Podemos ha reclamado en el Parlamento Europeo que se aplique una ecotasa al carbón de importación en el Estado español y que se realice una auditoría de las ayudas y fondos mineros como "medidas imprescindibles e urgentes para cerrar la puerta al carbón importado". Así lo ha explicado la diputada de Podemos en las Cortes de Aragón Marta Prades, quien se trasladó el pasado jueves hasta Bruselas para participar en un encuentro junto a mineros de Aragón, Asturies y León.
“El dinero se ha dilapidado y han dejado a todo un sector y a las zonas donde estaba implantado sin ningún futuro, sin alternativa”, criticó Prades. “La población de las cuencas mineras turolenses lleva décadas poniendo su trabajo y potencial humano al servicio de estas empresas energéticas y ahora no se les puede dejar tirados, sin un camino hacia la reindustrialización y transición hacia otro modelo productivo, en la que se tenga en cuenta el valor añadido de su trabajo y experiencia”, señaló.
Concretamente, la representación turolense estuvo compuesta por la propia Prades, Damián Martínez Camarasa, participante de la Mesa de la minería, María Ángeles Manzano y María Dolores, como mujeres del Carbón de Aragón. En Bruselas les recibió la eurodiputada de Podemos Estefanía Torres, miembro de la comisión de Medio Ambiente, y el responsable del área de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral.
El encuentro abordó la situación de “abandono y agonía” de las cuencas mineras en todo el estado “tras décadas de inacción y abandono” por parte de las instituciones así como el incumplimiento reiterado por parte del Gobierno español “de los compromisos adquiridos con el sector de la minería, en concreto en lo que respecta al Plan del Carbón, vigente hasta el año 2018 pero que ha sido sistemáticamente incumplido hasta la fecha”.
También se habló de soluciones. Podemos promueve diseñar un impuesto adicional para el carbón importado que no cumpla los requisitos medioambientales y laborales de la Unión Europea y auditar las ayudas que han llegado a todas las cuencas mineras en el Estado español en los diferentes planes para el sector y que ascienden a 20.000 millones de euros.
