Podemos pide al Gobierno de Azcón retirar las ordenanzas y "empezar de cero" otra "propuesta justa" tras anular el TC el impuesto de plusvalía

"Cambiadas las reglas del juego de modo repentino, aún se hace más evidente el fracaso de los criterios del PP y del Gobierno Azcón privilegiando a las rentas más altas", ha criticado Fernando Rivarés tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía en el Estado español

Tribunal Constitucional español. Foto: K3T0 (CC BY 3.0)

El Tribunal Constitucional (TC) anuló este lunes el impuesto de plusvalía en el Estado español, regulado por una norma creada por el Gobierno de José María Aznar. Este impuesto, muy bonificado en Zaragoza, es una de las principales fuentes de financiación para los ayuntamientos. En la capital aragonesa es el segundo tributo en importancia del Consistorio después del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El fallo, del que se conocerán más detalles en los próximos días y que deja en suspenso el cobro del tributo por parte de los ayuntamientos, cuyo cálculo ha estado en entredicho durante los últimos años, considera inconstitucionales distintos apartados del artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece la base imponible de este impuesto, y declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes hasta la fecha. La sentencia no se aplicará con carácter retroactivo, aunque puede afectar a los litigios sobre plusvalías todavía vivos y pendientes de decisión judicial,

Tras el anuncio del TC sobre el impuesto de plusvalía, Podemos ha pedido al Gobierno de Zaragoza (PP-Cs) que retire todas las ordenanzas y "empezar de cero otra propuesta justa". Precisamente, este miércoles, se celebra una Comisión extraordinaria de Hacienda en la que se iban a aprobar los votos particulares al proyecto de ordenanzas fiscales presentado por el equipo de gobierno de PP-Cs. Unas ordenanzas duramente criticadas por la formación morada y por Zaragoza en Común.

En una nota de prensa, Podemos recuerda que en 2021, el presupuesto municipal de la capital aragonesa "preveía un cobro de 36 millones de euros a pesar de las bonificaciones aprobadas desde 2015 y ampliadas cada año". "Es un impuesto volátil porque depende de las herencias y las defunciones, pero en 2015 llegaron a recaudarse hasta 63,5 millones. Su desaparición hace imprescindible que este miércoles sean retirados todos los expedientes sobre tasas e impuestos de las ordenanzas fiscales de 2022 y comenzar de cero con adecuación a la nueva realidad", ha manifestado el portavoz de la formación morada, Fernando Rivarés.

En este sentido, Podemos propone que la nueva propuesta sea "de urgencia" y elaborada entre todos los grupos municipales "bajo un criterio claro: la progresividad que establece el artículo 31 de la Constitución y el principio de cobrar más de quien más puede y menos de quién menos tiene".

El Grupo Municipal de Podemos plantea así establecer un gravamen mayor en IBI e IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) a inmuebles cuyo valor en el catastro supere los 700.000 euros, eliminar toda bonificación a las empresas que pagan IAE por facturar más de un millón de euros anuales -que se desgravan luego ante el Estado- o la creación de impuestos municipales ligados a la renta.

"Cambiadas las reglas del juego de modo repentino, aún se hace más evidente el fracaso de los criterios del PP y del Gobierno Azcón privilegiando a las rentas más altas", subraya Rivarés.

Asimismo, Podemos ha ofrecido su colaboración para que las nuevas ordenanzas "sean de urgencia y por acuerdos amplios". "De lo contrario, la alternativa será recortar servicios públicos o aumentar el IBI, a lo que Podemos se niega rotundamente. Cualquiera de las dos opciones no son viables en un contexto de crisis económica y social ni es un enfoque que compartamos desde Unidas Podemos. Es, además, urgente una Ley de financiación local que garantice la autonomía y sostenibilidad de los ayuntamientos", concluye el portavoz de Podemos.

De momento, la respuesta del Gobierno de Zaragoza ha sido afirmar que "hasta que no se publique la sentencia el Consistorio tiene la obligación de seguir tramitando el impuesto", según ha informado la titular de Hacienda, María Navarro. En Teruel, la alcaldesa Emma Buj (PP), ha asegurado que las plusvalías suponen un 6% de los ingresos municipales. Por su parte, el ayuntamiento de Uesca, gobernado por el PSOE, recauda cerca de 1,5 millones de euros cada año por este tributo, "es el tercer impuesto más importante tras el IBI y el impuesto de circulación de vehículos", ha asegurado su concejal de Hacienda, José María Romance.

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