La Plataforma de personas afectadas por la Hipoteca (PAH) de Teruel se felicita por el archivo de la causa por coacciones y calumnias tras el escrache a Santiago Lanzuela en Cella. En una nota de prensa, la PAH Teruel recuerda que la sentencia "ampara el derecho a la libertad de expresión y manifestación, a la vez que puntualiza que las críticas a la actividad, la inactividad o las percepciones salariales de los políticos son legales, aunque a Santiago Lanzuela no le guste". En la misma línea, la sentencia recuerda que "los límites permisibles de la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que si se trata de simples ciudadanos particulares sin proyección pública alguna".
"Santiago Lanzuela, al igual que Cospedal y Cifuentes, se atrevió a compararnos con los nazis cuando se ha demostrado que los escraches de la PAH han sido una forma de ejercer la libertad de expresión, un derecho fundamental. En lugar de respetar el ejercicio de este derecho, el diputado Lanzuela nos ha comparado con los nazis, ha usado a la Guardia Civil y a la fiscalía como si fuese el servicio de seguridad privado del Partido Popular y carga en la prensa contra el juez que no le ha dado la razón", asevera la nota.
Para la PAH Teruel, "en una democracia real, el señor Lanzuela tendría que haber presentado su dimisión en cuanto se ha dado a conocer la sentencia. Lamentablemente pensamos que no va a dimitir, que cuando le apetezca se jubilará con la pensión máxima y si quiere mantener algo de actividad podrá acabar en el consejo de administración de alguna gran empresa. Por nuestra parte, vamos a valorar en las próximas semanas la presentación de una demanda por calumnias en las declaraciones del diputado popular contra las personas que llevamos a cabo el escrache".
El alcalde de Zaragoza opina que los escraches deben tener consecuencias penales
Por su parte, Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, ha manifestado en un programa de radio local que los escraches ante el domicilio de los políticos deberían tener una "consecuencia penal", porque "no se puede molestar a las familias por lo que hace uno de sus miembros", una opinión contraria a la sentencia de la Audiencia de Madrid en la que consideraba los escraches como un ejercicio de la libertad de expresión.
Belloch, que tiene la carrera de juez, ha afirmado que estos actos se pueden hacer ante las puertas de una institución pública o ante las sedes de los partidos, pero no ante el domicilio particular de los políticos. "Creo que no es sensato que la familia sufra las consecuencias de la acción política de una persona", ha dicho.
El alcalde ha señalado que esa actividad "supone una coacción a la familia" y "eso me parece que no es aceptable". Belloch ha terminado diciendo que "la única discusión para mí es si sería una falta o un delito, pero en todo caso deberían tener relevancia penal".
