El consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, ha declarado este viernes en rueda de prensa respecto a la tramitación del Plan Especial de los terrenos de la antigua factoría de Pikolín. Muñoz ha dejado claro que el proyecto es poco probable que salga adelante porque tiene “una base jurídica muy débil”. Para que la construcción del Outlet se lleve a cabo, sería necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana, ya que en estos momentos las zonas H del Plan –lugar donde se quiere construir- no contempla su uso para comercios minoristas. Esto conllevaría una “modificación encubierta” del Plan a la carta o “recalificación”, tal y como lo ha calificado el consejero de Urbanismo.
“Lo que quieren hacer es que aumenten los usos de una zona H, pero todo el mundo sabe que las modificaciones a la carta están completamente prohibidas por la jurisprudencia, porque no se puede modificar el Plan para apoyar o para aprobar a una empresa concreta”, ha advertido Muñoz. “Es curioso, que esta recalificación a la carta está apoyada por determinados sectores y grupos políticos que abogan siempre por la estabilidad y el cumplimiento del Plan General”, ha señalado el consejero, “es curioso como últimamente, sobre todo el PP y el PSOE, están aprobando modificaciones a la carta de determinadas cuestiones del Plan General, por ejemplo de Lestonnac”, ha asegurado Muñoz.
Para el consejero, el proyecto “supone una quiebra del modelo de ciudad”, que además afectaría “a los pequeños comercios”, y ha recordado que este tipo de proyectos pertenecen a un “modelo fracasado”. “Zaragoza se encuentra un 70 % por encima de la media en cuanto a superficie para grandes centros comerciales”. De hecho, la actividad económica que genera este modelo, en lugar de crear empleo lo “destruye”.
Será el próximo miércoles cuando el proyecto Outlet de Pikolín se llevará a Comisión de Pleno de Urbanismo para su votación. Por ello, Muñoz ha señalado que los concejales que estén por aprobar dicho proyecto lo tendrán que hacer desde “la responsabilidad política y jurídica”, ya que a su juicio, se encuentra rodeado de una “dudosa legalidad”. Además, existe una corriente generalizada dentro de los movimientos sociales, sindicatos, asociaciones vecinales y comerciantes, que cuentan con un respaldo jurídico. “Lo dice el Gobierno de Aragón y los informes de los técnicos municipales” que desaconsejan el proyecto por desfavorable y perjudicial para la ciudad.
Para finalizar, el consejero se ha dirigido al PSOE para que se posicione, mediante la votación del miércoles, al lado de los grandes empresarios y constructores o al lado de la ciudadanía. Y les ha recordado casos como el de la antigua fundición Averly o la reciente recalificación de los terrenos del antiguo colegio Lestonnac, en el barrio de Torrero, donde los socialistas mostraron su verdadera cara, retratándose ante la ciudadanía y evidenciando su falta de compromiso con los vecinos y vecinas de Zaragoza.
