Plataforma Defensa Escuela Pública de Zaragoza: "La LOMCE es el pretexto no la solución"

Esta es la valoración sobre la ley LOMCE de la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza la cual fue presentada ayer, martes 15 de enero, en rueda de prensa. 1. Sobran leyes y nos falta consenso Nos encontramos ante la séptima reforma educativa en los últimos 35 años, lo que significa que cada cinco años de media, hay un cambio. Esta inestabilidad legislativa no puede aportar nada positivo al desarrollo de nuestro sistema educativo y, sin ser la única ni seguramente la más importante causa de sus problemas, tampoco contribuye a su mejora. En eso coincidimos …

escuela-publica-marea-verde-topemkinEsta es la valoración sobre la ley LOMCE de la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza la cual fue presentada ayer, martes 15 de enero, en rueda de prensa.

1. Sobran leyes y nos falta consenso

Nos encontramos ante la séptima reforma educativa en los últimos 35 años, lo que significa que cada cinco años de media, hay un cambio. Esta inestabilidad legislativa no puede aportar nada positivo al desarrollo de nuestro sistema educativo y, sin ser la única ni seguramente la más importante causa de sus problemas, tampoco contribuye a su mejora. En eso coincidimos las organizaciones políticas, sindicales, de familias y de estudiantes, y esta fue la principal razón que llevó al anterior ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en el año 2010 a intentar conseguir un Pacto Nacional de Educación.

Pese al trabajo desarrollado durante más de un año, el consenso logrado con la mayoría de organizaciones y las concesiones realizadas por casi todos, este intento se transformó en misión imposible, por la oposición del PP que no consintió en su firma. No nos extraña, por lo tanto que en estos momentos, el PP, se plantee su propia reforma de la LOE a través del anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

2. Situación de partida

La profunda crisis en que nos encontramos, hace que la Escuela, ahora más que nunca, deba jugar su papel de compensadora de desigualdades. Y sin embargo la demolición de este papel parece uno de los objetivos más claros de la política educativa de este Gobierno.

Otros pilares fundamentales tampoco son considerados en su justa medida: el profesorado, hastiado de tanta reforma, agobiado por las presiones laborales y sin contar con su opinión pedagógica; el alumnado como objeto de evaluaciones múltiples y desprovisto de los apoyos necesarios en aulas masificadas; las familias convertidas en meras pagadoras de servicios y programas que deberían ser gratuitos y las administraciones, con el único objetivo del bajo costo y eludiendo las responsabilidades.

Así, el panorama que tenemos ante nuestros ojos no puede ser halagüeño. Es evidente que aunque en educación hemos avanzado a un ritmo mayor que el de nuestro entorno europeo, necesitamos seguir mejorando. Y no podemos obviar que nuestro punto de partida era mucho más retrasado y aún así en la actualidad tenemos Comunidades, que con un sistema educativo común, tienen resultados satisfactorios que deberían servirnos de pauta y de referencia.

Este anteproyecto carece de un análisis exhaustivo y riguroso de los problemas y de sus causas. Los estudios internacionales y datos estadísticos a los que se alude no se analizan y solo pretenden justificar una reforma ideológica y no educativa que el PP quiere implantar.

Este anteproyecto carece de un proceso participativo real por ello nos sorprende la afirmación de su preámbulo aludiendo a que es el “resultado de un diálogo abierto y sincero con toda la comunidad educativa”, puesto que dicha afirmación es lo más alejado de la realidad.

El anteproyecto no puede desvincularse de la fuerte reducción experimentada en los recursos destinados a la enseñanza pública. En nuestro contexto socioeconómico no se puede renunciar a una red de centros públicos, en los que no puede haber calidad sin equidad y esto pasa incuestionablemente por una inversión necesaria y suficiente en Educación.

3. Valoración de la LOMCE

Nos encontramos ante una reforma ideológica que busca implantar un modelo neoliberal y conservador en la sociedad a través de la educación, centralizando, uniformando y sometiendo a un control burocrático el trabajo de las aulas.

