Orden de alejamiento para Antonio Aramayona del delegado de gobierno

Tras tomar declaración a Antonio Aramayona, la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza ha aceptado la petición de la fiscal y dicta orden de alejamiento de 200 metros del delegado de gobierno, de su domicilio y lugar de trabajo, hasta que se resuelva el juicio.

Aramayona ha estado arropado por su abogada y varias personas más en el juzgado. Foto: Pablo Ibañez (AraInfo)

El Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, en funciones de guardia, ha tomado declaración este viernes al profesor Antonio Aramayona por la querella presentada por el delegado del gobierno en Aragón por un presunto delito de coacciones y un presunto delito de calumnias. Aramayona mantenía esta semana una protesta frente al portal del delegado, Gustavo Alcalde.

Según ha explicado a AraInfo su abogada, Aramayona ha ratificado lo que ya había dicho en comisaría "en el sentido de que su intención no es coaccionar a nadie ni calumniar a nadie" y que su intención permaneciendo en el portal del delegado de gobierno "no es otra que hacer crítica social y política" y "hacer una reivindicación frente a los recortes de derechos sociales, derechos fundamentales y libertades públicas" y que "por lo tanto entiende que no comete ningún delito con ello".

Tras su declaración la fiscal ha solicitado una orden de alejamiento de 200 metros de su persona, domicilio y lugar de trabajo del delegado de gobierno. La defensa de Aramayona ha contestado oponiéndose por entender que "su objetivo nunca ha sido violentar a nadie, de hecho Antonio Aramayona no ejerce violencia sobre ninguna persona y las coacciones requieren violencia y en cuanto al posible delito de calumnias tampoco existe puesto que solamente realiza una reivindicación y un ejercicio de su libertad de expresión", ha precisado su abogada.

A pesar de la oposición de la defensa de Aramayona, finalmente la jueza ha dictado la orden de alejamiento solicitada por la fiscal.

Cabe recordar que Aramayona, Marga Ribas y Marisol Ibáñez fueron absueltas el pasado verano de los cargos de desobediencia que se les imputaban por la protesta frente al portal de la consejera de Educación, Dolores Serrat. En esa ocasión la sentencia respetó el derecho a la libertad de expresión y cuestionó a la autoridad sancionadora, de la que dijo que “no puede limitar la libertad de expresión”.

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