Ecología

Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón: “El PGOU de Montanuy -Castanesa- es un zombi jurídico”

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón ante las noticias publicadas a raíz de la sentencia que declara ilegal el Plan General de Ordenación Urbana -PGOU- de Montanuy, ve necesario puntualizar que “Naturaleza Rural es una más de las asociaciones que integran la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón -PDMA-, y...
| 17 febrero, 2014 17.02
Obras de ampliación de Formigal -Espelunciecha- | Foto: PDMA

Obras de ampliación de Formigal -Espelunciecha- Foto: PDMA

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón ante las noticias publicadas a raíz de la sentencia que declara ilegal el Plan General de Ordenación Urbana -PGOU- de Montanuy, ve necesario puntualizar que “Naturaleza Rural es una más de las asociaciones que integran la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón -PDMA-, y que fue comisionada para la presentación del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón -TSJA- por estar radicada en el territorio directamente afectado por el despropósito urbanístico; por tanto Naturaleza Rural representa al conjunto de la PDMA ante los tribunales”.

“Aunque la sentencia sea recurrida en casación, el PGOU no dejará de ser un ‘zombi Jurídico’, tal como define un eminente jurista los planes anulados por sentencia y recurridos en casación. Cualquier actuación que se pretendiese llevar a cabo al amparo de un Plan anulado y pendiente de resolverse en casación ante al Tribunal Supremo, podría dar lugar a graves responsabilidades patrimoniales para el Ayuntamiento si autoriza actuaciones, en el caso de que se desestime el recurso. En este caso hasta los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, en primer lugar desaconsejaron recurrir y cuando han sido forzados políticamente, han manifestado la dificultad de que prospere el recurso en casación al Supremo”, denuncia la PDMA.

Asimismo, desde la Plataforma insisten en que “no es cierto que el PGOU se haya anulado por un defecto de forma, el Tribunal señala acertadamente que el Plan ignora el alto valor ecológico de la zona en la que se actúa. Además la ausencia injustificada de una Evaluación Ambiental Estratégica distorsiona profundamente el contenido del documento permitiendo unas desmesuradas superficies urbanizables. Plantear la redacción de un nuevo Plan con las mismas superficies reclasificadas es un verdadero disparate y demuestra la ignorancia supina del alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica, considerándola como un mero trámite formal”.

“El Gobierno de Aragón, Aramón y el alcalde -de Montanuy- deberían dejar de tomar el pelo a la gente y explicarles que el modelo propuesto en el Plan anulado es inviable y así ha quedado demostrado en la ampliación de Formigal donde la sociedad urbanística Articalengua-Las Bozosas, que iba a proporcionar los fondos para sufragar la ampliación de la estación, está en situación de quiebra. Así se evitarían estrambóticos alardes de victimismo vecinal”, explican.

El desorbitado Plan de ‘Ordenación’, que permitiría construir 4.053 viviendas en suelo urbanizable y un número indeterminado en el delimitado como urbano, está seriamente amenazado, según detalla la PDMA, porque “el Plan de Interés General caduca el próximo mes de septiembre y la Declaración de Impacto Ambiental caduca por segunda vez en diciembre. Los planes urdidos entre Aramón y el Ayuntamiento solamente han conseguido dilapidar 30 millones de euros, que el municipio haya perdido 100 habitantes por el bloqueo de cualquier opción de desarrollo y desencadenar una marea especulativa que ha disparado los precios de casas, solares, prados y bordas, impidiendo que nadie pueda plantearse ir a vivir a ese municipio”.

Por otra parte, la PDMA tiene en estudio presentar una denuncia ante la Comisión Europea por el continuo aporte de fondos que el Gobierno de Aragón realiza en Aramón, incurriendo en la figura de Ayudas de Estado, práctica prohibida por la normativa comunitaria y perseguida por la Unión Europea. “Tenemos el antecedente de la Ciudad de la Luz en el País Valencià, que ha sido obligada a devolver todos los fondos aportados por el gobierno valenciano. Consideramos que es una herramienta para que se fuerce la necesaria reorientación del modelo de desarrollo del Pirineo y el ruinoso planteamiento del negocio del esquí”, concluyen desde la PDMA.

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