Se ha publicado estos días, recuerdan desde la Plataforma 13M, lo que ya se venía conociendo “desde hace bastantes meses”: la caducidad de las autorizaciones de Red Eléctrica Española (REE) que permitían construir las grandes líneas de evacuación de electricidad proyectadas por Forestalia y los parques con centenares de aerogeneradores y miles de hectáreas de placas fotovoltaicas que pretendían construir en todo Aragón “para abastecer de energía a Catalunya, Euskal Herria y País Valencià”. Por lo que estos proyectos no han conseguido la autorización de construcción por parte del Ministerio de Transición Ecológica “decayendo y no permitiéndose su construcción”.
Forestalia, la empresa aragonesa que paga impuestos en Madrid, trataba de construir seis grandes líneas. Dos de ellas llevarían a Euskal Herria la energía producida en las centrales proyectadas en las Cinco Villas y su entorno. Tres líneas a Catalunya, que de norte a sur recogerían las centrales del entorno de Samianigo, Plana de Uuesca, Monegros, Caspe, norte de la Comunidad de Teruel y Matarranya. Y una sexta línea iría al País Valencià para evacuar la energía de los parques del Jiloca y Sierra de Albarracín, que nacería en Cinco Villas y atravesaría todo el oeste de Aragón.
Era la forma de convertir nuestro país, Aragón, “en la pila energética del desarrollo de las comunidades vecinas, que son las que se han opuesto al desarrollo de las grandes líneas, por las afecciones a sus territorios y apelando a la soberanía energética”, subrayan desde la Plataforma 13M.
“Resulta muy llamativa la posición de estas comunidades ante los graves impactos en sus territorios, mientras Aragón no se ha opuesto de ninguna forma y se ha mostrado muy favorable a todos los proyectos, a pesar de los graves impactos, como ha manifestado en las declaraciones y resoluciones que le afectaban”, recalcan.
Como era de esperar, la empresa promotora de estas líneas y macro-proyectos de renovables “no va a renunciar fácilmente al negocio que le suponían estos parques, que hubieran sido vendidos al mejor postor –en la mayoría de los casos a fondos de inversión internacionales– procurando importantes beneficios por el carácter especulativo de todos los proyectos asociados, sin importar los graves daños en la biodiversidad, el paisaje, los usos agrarios y tradicionales y la salud de las poblaciones cercanas que estos macro-proyectos eléctricos producirían en nuestro territorio y sus gentes”, enfatizan desde la Plataforma.
Forestalia no da por “terminados y archivados estos proyectos a pesar de haber perdido la autorización de REE y de no haber conseguido la autorización de construcción por parte del Ministerio, y por lo tanto no haber completado –ni poder hacerlo ya– las tramitaciones necesarias y obligatorias para construirlos”, aseguran.
“Sortear la legislación de forma irregular”
En la actualidad Forestalia “está tratando de que se les autorice de forma irregular un cambio de proyecto, para poder utilizar las declaraciones de impacto ambiental positivas con que contaban los parques decaídos en los actuales proyectos y poder presentarlas en nuevos proyectos de líneas de evacuación que reconducirían la energía producida a otros puntos de conexión, esta vez para los centros de datos y otras necesidades empresariales e incluso en algunos casos, disfrazándolo de falsos autoconsumos, intentando de este modo sortear la legislación”, aseveran desde la Plataforma 13M.
Todo ello, Forestalia pretende hacerlo “evitando tener que pedir la declaración de impacto ambiental de los parques asociados a estas nuevas líneas como obliga la legislación. Estamos ante una situación totalmente ilegal y un posible fraude de Ley, ya que la Ley Ambiental 21/2013 obliga a comenzar de nuevo desde la exposición pública todos los proyectos o lo que sea considerado como modificación sustancial de los mismos”. “Lo que ahora pretende presentar Forestalia nada tiene que ver con lo que presentó hace más de cuatro años. La osadía de esta compañía para intentar burlar la legislación a la que son obligadas todas las empresas, solo es equiparable a la facilidad y el poco rigor en las evaluaciones de los impactos por parte de algunas administraciones”, enfatizan.
Además, desde la Plataforma 13M recuerdan que esta empresa “tiene a sueldo a numerosos ex políticos y ex altos cargos de las administraciones, con la tarea de facilitar y conseguir los permisos de los proyectos en las diferentes administraciones, estatales, aragonesas o municipales. Por si esto fuera poco, también se ha conocido en los últimos días que un empresario que esta siendo investigado por la Guardia Civil por la trama Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García, acompañaba a Forestalia en las visitas a algunas administraciones para conseguir los permisos”, detallan desde la Plataforma ciudadana.
“La forma de actuar de esta empresa es sospechosa, opaca y llena de irregularidades. Es por esto que exigimos a los organismos públicos la máxima transparencia en los proyectos de esta compañía, que no se pongan alfombras rojas desde lo público, que no se faciliten de forma irregular los proyectos de la misma, ni se les permita ningún cambio contrario a la legislación vigente”, exigen desde la Plataforma 13M.
El Gobierno de Aragón “ya no tiene excusa” para planificar las renovables
Asimismo, plantean que “ahora que han decaído todos estos proyectos y se ha acabado el plazo para la tramitación de un gran número de macro-proyectos que afectan a nuestro territorio, el Gobierno de Aragón ya no tiene excusa para dejar de acometer una ordenación del territorio, una planificación que, a pesar de haber sido aprobada, siempre se ha manifestado desde la DGA que ya era tarde, al haber muchos parques en tramitación”.
“Queremos añadir por parte de la Plataforma que se debe cumplir con las indicaciones europeas de designar áreas de implantación preferente, en definitiva, poner orden en este despliegue de renovables que se está haciendo sin más criterios que la urgencia, la prisa y el ‘todo vale’, lo que lleva, incluso, a bordear el incumplimiento de numerosas leyes y normativas, por no decir directamente que se está vulnerando la legalidad vigente con la connivencia de algunas administraciones, lo que llevaría a esta Plataforma a recurrir a los tribunales”, enfatizan.
A juicio de la Plataforma 13M “es necesario seguir hablando de ordenación y planificación, así como de transición justa, pues no se ha hecho y no se ha actuado más que a criterio de las empresas y de los intereses económicos, obviando la defensa del territorio, la calidad de vida de los aragoneses y la biodiversidad. No se pueden seguir construyendo centrales eólicas o fotovoltaicas sin ningún criterio ni necesidad y estar pensando en estrategias desarrollistas que no han evaluado ni las necesidades ni la conveniencia”.
“Si se quiere apostar por una transición realmente justa y una lucha activa contra el cambio climático y sus consecuencias, será necesario apostar por un cambio de modelo, que se tome en serio el autoconsumo y la generación distribuida en manos de la ciudadanía, pues todo lo demás es seguir alimentando la especulación y el crecimiento ilimitado y sin criterios, entregando nuestro territorio a las grandes empresas”, concluyen desde la Plataforma 13M.