Frente al objetivo “del pleno desarrollo de la persona humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, que establece el artículo 27.2 de la CE, la LOMCE pone el énfasis en la formación de mano de obra para un contexto de competencia económica.

No se considera la educación como un derecho para el desarrollo humano y la cohesión social y, por lo tanto, como un derecho fundamental que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar. En lugar de derecho pasa a ser un servicio susceptible de ser mercantilizado.

No es un sistema en el que están implicados familias, profesores, estudiantes y administración, sino que incluye “al conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la Educación” y donde estudiantes y familias pasan a ser beneficiarios.

Es de dudosa credibilidad pensar que estamos ante una reforma que persigue incrementar la calidad de nuestros sistema educativo, segregando alumnado tempranamente a través de itinerarios y privándole de una formación básica común que garantice el desarrollo personal del alumno, incrementando desigualdades y obviando que el objetivo de la educación debe ser justamente el contrario (compensar las desigualdades sociales). Se persigue la excelencia de unos pocos, con dos claros objetivos aunque se maquillan en la Exposición de Motivos del anteproyecto: la mejora de la economía y la mejora en los resultados de informes internacionales (PISA). El alumnado pasa a ser considerado antes que persona en formación, potencial trabajador que entra en competitividad con sus compañeros en lugar de en cooperación, colaboración y convivencia. Por ende, los centros educativos pasan a tener una concepción empresarial ligada a la productividad, al frente de los cuales se ponen gestores en lugar de directores, a los que se va concediendo cada vez más poder y menos perfil pedagógico.

Una Primaria compartimentada por cursos totalmente alejada de la evolución diferenciada de los alumnos

La supresión de los tres ciclos de primaria como unidades temporales básicas de aprendizaje “obliga” a los alumnos a una maduración sicológica y a unos ritmos de aprendizaje uniformizados. A ello se añade un currículo concebido como sistema de disciplinas autónomas e independientes diferenciadas en cada curso y una evaluación centrada en la asimilación de conocimientos. Una ley educativa concebida de espaldas a físico y psicológico de los niños en esta etapa es una ley injusta e inmoral por sus consecuencias.

Plantea itinerarios, de forma temprana (oficialmente a los 15 años, pero en la práctica puede ser antes) en lugar de flexibilizar y establecer pasarelas. Con este planteamiento se facilita la salida en la etapa obligatoria del tronco que debe ser común y además no se ofrecen suficientes alternativas para la integración de los alumnos con más dificultades, a los que no se garantiza su atención.

Incluye evaluaciones y reválidas externas que, lejos de ser un procedimiento de diagnóstico y mejora, constituyen un proceso de selección del alumnado y de los centros; que rompe con la evaluación continua y anula su valor pedagógico; que se vinculan, en el caso de la de 4o de ESO y 2o de Bachillerato, a la obtención de sendas titulaciones, lo que puede paralizar el avance del alumno en el sistema educativo; que evalúan únicamente al alumno y no al sistema; que no proponen planes de mejora; que convertirán los cursos de 2o o 3o y 6o de Primaria, 4o de ESO y 2o de Bachillerato en cursos meramente preparatorios de las mismas, obviando el principal objetivo pedagógico, que debería ser el aprendizaje; que clasificarán a los centros al hacer públicos los resultados, generando diferencias innecesarias; y que supondrán un coste innecesario.

La FP lejos de ser prestigiada, será devaluada al desviar hacia ella a los chicos con dificultades de aprendizaje a través de los Ciclos de Formación Profesional Básica, que no garantizan una mínima titulación; al no considerar su propia evaluación; al no garantizar las pasarelas entre sus distintas etapas y exigir procesos de selección en el paso de unos ciclos a otros, incluso pruebas de centro que pueden ser arbitrarias en el caso de los Ciclos de Formación Profesional Superior; al plantear una Formación Dual, excesivamente específica, que puede confundir la empleabilidad de los estudiantes con su formación y que corre el riesgo de sustituir mano de obra cualificada por mano de obra en formación.

