En el quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) alerta de que las personas que solicitan la prestación de ayuda para morir continúan enfrentándose a demoras, trabas burocráticas, desigualdades territoriales y falta de protocolos claros para garantizar el ejercicio efectivo de este derechoCinco años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) considera que el reconocimiento legal de este derecho “continúa viéndose limitado por importantes obstáculos administrativos, organizativos y territoriales que dificultan su ejercicio efectivo”.
La entidad ha hecho balance de su aplicación y ha reclamado al Ministerio de Sanidad y a las administraciones autonómicas “la implantación de un protocolo asistencial común en todo el Estado, así como la creación de una Unidad de la Eutanasia en cada comunidad autónoma que facilite tanto la labor de los profesionales sanitarios como el acceso de las personas solicitantes a la prestación de ayuda médica para morir”.
Según denuncia DMD, quienes solicitan la eutanasia siguen encontrándose con “numerosos obstáculos, demoras y desigualdades territoriales” que prolongan y agravan el sufrimiento tanto de las personas afectadas como de sus familiares y allegados.
Más de 1.200 solicitudes en 2025
La asociación apoya su denuncia en los datos provisionales correspondientes a 2025, facilitados por el Ministerio de Sanidad. Durante ese año se registraron 1.284 solicitudes de ayuda médica para morir y se finalizaron 1.187 procedimientos. De ellos, 565 culminaron con la prestación de ayuda para morir, lo que representa el 47,6% del total de procesos concluidos.
Por otra parte, 157 solicitudes fueron denegadas (13,2%), mientras que 374 personas fallecieron antes de finalizar el procedimiento, un 31,5% de los casos. Además, se contabilizaron 91 revocaciones, equivalentes al 7,7%.
Desde la aprobación de la ley en 2021 y hasta los datos provisionales de 2025, el Ministerio de Sanidad ha registrado 3.811 solicitudes, de las que finalmente se han realizado 1.668 prestaciones de ayuda para morir.
Un "laberinto burocrático" que prolonga el sufrimiento
Para DMD, estas cifras reflejan una realidad preocupante. La entidad denuncia que siguen produciéndose situaciones como “solicitudes que no llegan a registrarse o que no se tramitan correctamente, retrasos superiores a los plazos establecidos por la ley, actitudes paternalistas, desconocimiento del procedimiento entre parte del personal sanitario, objeciones de conciencia sobrevenidas y marcadas diferencias entre territorios.”
La entidad recuerda que todas estas dificultades afectan a personas que se encuentran en el denominado “contexto eutanásico”, es decir, que padecen una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante.
En este escenario de especial vulnerabilidad, sostienen, “cualquier retraso administrativo supone prolongar innecesariamente el sufrimiento e impedir que la persona pueda poner fin a su vida conforme a su voluntad y a sus propios valores, en condiciones de tranquilidad y acompañada por sus seres queridos”.
La sanidad privada continúa siendo una asignatura pendiente
Otra de las cuestiones que preocupa a Derecho a Morir Dignamente es la escasa implantación de esta prestación en la sanidad privada. Aunque el artículo 14 de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia establece expresamente que la prestación debe realizarse en centros públicos, privados y concertados, además del domicilio de la persona solicitante, la realidad es muy distinta.
Según recuerda la asociación, en 2024 el 97% de las prestaciones se realizaron en la sanidad pública, lo que evidencia, a su juicio, que “los pacientes de la sanidad privada siguen encontrando importantes dificultades para ejercer este derecho en su propio entorno asistencial”.
Por ello, DMD reclama que tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas desarrollen medidas específicas que permitan registrar las solicitudes y completar todo el procedimiento dentro de los centros privados, evitando derivaciones innecesarias a otros hospitales.
La entidad subraya que la propia ley establece que el acceso y la calidad asistencial de la prestación no pueden verse perjudicados ni por el ejercicio de la objeción de conciencia del personal sanitario ni por el lugar donde se realice la ayuda para morir.
Un protocolo común para orientar a los profesionales
Entre las principales reivindicaciones de la asociación figura la implantación de un protocolo asistencial de eutanasia unificado para todo el Estado. DMD considera que muchos de los retrasos actuales se deben a la falta de procedimientos claros, especialmente durante las primeras solicitudes que gestionan los equipos sanitarios.
Los protocolos asistenciales son herramientas habituales en los centros sanitarios para reducir la variabilidad en la atención y garantizar la seguridad de los pacientes. En el caso de la eutanasia, la organización plantea que este documento establezca de manera precisa cómo actuar en cada fase del procedimiento.
Entre los aspectos que propone incluir figuran la obligación de recoger y firmar cualquier solicitud de eutanasia aunque el profesional sea objetor de conciencia, el procedimiento para trasladar la documentación, la comunicación inmediata con la Unidad de Eutanasia, la designación de un médico responsable en un plazo máximo de dos o tres días, la aplicación de procedimientos abreviados cuando exista un riesgo de fallecimiento en pocas semanas, la identificación de profesionales de referencia en cada centro, el acceso al médico consultor, las funciones del equipo asistencial durante toda la tramitación y los mecanismos para consultar dudas con la Unidad de Eutanasia.
La asociación considera que estas medidas permitirían “evitar retrasos innecesarios y garantizar una atención homogénea en todo el territorio”.
Una Unidad de la Eutanasia en cada comunidad autónoma
Otra de las principales demandas de DMD es la creación de una Unidad de la Eutanasia —también denominada, según los distintos territorios, Unidad Técnica de Apoyo a la Prestación de Ayuda para Morir, Unidad de Soporte para la PAM, Equipo Referente u Oficina de la PRAM— que garantice la correcta tramitación de todas las solicitudes.
La organización recuerda que esta propuesta ya fue incorporada al borrador de la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, una reivindicación que la entidad mantiene desde 2021.
Sin embargo, lamenta que el Consejo Interterritorial del Sistema Estatal de Salud aplazara el pasado mes de abril la aprobación de este manual, retrasando la puesta en marcha de las mejoras contempladas en dicho documento.
Según plantea DMD, estas unidades deberían proporcionar herramientas “que faciliten el trabajo de los profesionales”, como una aplicación informática específica con modelos de informes, sistemas de supervisión para garantizar la calidad documental y mecanismos de coordinación entre los servicios sanitarios públicos y privados que eviten demoras indebidas.
Asimismo, la asociación reclama un reconocimiento profesional para quienes participan en estas prestaciones mediante medidas concretas como “la liberación parcial de agendas o la compensación del exceso de jornada con dos días de descanso”.
Entre las funciones que atribuye a estas unidades destacan la información a la ciudadanía, el apoyo operativo al personal sanitario, la implantación de un modelo basado en profesionales referentes que acompañen el procedimiento, el registro y seguimiento de todas las solicitudes y la mejora de la comunicación entre las distintas áreas asistenciales y las Comisiones de Garantía y Evaluación.
DMD pide criterios claros para las solicitudes relacionadas con enfermedad mental
Finalmente, la asociación lamenta que el borrador de la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas no incorpore orientaciones específicas sobre uno de los aspectos que considera más complejos: la atención a las solicitudes presentadas por personas con enfermedad mental.
DMD reclama que la futura revisión del documento incluya indicaciones claras para los profesionales sanitarios sobre cómo actuar en estos casos, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y una aplicación homogénea de la ley también en estas situaciones.
