Podemos exige la paralización inmediata de las prospecciones petrolíferas en Canarias y que se consulte a la ciudadanía sobre proyectos similares en un futuro

El eurodiputado aragonés Pablo Echenique-Robba participará en los próximos días en dos encuentros ciudadanos sobre las prospecciones petrolíferas en las Islas Canarias. Estos encuentros se realizarán el viernes 19 de septiembre a las 18.00 en el Aulario del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (Tenerife) y el sábado 20 de septiembre a las 12.00 en el Teatro del Cruce de Arinaga (Gran Canaria). Estos eventos informativos de cara a la ciudadanía se enmarcan dentro de la campaña europea que está realizando Podemos contra las prospecciones petrolíferas en territorio canario. Desde 2005, el Archipiélago Canario está reconocido por …

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El eurodiputado aragonés Pablo Echenique participa en Canarias en dos encuentros ciudadanos sobre las prospecciones petrolíferas. Foto: Azarug

El eurodiputado aragonés Pablo Echenique-Robba participará en los próximos días en dos encuentros ciudadanos sobre las prospecciones petrolíferas en las Islas Canarias. Estos encuentros se realizarán el viernes 19 de septiembre a las 18.00 en el Aulario del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (Tenerife) y el sábado 20 de septiembre a las 12.00 en el Teatro del Cruce de Arinaga (Gran Canaria). Estos eventos informativos de cara a la ciudadanía se enmarcan dentro de la campaña europea que está realizando Podemos contra las prospecciones petrolíferas en territorio canario.

Desde 2005, el Archipiélago Canario está reconocido por la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas como Zona Marítima Especialmente Sensible. Las islas cuentan también con tres Reservas Marinas de Interés Pesquero, entre ellas la de mayor extensión de Europa, La Graciosa, que se sitúa en el entorno de un afloramiento marino que ejerce de auténtico pulmón oceánico a escala planetaria. El patrimonio natural de las islas atesora 19.550 especies y 693 subespecies de fauna y flora marina y terrestre extendidas en más de 150 Espacios Naturales Protegidos, con gran presencia de especies endémicas y en peligro de extinción.

Las perforaciones que pretende realizar Repsol con el aval del Gobierno están situadas a sólo 50 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura, en un lecho marino de frecuente actividad sísmica. Todos los estudios realizados, incluyendo los efectuados por el Gobierno español y la propia petrolera, reconocen la posibilidad de derrames y mareas negras que impactarían en todas las islas y también en la costa africana, así como los impactos que ello conllevaría. El propio Ministerio del Ambiente del Estado español establecía en una Declaración de Impacto Ambiental de 2011 que “la realización de actividades que incluyan el uso de sonares activos de baja y media frecuencia y alta intensidad especialmente los utilizados en maniobras militares, actividades de prospección o explotación petrolera o de gas o estudios sísmicos u oceanográficos que incluyan dichas emisiones, deben prohibirse”. Un derrame que alcanzara las costas de las islas podría trasformar una catástrofe ambiental en una catástrofe humanitaria ya que la totalidad del agua potable para más de 300.000 residentes procede de las plantas potabilizadoras.

Estos encuentros ciudadanos se enmarcan dentro de una campaña a nivel europeo en la que Podemos y otras organizaciones políticas están pidiendo a las autoridades españolas y europeas que adopten las medidas apropiadas para paralizar de forma inmediata y definitiva las perforaciones de Repsol o de cualquier otra entidad interesada en la localización y explotación de yacimientos hidrocarburíferos en las aguas que circundan las Islas Canarias. Además, Podemos considera que deben aplicarse las normativas ambientales de la Unión Europea, incluido el principio de precaución.

En esta campaña se exige, además, que se consulte a la ciudadanía canaria antes de formular cualquier futuro proyecto de manera a evaluar la pertinencia social y la viabilidad del mismo, anteponiendo la demanda y los intereses de la ciudadanía a cualquier otra consideración de tipo económico-mercantil.

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