Potencia la escuela concertada frente a la pública, posibilitando conciertos con educación diferenciada, ampliando la revisión de conciertos en primaria de cuatro a seis años, posibilitando conciertos en etapas postobligatorias, modificando la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) en lo referente a composición y funcionamiento del consejo escolar (excluye del consejo escolar la figura del representante municipal en centros concertados), primando la libertad de elección de centro frente a la planificación educativa, al incluir como criterio de concierto la demanda social.

Apuesta por la especialización de centros, no sólo en función de las distintas modalidades de Bachillerato, sino también según las características de su alumnado, lo que favorecerá la aparición de ghettos, que generarán más desigualdades y supondrán una fractura social. Suprime asignaturas en valores, como Educación para la Ciudadanía, Ciencias para el Mundo Contemporáneo o Ética, que propician marcos de reflexión y espíritu crítico. Otorga a la religión un papel más relevante en el currículo, obligando a cursar una asignatura de Valores a quienes no la deseen con el claro objetivo de potenciar la moral católica por encima de la moral universal con valores comunes a todos los ciudadanos y desprovistos de contenidos religiosos.

Merma la educación artística, al no garantizar la enseñanza de estas materias en la Primaria ni en la Secundaria, considerándolas como materias que “distraen” en lugar de materias que despiertan otras sensibilidades necesarias para una formación personal completa e íntegra, alejándonos a demás, del sentir de nuestro entorno europeo, al que tanto miramos en otros aspectos.

Relega la enseñanza de la lengua y la literatura cooficiales a un plano secundario en las distintas etapas educativas, desposeyendo de competencias a las Comunidades, especialmente a aquellas con lengua cooficial. Anula la participación democrática en los centros al convertir los consejos escolares en órganos meramente consultivos y desprovistos de toda capacidad para tomar decisiones, que pasan a otorgarse de forma exclusiva y excluyente a los directores (PEC, PGA, convivencia, recursos, funcionamiento, admisión de alumnos, contrataciones, relaciones con el exterior), a quienes elige la propia administración (hasta un 70% en la comisión de selección) y en quienes delega sus responsabilidades.

4. Alternativas a la LOMCE

Nuestro sistema educativo necesita mejoras, pero no las que plantea esta reforma, que en lugar de generar un debate sosegado de la educación, está añadiendo crispación social innecesaria, deterioro de la convivencia y lejos de mejorar su calidad, establecerá un modelo social desigual.

Es necesario introducir medidas de mejora en el sistema educativo actual porque hay que mejorar lo mejorable. Nuestras alternativas a la LOMCE son:

4.1. Medidas de mejora. La mejora del sistema educativo debe estar basada no en un cambio de leyes de forma global sino en la revisión solamente de los aspectos puntuales que son mejorables. Y el primer paso, antes de cambiar nada, es fomentar y extender aquellos planteamientos o medidas que en otras Comunidades o en algunos centros están dando resultados satisfactorios.

Pero a su vez la administración debe asumir el papel de principal responsable y promotora de la calidad y las buenas prácticas en la escuela pública, con una política de proximidad, apoyo y exigencia; hay que seguir muy de cerca la gestión educativa de los centros apoyando fomentando y difundiendo el buen trabajo y analizando causas y soluciones para los aspectos mejorables. Y hay que escuchar e implicar a las familias en un planteamiento globalizador. El concepto de “comunidad educativa” tiene que cobrar pleno sentido.

Y atentan directamente contra la equidad y calidad la supresión de los programas de refuerzo y apoyo y la simplificación de los programas de bilingüismo. Nada de esto puede perderse y si mejorarse.

Y carece de sentido pedagógico el elevado número de reválidas; sobran todas. Hay que quitar determinismo a los itinerarios dotándolos de permeabilidad. Es un gravísimo error, desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje, establecer estos itinerarios tan cerrados para una etapa tan compleja y vulnerable como es la adolescencia y mantener un sentido más globalizador en la enseñanza primaria.

