Perales del Alfambra: transparencia y prioridades en los proyectos de biogás

19 noviembre, 2026. 10:35

La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel defiende por principio la transparencia en cualquier procedimiento administrativo. No es un capricho, es una obligación que debe ir más allá de una publicación en el Boletín Oficial correspondiente, porque el que nada debe, nada teme. En la actualidad existen medios que permiten que las iniciativas de empresas y administraciones que afectan a la vida cotidiana sean conocidas, precisamente, por quienes deberán convivir con las consecuencias que generan. El objetivo de la transparencia es que las personas puedan actuar defendiendo sus derechos.

Teniendo en cuenta el porqué y el propósito de la transparencia, resulta preocupante lo que sucede en un caso como el de la planta de biogás proyectada en Perales del Alfambra. Es una iniciativa para la que hay un acuerdo de concesión de terreno público por parte del ayuntamiento, que se publicó en el Boletín provincial. Sin embargo, entre el vecindario cunde la preocupación, y así se ha hecho llegar a Paisajes de Teruel, porque nadie les ha explicado cómo es la central. Cuando la transparencia se limita a la mínima expresión, es razonable que la gente se inquiete, vista la experiencia en los pueblos con los proyectos energéticos. Es lógico sospechar que la pretensión sea evitar que las personas afectadas defiendan sus intereses.

El ayuntamiento de Perales del Alfambra aprobó una cesión de suelo para una central de biogás sin saber la capacidad de la planta, la naturaleza y la procedencia de los residuos que llevarán retahílas de camiones, qué impactos habrá sobre acuíferos y barrancos, cuánta agua se va a consumir y de dónde se va a extraer. La localización de la instalación resulta opaca. Se trata de una subparcela de 2,2 hectáreas dentro de una referencia catastral enorme. No hay conocimiento alguno sobre cómo serán los olores según la dirección del viento, aunque eso sí, revisando las subparcelas que se aproximan a la extensión cedida, la central parece que estará más cerca del casco urbano de Villalba Alta y de Orrios que de Perales. Si es así, ni muy solidario ni indicio de que vaya a oler a colonia, precisamente.

El nivel de incertidumbre y de indicios inquietantes son inversamente proporcionales al precio que se aceptó para el alquiler de la finca municipal: la irrisoria cantidad de 7.000 euros al año, lo que son 583 euros al mes. Es decir, se le ha aplicado un valor de terreno agrícola a cambio de asumir todos los impactos de una instalación industrial de este tipo. Es una compensación insignificante, un compendio de las virtudes de la transición ecológica del Gobierno de Aragón y de España: opacidad, costes ridículos para el inversor, perjuicios para los pueblos y el medioambiente, y un beneficio que se lo llevan empresas del quinto pino. Esta, Heygaz Perales SLU, tiene su domicilio en el barrio de Salamanca de Madrid.

Tampoco se sabe si la empresa tiene contratos con los agricultores de la zona para poder esparcir el digestato, o si les han explicado que este producto de las centrales de biogás puede incluir elementos dañinos para la salud que pasan a la cadena alimentaria, bien en nuestra comida o en la del ganado, que acaba igualmente en la mesa de las personas. El digestato suele contener grandes cantidades de antibióticos que se emplean en las macrogranjas, principales proveedores de las centrales de biogás, que, entre los residuos que transforman acostumbran a incluir cadáveres y restos de animales, importantes para dar consistencia a los purines debido a la gran cantidad de agua que los componen.

En Perales del Alfambra no saben qué residuos se quieren procesar, no saben nada más que el lugar aproximado donde se va a emplazar una industria muy impactante, una actividad que se pretende desarrollar en una propiedad municipal que se va a alquilar por la sexta parte de lo que cuesta el alquiler medio de una oficina en el barrio donde tiene su sede el promotor. El ayuntamiento tiene legitimidad para hacer lo que hace, lo que no le excusa del deber de ser transparente, de explicar y comunicar adecuadamente decisiones que van a afectar a la vida de todos los residentes durante décadas, tanto habituales como esporádicos, y al valor de sus propiedades. Es mucho más discutible que el consistorio ceda terrenos sin que los vecinos tengan opción de manifestarse antes. Refleja un orden de prioridades en el que el beneficio del inversor antecede al de las personas.

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