El pasado día 8 de septiembre, el Ejecutivo aragonés presidido por Javier Lambán anunció “a bombo y platillo” la Ley de Diálogo Social y Participación Institucional, que a juicio de OSTA, “como viene siendo habitual, solamente han participado: Gobierno de Aragón, asociaciones empresariales y sindicatos institucionalizados”.
Por ello, desde OSTA critican “una vez más este tipo de acuerdos, ya que los participantes vuelven a ser los mismos que han impulsado otros acuerdos que han sido ineficaces y no han supuesto ningún beneficio para la clase trabajadora aragonesa”.
El sindicato aragonesista señala que, “es curioso que el Presidente del Gobierno de Aragón en su discurso de investidura, esgrimiera la importancia y necesidad de un gran pacto social y político para reorientar la economía aragonesa hacia un modelo productivo que genere calidad a través de la innovación”, y que al mismo tiempo resultaba preciso “actualizar esta democracia con fórmulas de participación en la elaboración de las leyes y en la toma de decisiones, palabras en las que mostraba su firme voluntad por impulsar la participación”.
“Ante estas buenas intenciones, OSTA presagiaba un cambio de rumbo de su Gobierno en cuanto a la participación, pero los hechos demuestran todo lo contario, al excluir al 20% de la representación sindical en Aragón, que es la suma de los sindicatos que no están presentes en ninguno de los acuerdos impulsados por el Gobierno de Aragón en esta legislatura”, subrayan.
“Reclamamos una negociación real, sin exclusiones y donde todas las organizaciones, sindicatos y entidades, puedan participar y aportar, y en las que se llegue a un acuerdo, que sirva para resolver los problemas de los y las aragonesas”, recalcan.
Por estos motivos, desde el sindicato exigen “la finalización de este tipo de diálogo social, vacío de contenido y continente, con un alta cifra de dotación presupuestaria, que en vez de asignarse a este tipo de acuerdos, debería revertir en políticas sociales y en la ciudadanía más castigada por la crisis; dotándonos de una renta social básica, creando una red de solidaridad y apostando decididamente por la defensa de los Servicios Públicos como garantía del Estado de Bienestar”.