Y también las sensibilidades artísticas y destrezas tecnológicas tienen que tener cabida. Alumnos con una educación integral para una sociedad compleja antes que alumnos parcialmente robotizados para mercado laboral. La especialización llega después.

4.2. Alternativa al adoctrinamiento. Es totalmente innecesaria y contraproducente introducir cambios ideológicos que nada tiene que ver con la calidad educativa. Creemos imprescindible mantener materias que propicien el desarrollo del sentido crítico y reflexivo de los alumnos.

La diversidad ideológica del profesorado, excepto el de religión, garantiza la pluralidad de los planteamientos en el aula, base del valor formativo de estas materias que pretende suprimir la LOMCE.

Esta Plataforma viene pidiendo sacar la Religión fuera del currículo, lo que implica la revisión del vigente Concordato con el Vaticano. Y mucho menos podemos admitir las medidas tendentes a favorecer que el alumnado la curse. El ámbito privado de las creencias religiosas hace antidemocrático este planteamiento.

4.3. La escuela publica, eje y referencia del sistema. Con la LOMCE, la escuela pública experimentará un retroceso que en muy poco tiempo llevará a la marginalidad a muchos de sus centros.

La Escuela Pública debe ser inclusiva y un referente de equidad y calidad, recuperando las ratios y condiciones laborales del profesorado y recuperando el carácter social y educativo de los servicios complementarios. Los programas de apoyo y refuerzo deben recuperarse con urgencia.

La proximidad en el seguimiento por parte de la administración es fundamental y, con ciertos apoyos económicos, puede ser suficiente para garantizar una calidad pedagógica para todos. Pero para ello tienen que implantarse planes de mejora anuales con objetivos claramente identificados lo que refuerza la necesidad de una relación fluida con las familias y el entorno.

Y exigimos también la revisión de los conciertos con centros privados, muchos de los cuales están teniendo fuertes impactos negativos en la escuela pública, no por su mejor calidad educativa sino por la selección de alumnado que practican y que la LOMCE facilita. No puede subvencionarse a quien deteriora el sistema o simplemente no es necesario.

Y si la escuela publica tiene que ser el referente, en el medio rural es la base de la sostenibilidad del mismo por lo que requiere tratamientos diferenciados para mantener las aulas abiertas. De forma complementaria hay que diseñar compensaciones económicas o meritorias para aumentar la estabilidad de su profesorado y garantizar la continuidad de programas de calidad.

5. Conclusiones

Desde la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública solicitamos:

  • Un gran pacto sociopolítico a nivel estatal, centrado en lo pedagógico y alejado de lo ideológico o moralizante, que de estabilidad al sistema durante varias legislaturas.
  • La retirada de este anteproyecto y que haya un análisis serio y riguroso de la situación actual para plantear las mejoras necesarias, partiendo de los buenos resultados de algunas comunidades y de muchos centros.
  • La garantía de un sistema educativo público de calidad y equitativo, de todos y para todos, con una apuesta decidida por la atención a la diversidad que garantice que el mayor número de alumnos posible alcance los resultados que sus capacidades le permitan reduciendo al mínimo las salidas precoces del sistema normalizado.
  • La participación de los claustros y consejos escolares en la toma de decisiones en los centros.
  • Una apuesta por la escuela pública, bien gestionada y con la administración con papel de patrón responsable y exigente. Recuperación del carácter social de los servicios complementarios.
  • Una revisión del papel de la concertada asumiendo su papel de subsidiariedad y controlando y eliminando las prácticas que generan distorsión en los centros del entorno.
  • No ampliación de conciertos si el alumnado puede ser asumido por la red pública con las construcciones demandadas.
  • No prorrogar conciertos de enseñanzas no obligatorias cuyos alumnos puedan ser asumidos por la red pública.

Esta propuesta de ley no es solo de educación, es una propuesta ideológica que busca fundamentar las bases morales y estrategias escolares para un nuevo modelo social con minoría de privilegiados. Por eso lucharemos contra ella. Nos jugamos más que el modelo educativo, nos jugamos el modelo social.

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