodo de información pública por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) de la ampliación de una explotación de cebo de 6.240 plazas en el término municipal de Puente la Reina, desde esta Plataforma se ha presentado un escrito de alegaciones basado en los siguientes argumentos:
En primer lugar, recordando “la moratoria municipal que tiene aprobada la corporación municipal de Puente la Reina, así como la de los ayuntamientos de Jaca y Canal de Berdún”.
En segundo lugar, “la ausencia del preceptivo Informe de Compatibilidad Urbanística que debía acompañar al expediente, emitido por los ayuntamientos de Puente la Reina y el de Canal de Berdún, puesto que la afección es directa sobre sus dos términos municipales. Esta carencia, invalida la admisión a trámite del expediente”.
Del mismo modo, se advierte de “las afecciones e impactos sobre el Bien de Interés Cultural tal como está declarado el Camino de Santiago, que contraviene la Legislación aragonesa, la Estatal y directivas UE”. Además del “flagrante incumplimiento de la Normativa Europea de ‘Bienestar Animal’ en la Directiva 2008/120/CE de obligado cumplimiento y transposición en todos los países de la UE”.
Por otra parte, “el erróneo y malintencionado cálculo de hectáreas para la dispersión de purines, que ignora Normas, Decretos, Órdenes Departamentales, Informes técnicos y sobre todo las características agroclimáticas de la zona, pretendiendo que con 215,34 hectáreas de cultivo de dispersión es suficiente, cunado serían necesarias, no menos de 439,99 hectáreas”. Provocando que “el exceso de nitrógeno aportado” contamine aguas del acuífero del río Aragón y las aguas del mismo cauce.
Para esta Plataforma, existen “fundadas dudas sobre el suministro de agua necesaria para la pretendida explotación porcina, pues el teórico pozo que extraería aguas del acuífero del río Aragón, no soportaría la extracción en varios de los meses de estiaje tal como refleja la estación de aforos de Martes, en la que algunos días de verano pasado solo midió 0,1 metros cúbicos por segundo”. Además de “no aportar permisos del Organismo de Cuenca ni dimensionamiento de los necesarios cálculos de volúmenes de reserva”.
También existen “severas dudas” sobre la granja preexistente que se pretende ampliar. “Pues en el Sistema de Información Geográfica de Aragón (SITAR), no aparece granja legalizada alguna en el emplazamiento de la actual granja”.
Por último, denuncian la “incompatibilidad” de esta actividad con otras iniciativas socioeconómicas de la zona. “Está más que demostrada la incompatibilidad de las granjas de cerdos con otras actividades y en concreto con las ligadas al turismo de cualquier naturaleza”, señalan. “Puente la Reina, Berdún y los otros términos municipales de la zona tienen un potencial turístico muy rico y diverso que está en claro auge y no ha logrado, ni de lejos, el desarrollo que permiten todos los recursos disponibles”. De hecho, “el mismo Estudio de Impacto Ambiental refleja que el 49% de los puestos de trabajo de la zona son del sector servicios”.
Por todo lo expuesto Ecologistas en Acción se ha interesado “formalmente en el expediente administrativo personándose en tiempo y forma, solicitando la desestimación total del mismo en función de las graves carencias técnicas y defectos del documento a estudio”. “En caso necesario se pide el derecho de consultas previas en cada etapa del procedimiento administrativo”, concluyen.
