Plan despilfarro Pirineos (dos)

Hemos leído el artículo de Jorge Alonso, publicado el 11 de mayo en el Heraldo de Aragón, dónde se informaba sobre el lugar de salida de la telecabina de Benás / Estación de esquí de Cerler y su problemática por estar en zona de riesgo por el cauce del Ésera: lo que ya no será un problema es su inundabilidad, ya que el Instituto Aragonés del Agua con 1,6 millones de euros va a mejorar las defensas del municipio. El gerente del IAA dice que así “se evitarán tantos daños como los causados en la avenida de 2013 en el casco histórico” de Benás.

Plan despilfarro Pirineos (dos)

No sabemos si es necesario defender Benás de estos riesgos naturales o de otros que no lo son, pero pueden ser más peligrosos.

En el año 2007 se proyectó esta Telecabina. Su salida estaba, y allí sigue, en una zona inundable de flujo preferente (ósea, que no es posible hacerlo en ese lugar). Posteriormente en enero de 2021 se siguió proponiendo la misma zona de salida, con un nuevo proyecto más económico, pero con mucho más impacto para el entorno natural. Hace pocos días, por fin, el nuevo Gobierno de Aragón de acuerdo con el Ayuntamiento de Benás/Benasque y a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA), han decidido dar una solución, tras 17 años, ¿estudiándolo?, y que cuenta con una dotación de 1,6 millones de euros para su ejecución.

Esta ‘solución es genial’ y por ello parece que deberíamos felicitarnos todos. Con la excusa de mejorar la vulnerabilidad del casco histórico de Benás frente a las avenidas del río Ésera (con un cálculo de periodo de retorno de solamente 10 años en el proyecto) se va a recrecer un dique y se va a vaciar un tramo del cauce. Para que sea este de mayor sección y así, “evitar en el futuro tantos daños como provocó la avenida de 2013” según el director del IAA, Luis Estaún. Aunque en realidad no pasó nada en el casco histórico durante esa avenida, se propone como objetivo mejorar su defensa con este proyecto tan especial.

Nos tranquiliza saber que Luis Estaún se encarga de ello, por su experiencia, cómo Ingeniero Técnico Agrícola y político. Era el alcalde de Biescas en 1996 cuando sucedió la ‘Tragedia del Camping de las Nieves’ y estos hechos deberían servir para aprender y evitar que no se repitan. En el programa de La Sexta sobre esta tragedia en el año 2023 declaraba “nadie tiene experiencia para afrontar una catástrofe de este tipo”.

Han pasado 27 años y deberíamos haber aprendido un poco, ahora ya no es excusa la falta de experiencia técnica y política para prevenir una tragedia de este tipo. La ‘riada de Biescas’ fue de un periodo de retorno de unos 200 años. Es necesario recordar que las recomendaciones del Ministerio para la Transición Ecológica indican un periodo de retorno en zona inundable (cómo es este caso) de 100 años mínimo para edificaciones y construcciones, que ahora se está aumentado en los cálculos a los 500 años, por los cambios de la climatología y el aumento de las lluvias torrenciales.

Hay que recordar que en 1986 (10 años antes de la riada de Biescas) el Ingeniero de Montes E. Pérez Bujarrabal se opuso a la utilización de los terrenos públicos para hacer el Camping las Nieves en Biescas, por estar en una zona inundable, con todas las consecuencias. Cómo es ahora el caso que nos ocupa. Esta actuación del Ingeniero, que no fue escuchada por el Gobierno de Aragón, sirvió como uno de los argumentos para que la Audiencia Nacional condenase a este y a la CHE a pagar las indemnizaciones ¿Podría repetirse la historia con otra riada de 200 años, con cálculos de 10 años y lo que estamos viviendo? Nosotros estamos dejando constancia pública de ello.

Utilizar unos cálculos para un periodo de retorno de 10 años (que se suele emplear para caminos, carreteras locales básicas...) es un serio problema como idea inicial. Más bien podrían parecer que se realiza de esta forma, para cumplir con los mínimos de los mínimos y sacar el objetivo final, solucionar la salida irracional de la telecabina.

Imagen de un telecabina en Panticosa / Wikimedia (CCO)

Corre prisa para algunos, y las prisas no son buenas, para tratar de no perder el dinero europeo en una inversión de más de 16 millones de euros. Está siendo necesario correr mucho. Y por ello, han tenido que modificar el PGOU de forma exprés, aprobar un nuevo proyecto, modificar varias veces los convenios con el Gobierno de Aragón (adendas), hacer correr al IAA, a otras administraciones, hasta el BOP de Uesca publicando acuerdos en pocas horas. Estas carreras nos están costando mucho dinero público también, cómo estas obras del IAA con “retorno de los 10 años”. Y todo lo que no sabemos.

Al final estas prisas y esta velocidad, se realizan sin dar a conocer la información. El Ayuntamiento de Benás y el Gobierno de Aragón, no nos han facilitado lo que se le ha pedido desde nuestra asociación y así, la palabra transparencia pierde parte de su sentido. No tenemos acceso a la toda la información.

