Pepe Álvarez, Daniel Blake, y los Servicios Públicos de Empleo

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sugerido que aquellas personas que cobren alguna prestación por desempleo o el ingreso mínimo vital -IMV- y que rechacen propuestas de trabajo deberían dejar de percibir estas ayudas. Álvarez y los medios que difunden su fatwa, deberían saber que para cobrar cualquier prestación o subsidio de desempleo es necesario suscribir el llamado compromiso de actividad.

Pepe Álvarez Daniel Blake y los Servicios Públicos de Empleo
Foto: Blog Pepe Álvarez

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sugerido que aquellas personas que cobren alguna prestación por desempleo o el ingreso mínimo vital -IMV- y que rechacen propuestas de trabajo deberían dejar de percibir estas ayudas. “Una persona que rechaza una oferta de trabajo, ofreciéndole formación y teniendo cualidades y cualificaciones para poder hacerlo, desde luego es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo o IMV, el país debe replantearse si debe seguir cobrándolo o no”, ha declarado en un acto del diario El Mundo.

Cuando leí estas palabras me vino a la mente la película de Ken Loach “Yo, Daniel Blake”, una película que debería ser de visionado obligatorio para cualquier persona con conciencia social y más para un sindicalista. Para quien todavía no la haya visto hago sinopsis, que no espóiler: Daniel Blake es un carpintero de 60 años en lucha contra la administración que le obliga a trabajar a pesar de no poder hacerlo por prescripción médica. Debe de enfrentarse a la burocracia y la brecha digital y a un sistema que culpabiliza, estigmatiza, criminaliza y humilla a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

El sistema británico, que cuenta Ken Loach, no es tan distinto de lo que dice la legislación española sobre empleo y que Pepe Álvarez parece desconocer. Si bien un control exhaustivo del desempleado es imposible de llevar a cabo por unas plantillas infradotadas, que bastante tienen con que no se dilaten los tiempos de espera. Pero las sanciones existen y muchos desempleados pierden meses de prestación o ésta se les retira.

Como debería de saber Pepe Álvarez y los medios que difunden su fatwa, para cobrar cualquier prestación o subsidio de desempleo es necesario suscribir el llamado compromiso de actividad, que implica la búsqueda activa de empleo, atender ofertas y comunicaciones de Oficina de Empleo, acudir a citaciones, ofertas de formación, renovar la demanda, etc.

Para figurar en las estadísticas del paro registrado, tanto la de los Servicios Públicos de Empleo como la de la EPA (Encuesta Población activa), no basta con no trabajar, alguien que no trabaja es población inactiva. La persona desempleada forma parte de la población activa y se entiende como aquella que busca trabajo. “Sujeto que se encuentra en edad de trabajar y que busca empleo sin conseguirlo” sería la definición académica.

La nueva ley de empleo (3/2023 28 de febrero) entiende como colocación adecuada la “colocación en la profesión demandada por la persona trabajadora, de acuerdo con su formación, características profesionales, experiencia previa o con su profesión habitual o cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas”.“La colocación que se ofrezca deberá ser indefinida y con un salario, en ningún caso, inferior al salario mínimo interprofesional”.

La nueva regulación establece avances respecto a la regulación legal anterior al establecer que debe ser indefinida y con un salario no inferior al SMI, pero deja manga ancha a futuros desarrollos reglamentarios.

No presentarse a una oferta de empleo adecuada ya conlleva una sanción: desde pérdida de un mes de prestación hasta la pérdida total de la misma, por lo que Pepe Álvarez no ha descubierto el fuego.

El modelo social que parece perseguir Pepe Álvarez, quien lleva liberado desde 1978, no deja de ser la actualización neoliberal de los confinamientos y hospicios para pobres del siglo XVIII donde se confinaba a aquellas personas que no trabajaban. Los británicos fueron los más refinados y desde la Edad Media establecieron las “Poor laws” y posteriormente las workhouses. La pobreza era considerada necesaria para infundir temor para las personas que trabajaban y la ociosidad era vista como la "madre y raíz de todos los vicios".

Para percibir algunos subsidios se usan figuras como la BAE, donde los desempleados, deben acreditar fehacientemente que buscan empleo. Aquí entran los Daniel Blakes españoles, personas que deben peregrinar de empresa en empresa buscando empleo a pesar de que es imposible su inserción laboral en el mercado ordinario de trabajo por motivos de edad, enfermedad física o mental.

