Comunicado del Comité Nacional de OSTA | El Consejo de Ministros del pasado viernes 21 de junio -otro viernes de "dolores"-, ha aprobado el documento para la Reforma de las Administraciones Públicas. De hecho, en el BOE del sábado 22 se publica la creación de la denominada “Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración”.
El Informe presentado por la Comisión para la reforma de las administraciones públicas es contundente: Plantea una nueva configuración del Estado de las Autonomías, al que podríamos calificar de una verdadera involución autonómica, reinterpretando el Título VIII de la Constitución. Detrás del objeto de analizar las “duplicidades entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas”, realmente pretende una centralización encubierta del Estado. Hasta tal punto llega el atrevimiento del Gobierno de España, que incluso se permite realizar una propuesta de asunción plena de las competencias de los “Defensores del Pueblo autonómicos” por el Defensor del Pueblo del Estado, bajo la falacia de que esta medida permitiría a las CC.AA. el ahorro del presupuesto anual dedicado al sostenimiento de sus respectivos órganos. De la misma manera, el informe propone asumir por el Consejo de Estado las funciones que desarrollan los órganos consultivos de las CC.AA. Y eliminar otras “duplicidades”, recortando competencias a los gobiernos autonómicos.
Asimismo, el Proyecto de Reforma de las Administraciones Públicas, junto al de la reforma de la Administración Local, de un carácter claramente diputacionista, va a suponer si nadie lo remedia el golpe definitivo a los empleados públicos. Ya Zapatero abrió el camino al despido libre de los funcionarios, un camino que ha seguido disciplinadamente el Partido Popular, siguiendo las órdenes de Bruselas y la CEOE.
OSTA considera que la defensa del empleo público es cosa de todos y que hay que defenderlo en su conjunto. Las previsiones contenidas en estos anteproyectos, a pesar de reconocer que ya se han destruido 375.000 empleos, son desoladoras.
Desde el Sindicato OSTA entendemos que no podemos permitir semejante tropelía.
La sociedad aragonesa no puede permitir, ni nuestras Instituciones aragonesas, empezando por el propio Justicia de Aragón, y continuando por la Diputación General de Aragón, ni los partidos políticos, incluso los que gobiernan Aragón, que una vez más, nuestros derechos, conseguidos, como es el caso, tras siglos de luchas y represalias, se vuelvan a ver cercenados.
No podemos permitir que una de nuestras Instituciones aragonesas se vea suplantada por el ahorro presupuestario por un defensor del pueblo, lejano a la realidad de los ciudadanos de Aragón. No podemos permitir que toquen nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, nuestras propias competencias, amparadas por la Constitución Española.
Si lo permitimos, algún día, los libros de historia dirán:
- 1591 – Decapitación de Don Juan de Lanuza V, el Mozo, por enfrentarse al Rey Felipe II.
- 1711 – Blas de Canellas, último Justicia de Aragón, por decisión de Felipe V de Borbón, al aplicar los Decretos de Nueva Planta.
- 2013 – Fernando García Vicente, último Justicia de Aragón, de la época democrática, por decisión de Mariano Rajoy, al aplicar la Reforma de las Administraciones Públicas, reinando Juan Carlos I de Borbón.
El Justicia es una de las principales señas de identidad de Aragón.
La figura del Justicia de Aragón nació a finales del siglo XII e inicios del XIII como mediador y moderador en las pugnas y diferencias entre el Rey y la Nobleza de la época. Después del Rey, era el Justiciazgo la institución más importante y prestigiosa de la organización política del Reino de Aragón. Con el paso del tiempo, el Justicia se convertiría en juez encargado de dirimir los conflictos entre la monarquía y los ciudadanos.
Durante siglos presidió las Cortes de Aragón en ausencia del Rey, tomó juramento a todos los Reyes de Aragón en la Catedral de La Seo de Zaragoza, desempeñó las funciones de un Magistrado y asumió la interpretación del Derecho Aragonés.
Pero su función más importante y prestigiosa era recordar a quien gobernaba que las leyes las debían de cumplir todos, empezando por el que las promulgaba. Y así, ya en el juramento de los Reyes de Aragón decía: 'Te hacemos Rey si cumples nuestros Fueros y los haces cumplir, si no, no”.
Esta Institución sufrió diversos avatares por defender las leyes y soportó represalias transcendentales en diversos momentos de la Historia. Los más tristes fueron los hechos conocidos como las Alteraciones de 1591. Estas revueltas ciudadanas acabaron con la decapitación de Don Juan de Lanuza, el Mozo, por enfrentarse a la voluntad del rey de España, Felipe II, que había penetrado en Aragón con sus ejércitos, contrariando fueros que el mismo rey había firmado y se había obligado a respetar. Otro rey de España, Felipe V de Borbón, suprimió la figura del Justicia en el año 1711.
La figura del Justicia de Aragón reapareció en 1982 recogida en el Estatuto de Autonomía de Aragón y amparada por la Constitución de 1978. El Justicia es la tercera autoridad de la Comunidad Autónoma, junto al Presidente de la Diputación General de Aragón y al Presidente de las Cortes.
Por todo ello, el Comité Nacional de OSTA, adopta la siguiente resolución:
- Manifestar nuestra oposición a las propuestas de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas, que suponen una involución autonómica y el desmantelamiento de la administración local.
- Instar al Gobierno de Aragón, a que se oponga con todos los medios políticos y jurídicos, a los recortes de las competencias de nuestra Comunidad Autónoma y a la eliminación de la Institución del Justicia de Aragón.
