Las y los jardineros de FCC en Zaragoza han convocado una concentración para el próximo jueves, 25 de enero, a las 17.30 horas en la sede del TACPA (Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón), situada en la plaza los Sitios 7.
La plantilla ha convocado esta concentración para defender los derechos laborales y las clausulas sociales incorporadas en los nuevos pliegos de condiciones y para protestar por "la actitud vergonzosa de la patronal por recurrir estas cláusulas que avanzan hacia la cohesión social y laboral y redunda indiscutiblemente en la calidad de la prestación del servicio”, afirman desde el comité de empresa de FCC parques y jardines.
La concentración viene motivada por el recurso que ha interpuesto la patronal, Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (ASEJA), a los nuevos pliegos de condiciones para el mantenimiento de zonas verdes de Zaragoza. “El recurso de la patronal es una nueva maniobra de las empresas como FCC, Urbaser, Ferrovial… para seguir intentando aniquilar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de la ciudadanía en general”, afirma el comité de empresa.
"La externalización tiene estas cosas que hemos denunciado siempre -añade el comité-, las grandes empresas solo quieren recortar derechos y precarizar los servicios para incrementar sus beneficios desorbitados, por eso siempre hemos defendido la remunicipalización como única alternativa para garantizar los derechos de los trabajadores y mejorar la calidad del servicio”.
El comité recuerda que la patronal ha recurrido todas las clausulas sociales, entre las que se encuentran medidas de conciliación familiar, bolsas de trabajo, cláusulas de genero para avanzar en la contratación de mujeres, planes de igualdad y de acoso laboral y sexual, garantizar el convenio y las condiciones laborales de la plantilla, fomentar la contratación indefinida o garantizar el pago de las nóminas, en “una actitud bochornosa para la ciudad de Zaragoza que deja en evidencia el objetivo de estas empresas, que no es otro que obtener el mayor beneficio a costa de recortar derechos de los trabajadores y de la ciudadanía de nuestra ciudad”.
Desde el comité se incide que “es indignante que estas empresas, que hacen llamarse socialmente responsables, hayan impugnado la cláusula que obliga a incorporar mujeres al gremio de la jardinería, en un hecho vergonzoso para esta ciudad que hace que estas empresas cierren las puertas a la mitad de la población que suponen las mujeres de nuestra ciudad”.
El comité denuncia también que “la patronal, entre las que se encuentran empresas como FCC, Urbaser o Ferrovial entre otras, denuncia que el pacto laboral de las y los jardineros no está vigente y que debe aplicarse el convenio estatal de jardinería, lo que supondría un recorte salarial del 20%” y manda un aviso muy claro a estas multinacionales “si estas empresas pretenden venir a recortar nuestros salarios y nuestros derechos, nos encontrarán enfrente desde el primer día porque supondrá una confrontación inevitable”.
Comparecer en el proceso judicial como parte interesada
El comité de empresa ha informado también que este viernes solicitará al TACPA comparecer en el proceso administrativo por ser parte interesada, entendiendo que las y los trabajadores de parques y jardines tienen legitimidad para defender los derechos sociales y laborales que afectan directamente a la plantilla. Por ello, los servicios jurídicos del comité de empresa están trabajando ya en la defensa jurídica que avalen las nuevas clausulas sociales que incorpora el pliego de condiciones.
Auditoria a las contratas
Asimismo, el comité ha solicitado al consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, que se realice una auditoría a todas estas empresas que gestionan servicios públicos en Zaragoza, empresas como FCC, Urbaser y Ferrovial.
"Queremos saber si cumplen por lo que se les paga o no, es un derecho fundamental de la ciudanía de Zaragoza saber que hacen estas empresas con el dinero que les pagamos los y las vecinas de Zaragoza”, explican desde el comité de empresa.
“Cuando las empresas que trabajan para esta ciudad se niegan a fomentar la cohesión social y laboral de la población, recortando derechos y precarizando los servicios, no deben ser bienvenidas”, concluyen.
