Después de poner en alerta durante todo el fin de semana a la comunidad de Telegram, que en el Estado español representa a 8,5 millones de personas, un 18% de la población, este lunes por la mañana el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordaba, en una providencia, suspender la ejecución del bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram a la espera de un informe que ha solicitado a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía sobre "la incidencia que pueda tener esa medida".
Unas horas después, tras recibir el informe, Pedraz rectificaba y dejaba sin efecto definitivamente, en un nuevo auto, la orden de bloqueo cautelar de Telegram al reconsiderar su postura y constatar que se trata de una medida "excesiva y no proporcional" por la posible afectación de múltiples personas.
Pedraz, titular de Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, había ordenado este viernes bloquear Telegram de forma temporal a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Un día después, el sábado, el magistrado de la AN dio tres horas a las operadoras en el Estado español para que, desde la recepción de su comunicación, procediesen a la suspensión de los recursos asociados a la aplicación. Sin embargo, fuente jurídicas informan que Pedraz no llegó a ejecutar ese requerimiento, a la espera del citado informe.
En el auto de este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 incide en que el bloqueo "tendría un cierto impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma de comunicación puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas".
"Lo mismo podría decirse de algunos grupos, organizaciones o entidades de distinto tipo, que podrían estimar que ello afectará a sus mecanismos y procesos organizativos al privarles de una vía o canal de comunicación rápido y de gran alcance a su mercado diana. No se trata de libertad de expresión o información, sino si la medida es o no proporcional. Y lo que se constata, por lo dicho y después de dictar el auto, es que la medida sería excesiva y no proporcional", añade ahora Pedraz.
Duras críticas a Pedraz
En su auto del viernes, Pedraz argumentaba que el cierre temporal de Telegram era una medida "necesaria, idónea y proporcional" y "para la que no existe alternativa", y que estaría amparada por el artículo 13.2 de la ley de enjuiciamiento criminal. Desde que se conoció la noticia las críticas por la decisión del juez de la Audiencia Nacional han sido numerosas y han llegado desde diversos ámbitos. La orden de Pedraz ha reabierto el debate sobre los límites y la protección de la propiedad intelectual, el derecho a la información y la libertad de expresión.
Así, desde FACUA calificaban de "absolutamente desproporcionada" la orden del bloqueo cautelar de Telegram y advertían de los "enormes perjuicios" que causará la decisión judicial para las millones de personas usuarias de esta aplicación de mensajería y para "las empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas que difunden contenidos de forma lícita a través de sus canales en esta plataforma".
Por su parte, el sindicato FETAP-CGT se sumaba a las críticas este domingo, y denunciaba que la judicatura española "activa la censura digital al servicio de grupos mediáticos privados". Para el sindicato, el auto del juez Pedraz, exigiendo el cierre cautelar de la popular aplicación de mensajería, "constituye a todos los efectos uno de los mayores esperpentos recientes de la mal llamada ‘justicia’ española".
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