El objetivo de esta batería de preguntas escritas es saber si pacientes crónicos de enfermedades que requieren suministro de fármacos antivirales, como ocurre con la hepatitis C, reciben el adecuado tratamiento mientras cumplen su condena.
Del total de 22.500 personas afectadas por hepatitis C en Aragón, 1.260 reciben tratamiento, según la Consejería de Sanidad. Sin embargo, se desconoce el número de personas presas afectadas por el virus en Aragón y si todas reciben el tratamiento adecuado. "Lo que sí se sabe es que se trata de una población especialmente vulnerable, ya que, según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, entre un 25% y un 30% de la población presa padece hepatitis C en alguno de sus grados, un índice que baja al 2% si hablamos del total de la población", apunta la formación morada.
Instituciones Penitenciarias ha denunciado las carencias de los convenios de colaboración que existen entre el Ministerio del Interior y los gobiernos territoriales, lo que ha culminado con una demanda por vía contenciosa a todas las CCAA. "Esta falta de coordinación entre ambas administraciones podría tener como consecuencia que los afectados por hepatitis C que viven privados de libertad no estén recibiendo tratamiento de última generación como sí lo hacen aquellas personas que no viven en prisión", añaden.
Por todo ello, Podemos Aragón ha preguntado al Gobierno aragonés en qué estado se encuentra el convenio con Instituciones Penitenciarias, así como el contencioso; cuántas personas presas reciben pruebas diagnósticas; cuántas deberían recibir tratamiento y cuántas lo reciben realmente; cómo se están financiando los suministros y si existen retrasos de algún tipo en los pagos; así como cuántos médicos especialistas pasan consulta en las prisiones aragonesas.
