El Gobierno municipal del PP zaragozano, encabezado por Natalia Chueca, ha presentado las Ordenanzas Fiscales para 2026. El ejecutivo presume de “contención” y “moderación”, pero la realidad es otra: los recibos de agua y basuras volverán a subir, esta vez un 2,8%, lo que supondrá un nuevo golpe al bolsillo de las familias zaragozanas.
Mientras la propaganda municipal insiste en la “estabilidad”, los hechos son claros. Servicios básicos como agua y basuras se encarecen, mientras que las bonificaciones anunciadas apenas afectan a sectores muy concretos: rebajas en el IBI para la hostelería afectada por obras o descuentos en el ICIO para comunidades que hagan reformas.
La operación política es evidente: vender como “ajuste al IPC” lo que no deja de ser una subida de impuestos encubierta. En un contexto de pérdida de poder adquisitivo, el Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a trasladar la carga fiscal sobre la ciudadanía, en lugar de explorar alternativas que garanticen ingresos sin castigar a los hogares.
Lejos de la moderación de la que presume Chueca, las nuevas ordenanzas consolidan una tendencia: servicios más caros para la mayoría y beneficios fiscales selectivos para unos pocos.