Por ejemplo, no sabemos quién es el ‘beneficiario’ final de estas carreras administrativas y de la financiación pública. ¿Quién llevará la explotación, la gestión, el mantenimiento, quien asume las responsabilidades? ¿Es viable económicamente? ¿Es sostenible ambientalmente con el cambio climático encima? ¿Quién responde de todo ello? ¿Los ciudadanos de Benás, los de Ribagorza, los políticos que están aprobando todo esto?

Nos estamos enterado de una parte del proceso por la prensa. La actuación de acondicionamiento del cauce ya se realizó, teóricamente, con ese mismo fin, después de la riada de 2013. Más aún, en donde se pretende vaciar ahora el cauce para ampliar su sección, justamente se rellenó al realizar esta actuación, por las diferentes administraciones en 2013, tras la riada. ¿No significa nada ambientalmente, económicamente, socialmente? ¿Han cambiado las normas o los criterios técnicos que invalidan esas obras? ¿si es necesario hacer una actuación específica no debería asegurarse un retorno, al menos, de 200 años?

Es lícito preguntarse por qué desmontar ahora lo realizado tras la última riada, qué motivos o intereses lo pueden hacer razonable. La respuesta podría ser sencilla: si alguien vacía el cauce gratis al Ayuntamiento y echa los rellenos en la zona inundable de flujo preferente donde han decidido instalar la telecabina, lograremos cambiar su calificación hidrológica. Con ello se podrán conseguir dos objetivos, tenemos viable la salida de las instalaciones de remontes en zona ‘solo inundable’ y además muy cerca se podrían realizar nuevas promociones urbanísticas (al parecer 1.100 apartamentos ya previstos). Pero cómo siempre, esto pueden ser casualidades, y sólo nos interesa proteger el casco histórico de las avenidas ordinarias de retorno de 10 años.

Ante el título rimbombante del proyecto “para la reducción de la vulnerabilidad frente a las inundaciones del Casco Histórico de Benás” observamos atónitos que la realidad puede ser rellenar una zona que no está en el casco histórico, para que ‘solo sea inundable’, por 1,6 millones de euros más a pagar con fondos públicos. Para que al final pudiera quizás salir la telecabina de dónde no se creían que podía salir y con sólo una previsión de ‘retorno de 10 años’ del proyecto de actuación. Y de paso si se puede contribuir a otras cosas urbanísticas, mejor.

Desconocemos la razón por la que el Gobierno de Aragón pueda ser ‘partícipe necesario’ para todo esto. Cuanta agilidad en dotar de presupuesto económico al proyecto y aceptar su ejecución por parte del Instituto Aragonés del Agua, en sólo unos meses. En la última riada el casco de Benás se salvó de sus efectos, no así la zona de Linsoles, en el mismo municipio ¿Por qué, si hay algo de dinero, no se realiza una actuación parcial allí? o, ¿no sería más razonable realizar este gasto para que exista un Centro de DIA para las personas que lo necesitan en el municipio? Y muchas cosas más.

Recordar que parte del actual equipo de gobierno municipal, opinaba de forma diferente durante la campaña electoral municipal sobre estos temas ¿Por qué han cambiado sus promesas?

Pero hay un detalle importante, con ‘todas estas cosas’ los fondos públicos que se pueden emplear no cumplirían posiblemente con sus ‘obligaciones técnicas y legales’ que los supeditan por la administración estatal y europea. Ante ello es necesario saber también, si así sucediese, si los ciudadanos de Benás y los aragoneses, somos quienes vamos a pagar todo, por decisión de unos pocos.

Cómo conocen y puede observarse en los escritos presentados en los diversos expedientes, los políticos son conscientes de esta situación y son sabedores de estos hechos. Si continúan adelante, siendo sabedores, todos tendremos un serio problema. Unos cómo ciudadanos con los derechos de eficacia y transparencia en la gestión de sus impuestos, y los otros cómo administradores públicos, con sus obligaciones y derechos legales.

Estamos todos a tiempo de reflexionar y actuar, se puede corregir, cambiar y evitar. Por ejemplo, ¿ha servido para algo la experiencia después de la Tragedia de Biescas? Puede que ya estemos viviendo una, pero está sería medioambiental, de funcionamiento de las administraciones, del posible trabajo de los operarios públicos, de despilfarro económico, de beneficio de empresas privadas con fondos y actuaciones públicas, de macroproyectos urbanísticos, de actuar a sabiendas. Muchas cosas pueden estar pasando, que tienen fácil solución cumpliendo la ley: transparencia, acceso a la información, correcto funcionamiento de las administraciones, responsabilidades. Está todo inventado.

Nuestra obligación cómo ciudadanía es ponerlo en conocimiento, que sea público, para que actúen todos a los que la normativa les obliga. Es por nuestro futuro.

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