La industria del desempleo

En torno al desempleo se ha creado una gran “industria” que maneja millones de euros de presupuesto. Y bajo el epígrafe de políticas activas de empleo se ha creado un conglomerado de entidades, fundaciones, centros de formación, patronal y sindicatos como CCOO y UGT que parasitan en torno a millones de fondos públicos para autofinanciarse en torno al parado.

Con la ley de empleo de 2003 el antiguo INEM (todavía llamado así erróneamente por mucha gente, incluso Pedro Sánchez ha tenido algún lapsus) desaparece y las Oficinas de Empleo se escindieron en dos mitades: el Servicio Público de Empleo Estatal -SEPE- dependiente del Ministerio de Trabajo y que es quien gestiona las prestaciones y subsidios, y los servicios autonómicos de empleo, en Aragón el INAEM -Instituto Aragonés de Empleo-, que son los encargados de la intermediación laboral, inscripción de desempleados, ofertas de empleo, formación etc. Con la nueva ley el SEPE pasa a llamarse Agencia Española de Empleo. Cambian las denominaciones pero en esencia sigue siendo lo mismo.

Los servicios públicos de empleo están infradotados, con una plantilla envejecida. Durante la pandemia del covid se pudo ver el colapso. Faltan miles de trabajadores públicos en las oficinas. Deberíamos destacar que la contratación de trabajadores públicos para los ministerios no depende del propio ministerio, en este caso del de Trabajo, sino de Hacienda y Función Pública.

Desde hace años en torno a la intermediación laboral surgieron Empresas de Trabajo Temporal y Agencias de Colocación, con y sin ánimo de lucro, así como un sinfín de fundaciones, centros de formación y entidades colaboradoras que lo único que hacen es externalizar y privatizar y gestionar programas y servicios que deberían ser públicos.

La formación ha sido en el gran pozo negro del fraude bajo el que se financiaban de manera un tanto dudosa las patronales (CEOE y CEPIME) y los sindicatos (CCOO y UGT). De una formación monopolizada por los llamados agentes sociales hemos pasado a un mercado de libre competencia lo que todavía lo ha empeorado más las cosas.

Bajo la formación, competencias y cualificaciones se siguen ofertando cursos que nada tienen que ver con las necesidades de las empresas, con todo ello a la vez faltan plazas en los centros de formación profesional reglada. Se suceden planes “experimentales” e “innovadores” de formación, talleres, lanzaderas de empleo,… donde muchas veces se vende humo en plan coach, por no hablar de la ideología del “emprendimiento”. Se prodiga la captación de desempleados por empresas privadas y agentes sociales como meros clientes con los que justificar la recepción de fondos.

Podemos hablar también de cómo grandes empresas y multinacionales, con grandes beneficios, se aprovechan de los fondos de formación mediante acuerdos con los servicios públicos de empleo a través de programas de formación con compromiso de contratación. En estos acuerdos las personas desempleadas realizan 2 meses de formación bajo la promesa de que un mínimo del 60% de ellas serán posteriormente contratadas. Al ser trabajos no muy cualificados, en la práctica la formación es un mes y el otro mes trabajan gratis. Los que tienen la suerte de ser contratados son despedidos en cuanto finalizan las bonificaciones o el plazo mínimo legal, (entre 6 meses y un año), y comienza de nuevo la rueda.

A nivel laboral miles de funcionarios interinos temen perder su puesto de trabajo. Se habla mucho de “gestión del talento” pero gente con años de experiencia laboral se puede ir a la calle en cualquier momento. Mientras los empleados de las “entidades colaboradoras” esperan entrar en los servicios públicos porque mejoran algo sus condiciones laborales.

La nueva ley de empleo si bien mejora algunas cosas ha perdido la oportunidad de potenciar los servicios públicos de empleo, garantizar la presencialidad y el trato personalizado y continúa la peligrosa deriva de la externalizaciones.

Desde CGT seguimos apostando por lo público, que tanto el empleo y la formación sean un servicio y no un negocio y por el respeto de las condiciones laborales. Y por eso hemos lanzado la campaña ¡Vamos a recuperar lo público! #Recuperalopúblico.

CGT Aragón defensa sector público cartel

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