La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel ha presentado una petición al Parlamento Europeo, según relatan, "usando una herramienta que la Unión Europea pone a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas de la unión para poder solicitar una intervención y el amparo de la misma, cuando se trata de infracciones o supuestas malas prácticas que afectan a las normas y directivas aprobadas por todos los estados miembros".
Ante la falta de respuesta del Ministerio para la Transición ecológica y Reto demográfico en las alegaciones presentadas a varios proyectos tramitados por el mismo y en concreto al Clúster del Maestrazgo y ante la aprobación de las autorizaciones de construcción, que se consideran contrarias al derecho de la unión, la Plataforma se ha visto "en la obligación y el deber de recurrir a las instituciones europeas", según relatan en la nota de prensa remitida a AraInfo.
El primer aspecto que se somete a la consideración del Parlamento Europeo es la práctica habitual del Ministerio de acumular los proyectos de cara a la declaración de impacto ambiental y realizarlo sin una ‘evaluación ambiental estratégica’ que sería imprescindible según la Directiva 2011/92 de la UE. Esta mala práctica ha sido la forma de proceder con el Clúster del Maestrazgo, Matarranya, Begües y otros proyectos.
Para la plataforma, también es contrario a esta misma directiva "postergar las evaluaciones de los efectos significativos de un proyecto fuera del procedimiento de evaluación e incluso después de su aprobación". Según relatan, es el caso de un buen número de estudios de aves, de los estudios arqueológicos, de las afecciones a la salud, del ruido y molestias de los aerogeneradores para las poblaciones cercanas, de los estudios geotécnicos o de las compensaciones por las afecciones al paisaje. En estos y otros casos "se propone que se deberían presentar o hacer a posteriori, cuando el cumplimiento de la Directiva es que el proyecto sea completo y tenga en cuenta todos los aspectos fundamentales, como son los que se han citado", explican.
La segunda directiva que se incumple es la de Habitats, Directiva 92/43/CEE, ya que al no existir una zonificación vinculante de implantación de las renovables y una ordenación del territorio, ha facilitado que se ocupen espacios de la Red Natura 2000 y limítrofes, zonas de especial conservación y espacios singulares. Esto supone, según denuncia la entidad ciudadana, "una degradación de la red que se creó en la Unión Europea para conservar la biodiversidad y preservar los valores naturales, siendo dañada en sus objetivos fundamentales y por lo que el Parlamento Europeo debería actuar en su defensa".
La tercera directiva, que el proceder administrativo del Estado español incumpliría según la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, es la que afecta a la conservación de las aves, la Directiva2009/147/CEE. La entidad ciudadana explica que "el propio proyecto del Cluster Maestrazgo reconoce el impacto sobre las mismas, sobre todo a especies protegidas como el alimoche, el quebrantahuesos, el águila perdicera y real, la alondra ricotí y un largo listado de hasta 12 especies diferentes". Al respecto señalan también, que pese a reconocer el impacto, "la empresa minimiza la afección calificándola de moderada, mientras una organización poco sospechosa de poner trabas a las renovables, como SEO Bird Life, la califica de severa y debería ser considerada crítica para estas aves".
Todas estas razones, expuestas de forma "muy resumida y abreviada", han llevado a la plataforma a plantear al Parlamento Europeo que aclaren las dudas y resuelvan sobre el proceder del Estado Español en materia de aprobación de proyectos de renovables en cuanto la aplicación de las directivas de protección ambiental. En la petición se solicita al Parlamento Europeo "la toma de posición en este asunto" y haga cumplir a las autoridades estatales las obligaciones asumidas al formar parte de la Unión, y también que inste a la Comisión Europea "a llevar a cabo una investigación sobre los hechos denunciados, procediendo a una paralización de los proyectos, si lo consideran conveniente, antes que se produzcan daños mayores y aplicando el principio de precaución", precisan.
Además de la vía judicial abierta en la justicia del Estado español, con la presentación de un contencioso administrativo, se recurre al Parlamento Europeo para que "haga cumplir sus propias directivas, con la única intención de preservar el Maestrazgo y otras zonas de la provincia de Teruel, de Aragón y del Estado Español".
