Maru Díaz ha advertido, en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, que el Gobierno de Aragón está apurando los plazos a la hora de dar el visto bueno a las leyes del parlamento, con el objetivo de “retrasar la tramitación” del proyecto de Ley de Autónomos presentado por Podemos Aragón.
La portavoz de Podemos Aragón ha recalcado que fue el Gobierno de Javier Lambán el que anunció a principio de legislatura que presentaría una Ley de Autónomos. “Estamos tres años sin que traigan su ley”, lo que motivó que su grupo parlamentario registrara su propuesta el pasado 2 de abril. “El gobierno tiene la potestad de retrasar esta ley unos días, pero nunca usa todos los días preceptivos, y ahora sospechamos que hay un interés intencionado en estar retrasando la ley, para que obligatoriamente nuestra ley se tramite después de que se tome en consideración la suya”, ha asegurado Díaz.
Desde Podemos entienden que esto supone la obstaculización de la actividad parlamentaria, y consideran que el Gobierno ha tenido tres años para tramitar su ley y que no hay ninguna excusa para que se paralice la actividad de las Cortes de Aragón. “Esperamos a ver que excusa nos dan los letrados del Gobierno para ver porqué se retrasa una ley que es fundamental”, ha apostillado la portavoz.
Podemos Aragón preparó esta ley junto con el colectivo de autónomos con la intención de crear un marco propio legal que dé respaldo y protección a este tipo de trabajadores y trabajadoras, que representan más del 15 por ciento de la población activa del territorio aragonés.
Existen 105.387 personas dadas de alta en el Régimen Especial de Autónomos en Aragón (a fecha de 31 de diciembre de 2017), de las cuales 62.828 son autónomos propiamente dichos (no integrados en sociedades). Los colaboradores familiares ascienden a 6.362.
Para Maru Díaz esta estrategia es similar a la que realiza el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. “Es legal bloquear la acción parlamentaria pero de dudosa legitimidad”, ha asegurado, recordando que es la primera vez que el gobierno apura los plazos, en cierto modo aprovechando los días festivos –semana santa y Diya d’Aragón–, ha conseguido que haya una ley desde el 2 de abril que no se está pudiendo tramitar en las Cortes.
“Tienen un plazo máximo, hasta el 11 de mayo, y creemos que van a apurarlo”, lo que obligaría a una tramitación en finales de mayo para una ley “que lleva tres años de retraso”, algo que podría cuestionar su puesta en funcionamiento antes de acabar la legislatura.
